La propuesta de Vox para castigar con penas de prisión la multirreincidencia en los delitos leves de hurto ha decaído este martes en el Congreso después de que el PSOE y el PDeCAT hayan llegado horas antes a un acuerdo para sacar adelante una propuesta similar. Solo el PP, Ciudadanos y Foro Asturias han respaldado en el Congreso la proposición de ley del partido de Santiago Abascal.
Vox ha planteado incluir en el Código Penal la agravante de multirreincidencia en el delito leve de hurto, en un debate parlamentario que ha estado marcado por la llamada de atención de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, al diputado de ERC Gabriel Rufián, que ha ironizado durante su intervención con posicionarse a favor si la medida se aplicaba a Juan Carlos I.
Ante el Pleno del Congreso, Batet ha regañado a Rufián por llamar al Rey emérito «delincuente reincidente» al criticar el reciente viaje de Juan Carlos I a Galicia y Madrid. La presidenta de la Cámara Baja ha reaccionado y le ha pedido, «por favor», que guarde «respeto» y no insulte «a nadie, y mucho menos si no está presente».
Vox ha justificado su proposición de ley con los datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior del año 2019, que coloca a los hurtos, los robos con fuerza y los daños en lo alto de la criminalidad y de las infracciones penales contabilizadas por las fuerzas de seguridad. Ese año, como «caso destacable», la formación señala a Cataluña, con 192.052 hurtos perpetrados, «muy por encima» de Madrid (154.217), Andalucía (91.398) o Valencia (68.038).
Precisamente, en cuanto a los hurtos, el partido que lidera Abascal señala que en España se denuncian cada año más de 700.000 de estos delitos, un dato que sitúa al país en la tercera posición a nivel de la Unión Europea respecto a hurtos en centros comerciales.
Y pese al descenso de los delitos como consecuencia de los estados de alarma por la pandemia, «los números siguen siendo destacables y desde finales del año pasado, con la vuelta paulatina de la actividad económica, la comisión de este delito contra el patrimonio ha ido en aumento», según la proposición de Vox, que apunta que hasta marzo de 2022 se han registrado 96.112 hurtos.
Para Vox, «estos datos ponen en evidencia la importancia y la obligación de adoptar medidas que permitan combatir con mayor eficacia esta actividad delictiva, que tanto daño hace a la imagen de España y a su actividad comercial y económica».
«En definitiva, es necesario una mayor actuación del derecho penal frente a quienes, desde el más absoluto desprecio a los bienes ajenos, hacen del hurto un medio de vida, desplegando su actividad delictiva de forma constante», a juicio de Vox, que considera ineficaz el castigo a multa para prevenir la reincidencia.
Su diputado Eduardo Ruiz ha defendido desde la tribuna que esta propuesta arreglaría el «problema real» de la multirreincidencia, porque la pena aplicable pasaría ya no a ser una simple multa, «sino la prisión», pues «cabe poner fuera de la circulación» a los autores de hurtos. «El actual ‘statu quo’ perjudica a todos», ha afirmado, antes de pedir al resto de partidos que consideren si con sus posiciones «están del lado de los honrados o de los delincuentes».
CÓDIGO PENAL «BENEVOLENTE»
Ruiz ha reclamado a los partidos que no miren para otro lado ante un problema surgido por la «benevolencia» del Código Penal y que aprovechan en «muchos casos extranjeros sin permiso de residencia». Ha expresado que esto se traduce en pérdidas millonarias para los comercios, en inseguridad en las calles y en una mala imagen exterior de España para los turistas: «Nos sale caro, y mucho».
Por parte del PP, el diputado Luis Santamaría se ha mostrado favorable a la proposición, a la que ha definido como «buenas ideas» para asegurar castigos, si bien ha señalado que ni es una idea original de Vox ni es eficaz para resolver el problema, puesto que los ‘populares’ piensan que ha escaseado el «debate jurídico».
«Su propuesta no respeta el principio de proporcionalidad», ha indicado Santamaría, que ha dicho que con planteamientos como el de hoy, Vox es un partido «importante» en la oposición, pero no es, como el PP, la «alternativa» al Gobierno de Pedro Sánchez.
Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha tildado de «interesante» la proposición de Vox para acabar con la «ley de la selva» en una cuestión en la que, a su juicio, deberían quedar al margen las luchas partidistas, pues lo «importante» es la percepción que los demás tienen de la seguridad en las ciudades españolas.
Aun así, el portavoz de Ciudadanos ha cuestionado que Vox use esta propuesta como baza «electoral» ante el inminente inicio de la campaña para las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio, al tiempo que ha recomendado que, para que esta proposición sea efectiva, es necesario que haya un mayor número de policías.
Por su parte, Isidro Martínez, de Foro Asturias, ha considerado que esta modificación avanza en una «línea muy acertada» en la defensa de la propiedad privada y la convivencia ciudadana. «La situación actual refleja una falta de contundencia en el Código Penal que ocasiona alarma social, perjuicios a particulares, así como atascos en los ya de por sí sobrecargados juzgados», ha dicho.
En contra de Vox se han posicionado, además de ERC, tanto el PSOE, que ha defendido una propuesta alternativa con la que ha llegado a un acuerdo con el PDeCAT, como Unidas Podemos. Los socios de Gobierno, por medio de Francisco Aranda y Juan Antonio Delgado, respectivamente, han tachado de «populismo judicial» la propuesta de ley y han incidido, al igual que Ciudadanos, en el hecho de que se haya debatido a pocos días de la campaña electoral andaluza.
Mikel Legarda, diputado del PNV, también se ha opuesto y ha esgrimido dos motivos: porque, en «buena medida», la propuesta de Vox ha perdido su objetivo con el pacto entre PSOE y PDeCAT, y porque da un «gran salto punitivo desde la multa a la prisión».
PROPUESTA DEL PDECAT
Esta mañana, el PDeCAT ha anunciado un acuerdo con el PSOE para introducir una disposición final en el proyecto de ley orgánica para facilitar el acceso a la información financiera, lo que tendrá como resultado una nueva redacción del artículo 234 del Código Penal para endurecer y castigar con prisión a reincidentes por pequeños hurtos.
La modificación conllevaría que para los hurtos leves, cuando el valor de los sustraído es inferior a 400 euros, los responsables puedan ser castigados con penas de prisión de 6 a 18 meses, siempre que el culpable ya hubiera sido condenado antes al menos por tres delitos de la misma naturaleza, aunque sean de carácter leve.
El proyecto de ley orgánica se ha estudiado este martes en la Cámara Baja en fase de ponencia y la idea es que la norma se apruebe por amplia mayoría el próximo 8 de junio en la Comisión de Interior y después en el Pleno el Congreso, antes de su remisión al Senado.
Ferran Bel, portavoz del PDeCAT, ha señalado que cree que, tras esta enmienda, la proposición de ley de los de Abascal ya quedará desfasada y «fuera de lugar». «Unos hacen el trabajo real y otros gesticulan mucho y hacen muchas ruedas de prensa», ha comentado.
Desde el PDeCAT han recordado que esta modificación «ha sido prometida por varios ministros de Justicia y del Interior desde hace años», ya que «tiene un alto impacto en el sector del comercio, la restauración, el turismo y en la seguridad de todos los ciudadanos».
El diputado del PDeCAT Genís Boadella, en su intervención en esta sesión plenaria, ha sostenido que la proposición de ley de Vox ha caído en «saco roto» después del acuerdo de su partido con el PSOE.
