Marimar Blanco, la hermana del concejal del Partido Popular en Ermua Miguel Ángel Blanco, ha pedido a la Audiencia Nacional personarse en la causa en la que el juez trata de esclarecer si la cúpula de la organización terrorista ETA fue responsable de encargar su asesinato.
En su escrito, la diputada de los ‘populares’ en la Asamblea de Madrid ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción Número 6 que se le tenga «personada como acusadora particular en el precitado sumario», así como que se le traslade lo investigado hasta ahora.
Fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias explican que Blanco ha dado este paso a fin de reforzar la acusación contra la antigua cúpula etarra, ya que hasta ahora no había acusación particular –la ejercida por las víctimas– en esta causa, sino solo populares y la Fiscalía.
La propia Marimar Blanco, en declaraciones a esta agencia de noticias, se ha referido precisamente a la posición del Ministerio Público para manifestar que está «indignada» con la actitud que ha tenido la Fiscalía, a la que ha acusado de «abandonar su trabajo en favor de las víctimas del terrorismo».
Las fuentes consultadas explican que el fiscal encargado del caso, Vicente González Mota, no acudió este jueves a las declaraciones ante el juez de los exjefes de la banda Mikel Albisu, alias ‘Mikel Antza’, y Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’.
En concreto, fue Pedro Rubira el fiscal encargado de asitir al interrogatorio, expresando en el mismo su opinión: que los hipotéticos delitos atribuibles a la cúpula de la banda por ordenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco podrían estar prescritos. El representante del Ministerio Público, además, descartó pedir medidas cautelares contra los propios ‘Mikel Antza’ y ‘Anboto’.
«UNA ESTRATEGIA DE BLANQUEAMIENTO»
Por contra, la acusación popular ejercida por la Asociación Dignidad y Justicia, la Asociación Víctimas del Terrorismo y el Partido Popular sí que solicitaron una serie de medidas para ‘Mikel Antza’ a las que el juez accedió este mismo jueves. No se solicitó ninguna petición respecto de ‘Anboto’ en tanto que se encuentra en prisión, desde la que declaró por videoconferencia.
Así las cosas, Marimar Blanco ha lamentado que «decisiones políticas en estos momentos por una estrategia de blanqueamiento a quienes no se han arrepentido ni han pedido perdón hayan tenido más peso que el derecho a la Justicia». Su personación busca, precisamente, «que la Justicia sea un derecho para cada una de las víctimas del terrorismo».
En este contexto, la hermana del edil ha anunciado cuál será su primera petición en cuanto se resuelva los recursos por el archivo para el exdirigente de ETA Miguel Gracia, alias ‘Iñaki de Rentería’, y llegue la prueba que falta. «La que va a pedir prisión provisional contra los jefes (de ETA) soy yo, actúe como actúe la Fiscalía», ha explicado.
DOS EXJEFES DE ETA ANTE EL JUEZ
En lo relativo a esas dos declaraciones, la abogada de los exjefes etarras confirmó este mismo jueves en declaraciones a los medios que ambos se acogieron a su derecho a no declarar.
Por un lado, ‘Mikel Antza’ aludió al hecho de que ya fue condenado por su pertenencia a la banda, cumpliendo la pena de prisión en Francia. En el caso de ‘Anboto’, la exjefa de ETA se refirió al principio de especialidad tras recordar que fue entregada por Francia por otros hechos distintos.
Tan solo unas horas después de su declaración, el instructor acordó retirar el pasaporte a ‘Mikel Antza’, al tiempo que descartó decretar su ingreso en prisión provisional. Además, el juez fijó que el otrora líder de la banda terrorista debe comparecer ante el juzgado más próximo a su domicilio cada quince días.
Por último, el juez instó a ‘Mikel Antza’ a que designase un domicilio y un teléfono en los que pudiera ser notificado o citado, advirtiéndole a su vez de que «el incumplimiento de las obligaciones impuestas llevaría a decretar su inmediato ingreso en prisión».
Cabe recordar que la Audiencia Nacional ya retiró a ‘Mikel Antza’ el pasado mes de diciembre su pasaporte, prohibiéndole asimismo salir de territorio nacional sin autorización judicial. Fue, en concreto, tras su declaración en otra causa, en la que el magistrado Alejandro Abascal indaga en el asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez (PP) el 23 de enero de 1995.
EL ORIGEN DE LA CAUSA
Fue el pasado mes de marzo cuando el juez García Castellón acordó reabrir la investigación sobre el asesinato del concejal del Partido Popular después de admitir a trámite una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ).
En su escrito, la asociación dirigía su acusación contra los nueve jefes de la banda en el momento de los hechos: Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias ‘Iñaki de Rentería’; José Javier Arizcuren, alias ‘Kantauri’; María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’; Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’; Mikel Albisu, alias ‘Mikel Antza’; y Asier Oyarzabal, alias ‘Baltza’.
Cabe recordar que, en el caso del asesinato de Blanco, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ya condenó en 2006 a 50 años de cárcel al exdirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, y a su compañera sentimental y miembro de ETA Irantzu Gallastegui Sodupe, ‘Amaia’, como autores materiales.
En su sentencia, el tribunal aseguraba que ambos «planificaron y ejecutaron el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, siguiendo las directrices de la cúpula de la organización terrorista ETA, que tenía entre sus objetivos más inmediatos el secuestro de un concejal del PP para exigir a cambio de su liberación el acercamiento de los presos de la banda a cárceles del País Vasco».
