La juez Hennit Carolina López Mesa, titular del tribunal Especial 1º de Primera Instancia en funciones de Juicio Nacional, con competencia en casos vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, sentenció a 30 años de prisión a la ciudadana española María Auxiliadora Delgado Tabosky y a su esposo, de nacionalidad italiana, Juan Carlos Marrufo Capozzi, por los delitos los delitos de traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado, en grado de frustración homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración, por su presunta participación en el supuesto atentado contra el dictador venezolano, Nicolás Maduro, ocurrido el pasado 4 de agosto de 2018 en un acto militar en Venezuela.
La condena se conoció el pasado viernes 9 de diciembre, a las 3 de la madrugada, hora venezolana, y tras la lectura de la sentencia, los abogados defensores de la pareja se negaron a firmar las actas de juicio, pues la juez solo se limitó a leer que los condenaba por los delitos que ya les habían sido imputados, sin fundamentar la decisión, ni demostrar que ambas personas tuviesen alguna participación en los hechos que les atribuyen.
Tanto a Delgado Tabosky como a su esposo los vinculan con los hechos ocurridos el 4 de agosto de 2018 solo por ser la hermana y el cuñado de Osman Delgado Tabosky, quien, según las autoridades venezolanas, sería uno de los autores intelectuales del supuesto atentado contra Nicolás Maduro, en el cual fueron detonados dos drones, cargados de explosivos, a muy pocos metros de la tarima donde se encontraba el dictador venezolano y sus funcionarios, en la celebración del 81 aniversario de la creación de la Guardia Nacional venezolana.
Tamara Suju, abogada defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Casla Institute destacó que en el caso de estas dos personas condenadas por la dictadura venezolana, es importante recordar que ambos tienen Medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que además el grupo contra las Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas pidió su libertad y declaró su detención como arbitraria, pero que ambas decisiones han sido completamente desconocidas por el régimen de Nicolás Maduro, pues las dos personas siguen en prisión en Venezuela, y han sido maltratados tanto física como psicológicamente durante los tres años que tienen en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Sujú también recordó que el Instituto Casla presentó la denuncia por el caso de la detención arbitraria de María Auxiliadora Delgado Tabosky ante la Audiencia Nacional de España, el pasado mes de agosto, pero que hasta ahora el expediente se encuentra en la fase de distribución, mientras que en el caso de la Defensoría de España, está realizando acciones de su competencia para conocer qué se está haciendo a nivel de las autoridades por este caso de la detención de una ciudadana española por parte de la dictadura venezolana.
Con la sentencia de María Auxiliadora Delgado Tabosky serían dos las ciudadanas españolas condenada por la dictadura de Nicolás Maduro a prisión, por el mismo hecho. En agosto fue sentenciada a 24 años de prisión la ciudadana española Ángela Expósito, por los delitos de conspiración y asociación para delinquir. En ambos casos, de acuerdo con lo que han denunciado desde la defensa de ambas mujeres, las condenas se hicieron sin que el Ministerio Público de ese país haya logrado demostrar la participación de estas mujeres en los actos que se le atribuyen.
El 6 de mayo de 2019 el Ministerio Publico venezolano solicitó que se les aplicara a Delgado Tabosky y a su esposo una medida cautelar menos gravosa que la privación de libertad, y un tribunal ordenó su liberación, así como la orden de que se presentaran periódicamente ante el juzgado. Sin embargo, en octubre de ese mismo año las autoridades simularon que los iban a dejar en libertad y en medio de un operativo engañoso una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) los detuvo de nuevo para trasladarlos hasta Caracas, donde fueron nuevamente presentados ante un tribunal y los volvieron a imputar los delitos de traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado, en grado de frustración homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración.
La abogada Tamara Suju advirtió además que ambos detenidos fueron sobreseídos del primer juicio que se les realizó, que fue hecho por la misma juez y los mismos fiscales, porque en el proceso no consiguieron cargos por los cuales acusarlos y que en esta oportunidad, habrían sido juzgados por segunda vez, lo que viola un principio básicos del Derecho, que impide que una misma persona sea juzgada dos veces por el mismo delito.
La dictadura venezolana ha sentenciado, en total, a 19 personas, con penas de prisión que van desde los 8 y los 30 años por la explosión de los dos drones cargados con explosivos que fueron detonados a pocos metros de donde se encontraba Nicolás Maduro y su comitiva, en pleno desfile militar donde hubo solo unos funcionarios heridos. Por este caso, la dictadura venezolana intentó tramitar la extradición desde Colombia del político Julio Borges, a quien también señalan como uno de los autores intelectuales del hecho.
Borges decidió huir de Colombia, donde estaba refugiado desde octubre de 2018, y fijar su nueva residencia en la ciudad de Valencia, en España, tras las amenazas del chavismo, que cuando llegó Gustavo Petro al poder, insinuaron que las autoridades colombianas debía proceder con la extradición de los políticos que habían solicitado refugio en ese país, por lo que decidió trasladarse a la península con toda su familia.
