Una asociación animalista denuncia que la reforma del Código Penal despenaliza la explotación sexual de animales

El mundo animal está experimentando en poco tiempo una serie de grandes cambios entorno a la legislación española que está teniendo sus efectos tanto en el maltrato como la explotación sexual de animales. El último episodio se enmarca en la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal. Estos cambios en la normativa afectan a todos los relacionado por la explotación sexual de animales. Entre las modificaciones que han sido aprobadas y que recoge este nuevo texto, destacan que serán sancionados los que causen lesiones a los animales. Una cuestión ya contemplada, el problema es que ahora será necesario que «requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud». Sin este nuevo añadido será imposible penar este tipo de actividades con los animales. De esta forma, con la nueva reforma del Código Penal que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados queda despenalizada la explotación sexual de animales.

La Fundación Franz Weber ha denunciado la nueva medida aprobada por el Congreso de los Diputados. Se trata de una reforma del Código Penal que, según han explicado desde la Fundación tal como está redactada despenaliza «de facto» tanto la explotación sexual de animales como su proxenetismo, así como otras prácticas aberrantes. Y es que, ha desaparecido del documento la situación de maltrato animal como delito independiente desde 2015. En ese año no era necesario acreditar lesiones, ni menoscabo de la salud del animal o su propia muerte para llevar a cabo una sentencia condenatoria contra el autor de dichos actos de maltrato.

solo serán penados los casos en que se requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de la salud del animal

En concreto, el artículo que ha sido modificado es el 340 bis 1, en el cual se ha incluido una especificación. El texto queda redactado:» Será castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a doce meses y con la pena de inhabilitación especial de uno a cinco años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales el que fuera de las actividades legalmente reguladas y por cualquier medio o procedimiento, incluyendo los actos de carácter sexual, cause a un animal vertebrado lesión».

A este texto se ha añadido ahora: «Que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud«. De esta forma, se deberá cumplir con dicho requisito para que «un acusado por bestialismo, proxenetismo o explotación sexual de animales pueda ser condenado», explica la Fundación Franz Weber. Las penas en estos casos irá de tres a dieciocho meses o una multa de seis a doce meses, así como una pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que esté relacionado con animales y para tenencias de estos.

Por este motivo, la Fundación Franz Weber ha advertido que la situación es «especialmente grave», ya que se suprime una herramienta fundamental para poder combatir «prácticas deleznables con animales, como la participación en actos de zoopornografía». La asociación animalista considera esta modificación un paso atrás respecto a todo lo conseguido hasta ahora. Sin embargo, esta no es la única medida que se ha aprobado recientemente respecto al maltrato animal y que ha puesto a todas las asociaciones animalistas en pie de guerra contra el Gobierno y, sobre todo, contra Unidas Podemos y contra el director General de Derechos Animales, Sergio García Torres.

sergio garcia torres 2 Moncloa

La Ley de Bienestar Animal fue aprobada el 9 de febrero en el Congreso de los Diputados, eso sí marcada por la polémica. Lo que parecía todo un avance en materia de derechos animales y medidas para evitar el maltrato, ha quedado a medio camino, dado que deja a muchos animales desamparados. Esto se debe a que la ley, explican desde PACMA, según está planteada, no solo dejaría fuera a los perros de caza, sino también a los canes pastores y de guarda de ganado; de actividades profesionales como las fuerzas armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; animales utilizados en espectáculos taurinos; animales de producción; animales utilizados en experimentación; silvestres y actividades deportivas, y cetáceos de los zoológicos. Además, los hurones, como apoyo a la actividad cinegética, también quedarían excluidos de la nueva normativa. Por este motivo, muchas asociaciones animalistas han pedido a Sergio García Torres que cumpla su palabra y dimita.

ASOCIACIONES PIDEN LA DIMISIÓN DE SERGIO GARCÍA TORRES POR LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL

Desde PACMA aseguraron que Sergio García Torres debía presentar su dimisión por permitir que se excluya a estos animales de la Ley de Protección Animal. Y no solo eso, sino que además ha faltado a su palabra, dado que aseguró en varias ocasiones que se encargaría de tumbar dicha normativa si se excluía a los perros de caza de la normativa y que dimitiría si no cumplía con ello. Sin embargo, parece ser que este político Unidas Podemos no está por la labor de dejar su cargo, dado que en los casi tres años que lleva al frente de la Dirección General de Derechos Animales no ha tenido que llevar a cabo grandes hazañas más allá de repartir subvenciones y llevarse un elevado sueldo a final de mes que asciende a 80.000 euros brutos anuales. Lo único destacado que ha llevado a cabo ha sido elaborar esta normativa, con la que ha contribuido a que existan perros de primera y de segunda, los tocables y los intocables.