El Barómetro de los Gestores Administrativos llevado a cabo entre el 15 y el 17 de marzo, ha destapado la situación insostenible que se vive en las administraciones públicas respecto a la deficitaria atención al ciudadano.
La encuesta ha dejado patente el deterioro que está sufriendo la Administración. Interrogados sobre la evolución de los canales de tramitación (cita previa, telemático y presencial) de algunos organismos (Seguridad Social, jubilación, pensión e incapacidad; Justicia, nacionalidad española por residencia, certificado de fe de vida; AEAT; DGT, baja de vehículos, permiso conducir, cambio de titularidad…; SEPE, prestación desempleo), los gestores administrativos señalan que:
- Respecto a la Seguridad Social, el 67% de los gA considera que se han deteriorado todos los canales de atención.
- En cuanto a Justicia, el 63% opina que se han deteriorado también todos los canales de atención al ciudadano.
- En lo que respecta a la Agencia Tributaria, el 45% considera que se han deteriorado todos los canales y el 42% considera que se ha producido el deterioro especialmente en el canal presencial.
- Por parte de la DGT, el 53% de los gA considera que se han deteriorado todos los canales de atención, mientras que un 31% opina que se ha producido un mayor deterioro en el canal presencial
- Por último, el 72% de los gA considera que se han deteriorado todos los canales de atención al ciudadano.
Fernando Santiago afirma en este sentido: «El deterioro de los canales de atención al ciudadano por parte de las diferentes administraciones es cada vez mayor. Hay que tomar decisiones rápidas y ágiles para solventar esta situación, que está afectando muy seriamente a los ciudadanos. No olvidemos que estamos hablando de trámites tan importantes como solicitar la pensión o el cobro de una prestación contributiva, por ejemplo. Los Gestores Administrativos consideramos que hay que contar con los colaboradores sociales, para lo que proponemos la promulgación de una Ley de Colaboración Social Administrativa, lo que podría ayudar a resolver a corto plazo el problema”.
“Pero esta situación no debe interrumpir el proceso de digitalización de la Administración, que es un proyecto país, en la medida que tiene que ser respaldado por todos los partidos políticos, pues no se trata de un proyecto a cuatro años, sino mucho más largo, donde debe tenerse en cuenta la opinión de los funcionarios y de los colaboradores sociales. Y, remata Santiago, deben olvidarse de querer digitalizar a la población, y pensar en digitalizar los procesos para que lleguen a todo el mundo”:
El Barómetro obtuvo también la opinión de los Gestores Administrativos sobre algunos datos relevantes de nuestra economía. De esta forma, el Barómetro arroja que el 64% de los Gestores Administrativos considera que la subida del SMI va a afectar al nivel del empleo, pues podría abocar a que no se hagan nuevas contrataciones. Un 7% considera que se van a producir despidos. Frente a un 23% que sostiene que la subida del Salario Mínimo Interprofesional no va a afectar al empleo.
Preguntados por su opinión sobre el futuro de la evolución de la situación económica, los Gestores Administrativos muestran un grado de confianza de 5,2 sobre 10. “Los Gestores Administrativos no tienen confianza en la evolución de nuestra economía, y eso se debe a que están viendo como los pequeños negocios siguen arrastrándose, sin poder levantar cabeza, a pesar de lo cual no se toman las medidas necesarias para que puedan remontar”, afirma Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos.
El 78% de los gA considera que los pequeños y medianos empresarios no conocen toda la normativa que les afecta y, por esta razón, no pueden cumplirla, frente a un 18% que consideran que sus clientes si la conocen.
Preguntados sobre si la reforma laboral ha supuesto un incremento de los contratos a tiempo parcial, el 46,5% de los gA indica que, en el caso de sus clientes, esto no ha sido así, frente al 42,3% que manifiesta que sí se ha visto incrementado el número de contratos fijos a tiempo parcial como consecuencia de la reforma.
