La amnistía no está ni mucho menos atada en el Tribunal Constitucional, a pesar del ferviente deseo y afirmaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que así fuera. El líder del Ejecutivo y sus propios ministros han asegurado que la amnistía es constitucional, que tiene cabida dentro del ordenamiento jurídico e incluso la presentación de recursos o cuestiones de inconstitucionalidad no lograrían impedir su aprobación. También lo estipula la redacción de la proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados con el único apoyo del PSOE.
No obstante, el exministro de Justicia y miembro del ala progresista del Tribunal Constitucional ha precipitado los acontecimientos al apartarse inmediatamente de la votación, antes incluso de que se haya aprobado la ley de amnistía y presentado un posterior recurso. El movimiento de Campo ha sentado muy mal en las filas del PSOE y Sumar, pero los nervios llegan más arriba. Si Campo se ha apartado es muy probable que todo aquel que tenga haya tenido vinculaciones con Carles Puigdemont, CDR o Tsunami Democràtic tenga que hacer exactamente lo mismo.
En este sentido, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, tendría también que apartarse del caso, tras ser recusado por el propio Puigdemont en todos los asuntos relacionados con el ‘procés’. Y la amnistía se ha preparado para perdonar y borrar todos y cada uno de los delitos presuntamente cometidos.
CONDE-PUMPIDO Y SU PARCIALIDAD CON LA AMNISTÍA
En el Tribunal Constitucional, la mayoría socialista ostenta 7 votos a favor y cuatro en contra. Con la salida de Campo y las dos casi obligadas de Conde-Pumpido y Laura Díez, ex alto cargo del PSOE y que también fue abogada del diablo al criticar la premura de la Sala de Vacaciones del Constitucional para rechazar recursos de Puigdemont y Toni Comín, exdirigente de ERC, el pasado mes de agosto, la parte progresista tendría tan solo cuatro votos favorables en el pleno. Es decir, se produciría un empate con el ala conservadora y que mostraría que la amnistía no encaja de forma tan «palmaria» como argumenta el Ejecutivo, PSOE, Sumar, Junts y ERC.
La abstención de Campo se debe a sus propias declaraciones al entender que «amnistía no cabe en la Constitución». «La amnistía es el olvido, aquí no hay olvido, aquí hay perdón para construir un futuro mejor, pero no hay olvido», sostuvo en 2021. «La amnistía no cabe, el referéndum de autodeterminación no cabe porque esto es un pacto entre españoles, y no de un sector de la población catalana», afirmó también sobre la consulta ilegal.
Conde-Pumpido fue recusado por el propio Puigdemont por unas declaraciones sobre el ‘procés’ realizadas en abril de 2017
Campo actúa de forma preventiva, sin haber obtenido un sí explícito, pero el deber institucional supera la lealtad a un partido político como el PSOE en su caso. De la misma forma debe actuar también Conde-Pumpido al haber sido anteriormente recusado por el propio Puigdemont también por unas declaraciones sobre el ‘procés’ realizadas en abril de 2017. El prófugo de Waterloo puso en cuestión su imparcialidad en el proceso al prejuzgar los graves delitos a los que fueron condenados los líderes del ‘procés’ tan solo dos años después. «Si antes no era imparcial, ahora tampoco», destacan fuentes jurídicas.
LA LEY DE AMNISTÍA, EN VILO POR EL CONSTITUCIONAL
No obstante, el asunto que centrará ahora la discusión no se centra en una persona física, sino en una ley general, con una medida de perdón que no solo beneficiaría a Puigdemont, sino a cientos de encausados y condenados por delitos tan graves como terrorismo, usurpación de funciones públicas o malversación, entre otros.
Por este motivo, la recusación de Conde-Pumpido podría ser más difícil de ejecutarla. Y es que, no se ha pronunciado explícitamente sobre la misma. Pese a todo, el PP ha exigido que se aparte «sobre todos aquellos asuntos que afectan al Gobierno de Sánchez, no sólo sobre este», ha sostenido Gamarra. «Esperemos que lo haga en todas las solicitudes que ha presentado el PP ante el TC que afectan al mismo Gobierno del que él formó parte», ha señalado.
Curiosamente, Campo debía redactar la ponencia sobre la ley de amnistía, pero no podrá votarla. Asimismo, la proposición de ley, tal y como ha llegado al Congreso, acalla y ata de manos a los jueces y miembros del Tribunal Constitucional al no impedir su aplicación a pesar de presentarse recursos de inconstitucionalidad. Un defecto propio de la ley del ‘sí solo es sí’, que ha permitido la rebaja de condenas a más de 1.000 condenados.
LA FISCALÍA PIDE PENAS DE 8 A 27 AÑOS PARA QUIENES INTENTARON ASALTAR EL PARLAMENT
Entre estos encausados, se encuentran los Comités de Defensa de la República (CDR) y más concretamente el Equipo de Respuesta Táctica (ERT), los más activos y violentos, para quienes la Fiscalía ha pedido penas de entre 8 y 27 años de prisión para los 12 de sus miembros por delito de terrorismo.
Se trataría de «una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable», con el objetivo llevar a cabo «acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias». En concreto, se les encontró ‘termita‘, una sustancia que puede hacer estragos en infraestructuras sensibles, como tendidos eléctricos, cableado, cristales o vidrio, entre otros. Se trata de una rama radicalizada cuyo fin es conseguir la independencia de Cataluña, independientemente de los medios a utilizar. Para la Fiscalía, se emplearon con violencia y forzar a las instituciones a declarar la separación.
PUIGDEMONT Y SUS PATRIOTAS CATALANES
Estos miembros participaron en la creación de los centros de coordinación para las actuaciones de los CDR, cuyo mandato era crear y desarrollar la logística para provocar el caos en Cataluña. Entre otros edificios estratégicos, el Parlament era su principal objetivo. Pretendían ocuparlo y defenderlo después. Para Puigdemont, «eran patriotas catalanes».
Estos ERT usaban comunicaciones encriptadas, con redes ilícitas y clandestinas, y gozaban de una alta capacidad de movilización. Según la Fiscalía, para el intento de asalto al Parlament tendrían conexiones en el interior. Esta seguridad la llevan a cabo guardias privados y los Mossos d’Esquadra.
