La viuda valiente que plantó cara al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el funeral de su marido, para que fuera un compañero y no él quien impusiera la medalla honorífica a título póstumo sobre el féretro del guardia civil David Pérez, asesinado por una narcolancha en Barbate, no es el único caso llamativo de la lucha de los familiares contra la gestión del ministro. Otra viuda, en este caso la del guardia civil José Manuel Arcos, que murió al recibir en octubre de 2018 un disparo en Huétor Vega (Granada), también abandera un proceso judicial llamativo, pues está pleiteando en la Audiencia Nacional con el Ministerio del Interior por una indemnización de más de 334.200 euros de compensación para ella y sus hijos.
En junio de 2020, la mujer del agente fallecido, Raquel Pérez, explicó en declaraciones a los periodistas a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se le hacía muy duro asistir al juicio por la muerte de su esposo (fue además de los primeros que se celebraron otras la pandemia del Covid), pero que lo que esperaba es que se hiciera justicia, tanto por su marido, como por los dos hijos que ha dejado huérfanos de padre y por el resto de miembros del Instituto Armado. Casi 4 años después, el calvario para ella y su familia continúa.
una indemnización de 334.200 euros para la viuda y sus dos hijos huérfanos
«Ellos son unos héroes grandísimos, pero detrás de ellos hay unas guerreras que nunca los vamos a dejar solos, esto que lo sepa todo el mundo», remarcó la viuda cuando acudió al juicio ante los periodistas que esperaban en la puerta. Ahora ha tenido que recurrir ante la Audiencia Nacional por el rechazo del Ministerio del Interior a costear los más de 334.200 euros de indemnización que se fijaron en sentencia para ella y sus hijos, después de que el hombre condenado por la muerte del agente haya sido declarado insolvente, según ha informado el letrado que representa a la familia, Javier López García de la Serrana, del bufete jurídico HispaColex.
INSOLVENTE Y CASTIGADO A 22 AÑOS DE PRISIÓN
El asesinato de José Manuel Arcos, que tenía solo 48 años, ocurrió en la madrugada del 15 de octubre de 2018 en acto de servicio, después de que se iniciara una persecución con el acusado a raíz de que hiciera una maniobra extraña con el coche robado que conducía y en el que llevaba un arma «de guerra». El asesino, ‘Kiki’, arrebató el arma reglamentaria al agente en un forcejeo y acabó con su vida tras dispararle, siendo condenado por la Audiencia Provincial de Granada a una pena de 22 años y medio de prisión, por delitos de homicidio, de depósito de armas de guerra, delito leve de daños y robo de vehículos de motor, a pesar de que la Fiscalía le había solicitado hasta 27 años inicialmente.
En concreto, le cayeron 17 años y medio por el homicidio y otros 5 años de condena por el depósito de armas de guerra, además de una multa de 2.160 euros por un delito leve de daños y otro continuado de robo de vehículos a motor. En el veredicto, el jurado popular se mostró desfavorable a aplicar al acusado los beneficios de suspensión de pena o cursar solicitud de indulto por cualquiera de los delitos condenados.
LA VIUDA DEL GUARDIA ABRIÓ LA VÍA ADMINISTRATIVA
Tras la sentencia, la viuda abrió una vía administrativa para reclamar al Estado la indemnización concedida en sentencia, dada la condición de agente de la víctima y que el asesino es insolvente. Pero el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska ha rechazado asumir las indemnizaciones con el argumento de que no son víctimas directas, según indica la defensa de las víctimas, que censuran que el Ministerio haga caso omiso a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que hay sobre ese caso, pues la Administración tiene la obligación de resarcirles del daño causado en un acto de servicio.
Según adelantó el diario granadino Ideal, el asunto se ha visto en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y está ya pendiente de que se fije la fecha del señalamiento para votación y fallo, que esperan que se produzca lo antes posible para no alargar la carga emocional y psicológica que suma esta familia, tras la dura pérdida del padre de familia hace ya casi seis años.
Por otro lado, en octubre, el Ayuntamiento de Huétor Vega y el Puesto de la Guardia Civil de La Zubia celebran un sencillo acto de homenaje en memoria del agente José Manuel Arcos, destacando su valentía y la huella imborrable que dejó su muerte.
UN REFERENTE PARA OTRAS VIUDAS
Su lucha judicial iniciada en Granada ya se considera un referente para las demás familias de agentes asesinados, entre ellos los de Barbate, y para esas familias que han fundado incluso una nueva asociación, Nuestro corazón por Bandera, donde reclaman mejoras laborales para los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Lo que está haciendo el ministerio es una infamia para las familias de guardias civiles asesinados
El letrado García de la Serrana ha explicado que los perjuicios sufridos por guardias civiles o por policías de cualquier clase que sufran lesiones o daños en acto de servicio como consecuencia de acciones ilícitas de las personas sobre las que ejercen, sin culpa o negligencia propia, las funciones que son propias de su cargo, deben ser resarcidos por la Administración, mediante el principio del resarcimiento o de indemnidad, que rige para los empleados públicos cuando actúan en el ejercicio su cargo.
«Lo que está haciendo el Ministerio es una infamia para con las familias de los guardias civiles asesinados», censuró el letrado, recalcando que hay otros cinco agentes de la Guardia Civil asesinados con familias en una situación similar a los que espera que les ayuda este proceso.
