Tras pedir el pasado 26 de septiembre al Ministerio de Interior, al ministro Fernando Grande-Marlaska, la urgente necesidad de abordar la situación de la seguridad del personal penitenciario frente a las agresiones, la Administración Penitenciaria, siguiendo las instrucciones, ha convocado seis meses después la constitución del Grupo de Violencia en el trabajo, un primer paso para frenar el grave problema de violencia que sufren los funcionarios penitenciarios.
A la reunión, este pasado 2 de abril de 2024, asistieron representantes de los sindicatos CCOO, CSIF, ACAIP y CIG así como de la Administración para iniciar las actividades para articular un nuevo protocolo que frene la pandemia de agresiones. En concreto, estuvieron presentes el subdirector general y la subdirectora general adjunta de Recursos Humanos, el jefe de Coordinación de los Servicios de Prevención, el director de Seguridad Interior y un inspector de Servicios.
EL ANTIGUO PROTOCOLO CONTRA VIOLENCIA NUNCA CUMPLIÓ SU FUNCIÓN
La Administración planteó a los sindicatos, además de la constitución del grupo, la metodología del trabajo y una visión general de lo que deben consensuar a corto-medio plazo, y sobre todo partir de reformar el actual protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios y centros de inserción social (PEAFA), para reconocer lo especifico de prisiones frente a la violencia porque no se puede cubrir todo como en otras administraciones y hacer un documento «más ligero».
Los sindicatos expusieron a la Administración de Instituciones Penitencias que «el antiguo PEAFA nunca llegó a cumplir la función para la que se elaboró, porque se quedaba corto en su alcance y, además, en muchas ocasiones era percibido por los trabajadores como una revisión seudo-disciplinaria de sus actuaciones». Los sindicatos creen que ese protocolo concebía las agresiones como parte del trabajo de los funcionarios, como algo que no se podía prevenir ni evitar y por eso quedaba fuera de la legislación de prevención de riesgos laborales.
CONSENSUAR EL CONCEPTO INTERNACIONAL DE AGRESIÓN O VIOLENCIA
En la reunión de este pasado martes, los sindicatos ya adelantaron algunas opciones para el nuevo protocolo como por ejemplo que las agresiones, la violencia del trabajo son riesgos laborales y tienen que tener un tratamiento preventivo aplicando toda la normativa en vigor al respecto (Ley 231/1995, Convenio 190 OIT, Acuerdo Marco Europeo Violencia en el Trabajo, etc.).
quieren un papel activo del servicio de prevención que es sobre quien recae la responsabilidad de la evaluación de riesgos
Si bien, para cualquier acuerdo es necesario reconocer el concepto internacional de agresión o violencia, como el de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La OMS define la violencia como el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo.
Y la OIT en 2003 definió la violencia en el lugar de trabajo como toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional.
Ambas definiciones gustan a los sindicatos, aunque de modo instrumental es más difícil el consenso con la Administración. Además, en CCOO quieren un papel activo del servicio de prevención que es sobre quien recae la responsabilidad de la evaluación de riesgos. La violencia en el trabajo no es un eje regimental. Y por supuesto, «CCOO no aceptará una nueva rebaja de medidas preventivas, para repetir un PEAFA-2», señalan fuentes sindicales.
Los sindicatos y la Administración acordaron que cada parte presente una propuesta sobre el concepto de agresión, para poder partir de ese consenso inicial. «Sin este consenso no es fácil alcanzar acuerdos», apuntan fuentes sindicales de CCOO, que tiene claro que cualquier acuerdo tiene que garantizar la integridad del personal de prisiones frente a la violencia en el trabajo y las agresiones.
MODIFICACIONES NORMATIVAS Y MEJORAS EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS INTERNOS
CSIF, ACAIP y CIG también apuestan por un nuevo protocolo sobre la violencia en el ámbito penitenciario que tenga claro que es el momento de superar la tendencia a asociar la violencia con la agresión física, ya que también consideras agresiones a las verbales. «El concepto de violencia debe ser más amplio que el de la mera agresión física (pegar, golpear, empujar, agredir…) y debe incluir otras conductas susceptibles de violentar e intimidar a quien las sufre (conductas amenazantes, intimidatorias, abusivas y acosantes…)», apuntan fuentes sindicales.
Además, los sindicatos entienden que son necesarias modificaciones normativas (por ejemplo, régimen disciplinario de los internos), mejoras en la clasificación de estos y también una mejora y actualización de los medios coercitivos y de protección de los trabajadores. «Es necesario incluir a los servicios de prevención en el análisis de los hechos ocurridos, de forma que esa investigación no se realice exclusivamente por los subdirectores de Seguridad».
Por ello se ha acordado presentar tanto por la Administración como por las organizaciones sindicales propuestas sobre el concepto y su desarrollo para, posteriormente, ponerlas en común en la próxima reunión cuando se fije una fecha, donde sin ninguna duda, se tratará de alcanzar un acuerdo en este aspecto necesario para poder avanzar en el nuevo protocolo.
Este primer avance se ha producido en la víspera de la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, al acto de inicio de la obra para el futuro Centro de Estudios Penitenciarios en el Colegio San Julián de Cuenca. «Dedicar fondos a la mejora de infraestructuras y a la formación nunca es un gasto, sino una apuesta decidida por el futuro y la mejora de nuestra sociedad», ha señalado el ministro, que prevé invertir 14,2 millones de euros en este edificio.
El edificio principal, de cuatro plantas, contará con mediateca-biblioteca, área de estudio e investigación, gimnasio y seis aulas con una capacidad máxima para 560 alumnos. Cada una de estas salas podrá, además, dividirse en dos espacios, con el fin de adaptarse a las distintas necesidades formativas, y acoger, en ese caso, de manera simultánea a 480 personas.
En esa misma edificación, estará ubicado el auditorio, de 500 plazas. Diseñado con el mismo concepto de versatilidad, dispondrá de mamparas móviles que permitirán transformar este espacio en tres salas: una de 250 plazas y, las otras dos, con capacidad para albergar a 125 personas cada una.
