Justo una semana después del asesinato de Nuria, los trabajadores penitenciarios de Cataluña y todo aquel que se ha querido sumar para mostrar su apoyo, se manifestaron en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona, para exigir que se aparte a la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, de sus funciones y se destituya al Secretari de Mesures Penals, «como responsables de habernos llevado a esta insostenible escalada de agresiones en los centros penitenciarios, que ha culminado con el asesinato de una compañera». También exigen la destitución de los directores de los centros penitenciarios de Quatre Camins (Barcelona) y Mas d’Enric (Tarragona), por considerarlos incompetentes en sus funciones y haber perdido el respeto de sus plantillas.
Según fuentes sindicales de ACAIP-UGT, en 2023, fueron agredidos 1,6 trabajadores diariamente en las prisiones catalanas, llegando a 3,1 si tomamos en cuenta las tentativas. «Sufrimos 17 agresiones sexuales (el triple que en 2022) y 105 compañeros fueron agredidos de consideración grave (un 54,4% más que el 2022). El aumento de agresiones desde el año 2016 es del 285%. El año 2024 no estaba siendo mejor, y desde el miércoles pasado, tenemos que lamentar el primer asesinato de un trabajador penitenciario durante su jornada laboral», apunta la coordinadora de ACAIP Cataluña, Marta R.
Aparte de los manifestantes que han llenado la plaza, como muchos compañeros tenían que trabajar en los centros penitenciarios y no podían ir a la manifestación de Barcelona, se unieron de alguna manera a la protesta, convocando nuevas concentraciones en las puertas de las cárceles a las 12.00, para guardar cinco minutos de silencio.
CUATRO FUNCIONARIOS AGREDIDOS EN PONENT (LLEIDA)
Y es que al principio de la jornada, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), denunció una nueva agresión a cuatro funcionarios en el Centro Penitenciario de Ponent (Lleida), uno de los centros de los más complicados para trabajar en Cataluña porque derivan allí a muchos internos conflictivos.
Los hechos habían ocurrido un día antes, el 19 de marzo, cuando hubo una batalla campal multitudinaria entre internos en el centro que acabó con 8 internos aislados y 4 funcionarios tuvieron que ser trasladados a la Mutua para ser atendidos por los servicios médicos por diversas lesiones.
Según la versión de CSIF, el enfrentamiento había empezado por la mañana, cuando los presos bajaban de sus celdas, y los funcionarios tuvieron que intervenir para separarlos y aislar a tres de ellos, pero por la tarde, en el mismo módulo, volvieron a enfrentarse, con el resultado de cuatro funcionarios heridos y cinco internos más aislados.
«Somos un colectivo olvidado por la administración. Es necesario más personal y más medios y que se nos considere agentes de la autoridad»
«La situación es insostenible. Esta es la prueba de que el asesinato de Nuria a manos de un interno no es un caso aislado. Sufrimos diariamente agresiones. Somos un colectivo olvidado por la administración. Es necesario más personal y más medios y que se nos considere agentes de la autoridad para poder garantizar la convivencia en las prisiones, ya que se ha perdido el principio de autoridad. A su vez, necesitamos que se regule para nuestro colectivo tanto la jubilación anticipada como la segunda actividad», demandaba CSIF.
LA PETICIÓN COMO AGENTE DE AUTORIDAD VUELVE AL CONGRESO
Por otro lado, el sindicato Tu abandono Puede Matar ha destacado la intervención de la diputada de Vox, Pepa Millán, que ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados donde solicita que a los funcionarios de prisiones se les reconozca la condición de agente de autoridad.
La diputada de Vox mostraba todo su apoyo a las movilizaciones de los funcionarios que reclaman condiciones dignas y pedía que se les reconozca la condición de agente de autoridad, como ya solicitaron en el año 2020 y «vamos a volver a pedir».
Millán insistió en que el reciente asesinato de Nuria, una cocinera de la cárcel de Más d’Enric de Tarragona, ha vuelto a poner de manifiesto la inseguridad que sufren, «una inseguridad a la que el Gobierno sigue haciendo oídos sordos y caso omiso a las reclamaciones de los funcionarios y de Vox», a pesar de que ese mismo día, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska prometió que iba a ser una de sus prioridades declararles agentes de autoridad a lo largo de esta legislatura.
Millán recordó que en 2020 registraron una Proposición de Ley Orgánica de la modificación de la Ley Penitenciaria para el reconocimiento como agentes de la autoridad a los funcionarios públicos de prisiones en el desempeño de su labor profesional. Y en el año 2021 llevaron al Senado una Proposición de Ley para que contasen con un Estatuto propio, «a lo que el PSOE se opuso. Hoy volvemos a registrar la misma iniciativa y esperemos que la cámara la respalde y no la rechace».
OTRAS DEMANDAS DE LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES
La diputada de Vox acusó al partido de Pedro Sánchez de dedicarse primero «a fomentar la inseguridad en las calles y cuando las personas que siembran esta inseguridad entran en prisión, dejan desprotegidas a los funcionarios que piden cumplir en condiciones con su trabajo. Un PSOE que solo sabe legislar para los delincuentes y dejar desprotegidos a los trabajadores que piden hacer su trabajo en condiciones dignas», si bien en las cárceles catalanas la responsabilidad la tiene la Generalitat, no el Gobierno nacional.
Además, aunque ser agente de autoridad es una de sus principales demandas, el colectivo también demanda más recursos humanos y materiales. A principios de este mes, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), solicitaba que de manera urgente se dictasen medidas para facilitar el servicio de transporte de personal penitenciario al Centro Penitenciario de Zuera, en Zaragoza, desde Huesca y los fines de semana en igualdad de condiciones que en el resto del territorio nacional, tanto por estar ubicado fuera del área metropolitana como por razones de seguridad del personal penitenciario destinado en el mismo. Y que se haga cargo la Administración penitenciaria del gasto económico que pudiera personar.
