Ada Colau propone un impuesto del 10% sobre el valor de cada piso a fondos y multipropietarios para frenar la acumulación de vivienda. Lo anunció este miércoles en la Cadena Ser, a poco más de cuatro semanas del 29N, con el alquiler como eje declarado de su campaña al Congreso.
El gravamen recae sobre el valor del inmueble, no sobre la renta que genera. En las empresas se aplicaría desde la primera vivienda; en las personas físicas, a partir de la cuarta, y solo cuando el valor acumulado de las propiedades supere los 800.000 euros. La excepción es explícita: quien destine esos pisos a alquiler asequible y estable no paga.
Colau, alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023, describe el tributo como ‘disuasorio’, pensado para que ‘no salga a cuenta especular’. Su equipo insiste en que el pequeño propietario queda fuera del radar. ‘Todo el mundo tiene derecho a una casa y nadie a acumular más de tres’, resume la candidatura de Frente Amplio.
Calcula la coalición un perímetro amplio: el impuesto tocaría a todos los fondos de inversión que operan en España y a 737 empresas privadas con 50 o más viviendas alquiladas. A eso se suman 262.000 multipropietarios con cuatro o más casas, el 1,3% de los que tienen vivienda en el país y, según su lectura, parte del 10% más rico de la población.
Quedan fuera las cooperativas de vivienda, las administraciones públicas, y las entidades sin ánimo de lucro, donde el partido entiende que el uso y la tenencia están justificados. La frontera, por tanto, no es cuántas casas se tienen: es para qué se tienen.
El impuesto no apunta al que alquila el piso heredado de sus padres, sino al que acumula decenas y los defiende como refugio de valor.
Hay un detalle técnico que importa más de lo que parece. Un gravamen sobre el valor del inmueble y no sobre la renta golpea el stock, no el flujo: castiga tener, no alquilar. Ahí se separa del IBI, que ya grava la titularidad, y del índice de referencia de precios de alquiler que la Generalitat aplica en los municipios declarados zona de mercado residencial tensionado.
Cuánto costaría de verdad y quién lo acabaría pagando
La propuesta llega con una promesa colgada: hasta el 1% del PIB para construir, comprar y rehabilitar parque público, financiado en parte por el propio tributo. Sumar ya había incluido ese porcentaje en su programa y en sus prioridades para los Presupuestos Generales, con la estimación de llegar a dos millones de viviendas sociales. ERC registró en su día una proposición de ley con la misma lógica fiscal: un impuesto complementario al IVA, progresivo, para quien ya tiene dos viviendas y quiere comprar más.
La diferencia es de escala y de sujeto. Colau pone el foco en el tenedor profesional y en el gran particular; los republicanos lo ponían en el comprador incremental. El detalle no es menor: la medida es estatal, no municipal. Y su aterrizaje real se mide en Barcelona, donde el 10% sobre el valor del inmueble afecta a miles de pisos hoy en manos de sociedades y de patrimonios familiares con cartera.
Por qué Barcelona es el laboratorio y también el aviso
Aquí el debate no es abstracto. Barcelona acumula el mayor parque de vivienda en zona tensionada de Catalunya y el precio del alquiler lleva años por encima de la media catalana y española. Cualquier gravamen sobre la tenencia se lee en la ciudad antes que en ningún otro sitio, y se lee en dos direcciones: como freno a la concentración o como coste que acaba trasladándose al recibo.
La traslación es el punto débil de cualquier impuesto de este tipo. Si el propietario puede repercutir el coste, el 10% termina en la renta y lo paga el inquilino; si no puede, vende. Los fondos tienen margen para lo primero y reflejo para lo segundo, y ahí aparece el riesgo de que la cartera pase de sociedades a particulares por debajo del umbral de las cuatro viviendas.
Tampoco está claro el encaje. Crear un tributo nuevo exige ley y mayoría en el Congreso, y el antecedente inmediato es la Ley de Vivienda de 2023, que tardó en desplegarse y sigue con aplicación desigual por comunidades. Una parte del sector advirtió entonces de que gravar la tenencia sin aumentar la oferta endurece el mercado. La evidencia catalana de los últimos años no es concluyente en ninguna de las dos direcciones.
Lo que el 10% no arregla
Tres viviendas por cabeza es un eslogan potente y un mecanismo jurídico frágil. El impuesto no confisca el cuarto piso: lo encarece. Y un propietario con capacidad patrimonial puede pagar el 10% o reestructurar su cartera para evitarlo. La pregunta que no responde la propuesta es qué ocurre con el parque que ya está construido y no se vende ni se alquila en condiciones asumibles.
El parque público español es de los más pequeños de Europa occidental, muy lejos de la media comunitaria, y ese es el dato que explica por qué el debate vuelve cada legislatura. Sin oferta pública, cualquier impuesto sobre la tenencia es una herramienta de contención, no una política de vivienda completa. Con oferta pública, el 10% deja de ser imprescindible.
Analizamos la propuesta como lo que es: una pieza de campaña con vocación real, que mide el pulso del electorado urbano y presiona al resto de fuerzas por la izquierda. Sumar ya la tiene en su marco; ERC la trabajó por otra vía; el PSC queda en una posición incómoda en su propio feudo, donde gobierna y donde cualquier promesa fiscal estatal se compara con su gestión municipal.
El calendario manda. El 29N decide quién puede convertir el 10% en un artículo de ley y quién se queda en el anuncio. Hasta entonces, la única cifra que se sostiene es la del titular: diez por ciento sobre el valor del piso.
