La Guardia Civil ha interrogado este miércoles al operario del centro de control de Adif señalado por el Ministerio de Transportes y a todo su turno por el accidente de Urda. La Benemérita ha iniciado así su trabajo como policía judicial la misma jornada del siniestro, al servicio del juzgado que ha abierto diligencias esa misma mañana.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La Guardia Civil, con la UCO integrada en el dispositivo, ha tomado declaración al operario del centro de control de Adif señalado por el Ministerio de Transportes y a todos los miembros de su turno por el siniestro de Urda.
- ¿Dónde y cuándo? En el Centro de Regulación de Circulación Central de Alta Velocidad de Madrid-Puerta de Atocha, este miércoles 28 de octubre de 2026.
- ¿Qué resultado? Cuatro unidades del Instituto Armado movilizadas bajo la instrucción del juzgado de Orgaz (Toledo), en coordinación con la CIAF, y pruebas de alcoholemia y drogas con resultado negativo.
La UCO, la Unidad Técnica y la Policía Judicial se despliegan en Atocha
El contingente que el Instituto Armado ha dedicado a la catástrofe integra agentes de la UCO (Unidad Central Operativa, la unidad de élite de la Guardia Civil para investigación compleja), de la Unidad Técnica, de la Unidad Orgánica Territorial de Policía Judicial y de la comandancia de Toledo. El despliegue se activó con el balance de víctimas aún sin cerrar oficialmente.
La dirección judicial corresponde al Juzgado de plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, en la provincia de Toledo, que estaba de guardia en la mañana del miércoles cuando se produjo el siniestro. El Instituto Armado actúa como policía judicial al servicio de esa autoridad: cada declaración y cada diligencia quedan bajo la cobertura del procedimiento abierto.
En paralelo, los investigadores trabajarán con la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, el organismo del Ministerio de Transportes que analiza los siniestros graves de la red estatal. La investigación avanza en dos vías paralelas, la judicial y la técnica, que comparten datos pero conservan procedimientos y plazos distintos.
El grueso del trabajo se concentró en el Centro de Regulación de Circulación Central de Alta Velocidad de Madrid-Puerta de Atocha, la sala que gobierna la circulación de trenes de alta velocidad. Los agentes interrogaron a todo el turno de servicio, no solo al operario que ocupaba el puesto de regulación. La Guardia Civil no ha precisado el carácter con el que han declarado.
La Guardia Civil ha activado en menos de veinticuatro horas un dispositivo de cuatro unidades especializadas, el mismo modelo que desplegó en la tragedia de Adamuz.
La versión del Gobierno y el sistema LZB
La tesis del Ejecutivo sitúa el origen en una concatenación técnica. Según esa versión, el sistema automático que vigila la posición de los trenes, conocido como LZB, se cayó y dejó el cantón sin control automatizado. El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló públicamente al operario como responsable de la maniobra que derivó en la colisión.
Según el relato del Gobierno, el trabajador tuvo que regular a mano el tráfico en los 67 kilómetros del cantón de Urda y habría autorizado la circulación del AVE de Renfe sin advertir de que el Iryo seguía detenido en la misma vía. La investigación judicial debe confirmar o descartar esa hipótesis con los registros del sistema y las cintas de comunicaciones.
Las pruebas de alcoholemia y de detección de drogas practicadas a los controladores del centro de Madrid arrojaron resultado negativo, según ha trascendido a lo largo de la jornada. El operario, que se encontraría en estado de shock según las fuentes consultadas, declaró en esa situación.
El operativo reproduce el que el Instituto Armado desplegó en la tragedia de Adamuz (Córdoba): equipos de Policía Judicial, apoyo técnico y coordinación con el organismo de investigación ferroviaria bajo la dirección del juzgado de guardia. El mismo modelo de dispositivo sirvió entonces para fijar la cadena de decisiones previa al siniestro.
El Contexto Operativo
La investigación se apoya en una realidad operativa que exige respuesta inmediata: la red española de alta velocidad es la más extensa de Europa, con más de 3.900 kilómetros en servicio, y su regulación depende de centros como el de Atocha, donde un fallo del sistema automático obliga a asumir manualmente la seguridad de tramos enteros. En ese escenario, la actuación como policía judicial —competencia que atribuyen el artículo 126 de la Constitución y la Ley Orgánica 2/1986— resulta determinante para fijar los hechos antes de que se degrade la información técnica.
El Instituto Armado, con una plantilla que ronda los 80.000 efectivos, es el cuerpo de mayor despliegue territorial de España, y esa capa territorial explica la rapidez: la comandancia de Toledo y la Policía Judicial se activaron la misma mañana, mientras la UCO y la Unidad Técnica aportaban capacidad de análisis de registros y de reconstrucción de sistemas complejos. La comparación con Adamuz no es retórica: el mismo esquema operativo se ha repetido en cada gran siniestro ferroviario, con conclusiones que después han sostenido las resoluciones judiciales.
La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas declaraciones a medida que se vuelquen los registros del LZB y las comunicaciones entre el centro de control y los trenes. El informe técnico de la CIAF requiere meses de análisis. Hasta entonces, el criterio del juzgado de Orgaz y el trabajo de los especialistas del Instituto Armado son la referencia para esclarecer qué ocurrió en los 67 kilómetros del cantón de Urda.
