El Gobierno ha entregado al Tribunal Supremo la relación de 163.355 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que podrían no votar el 29-N. La entrega se ha producido dentro del plazo que el alto tribunal fijó y que vencía este miércoles a las 15.00 horas.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Ejecutivo ha remitido al Tribunal Supremo la lista de 163.355 personas nacionalizadas por la ‘ley de nietos’ que podrían ver suspendido su voto el 29-N.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno de Sánchez, la Abogacía del Estado, el Tribunal Supremo, Vox y las asociaciones que impugnaron el proceso.
- ¿Qué impacto tiene? Un censo decisivo para el voto emigrante gallego, históricamente disputado, a semanas de unas generales de márgenes ajustados.
El Supremo fija cinco días y el Gobierno entrega 163.355 nombres
El pasado viernes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal requirió a los ministros Félix Bolaños (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) y José Manuel Albares (Asuntos Exteriores) la relación nominal de los afectados. Avisó además de una posible multa coercitiva de 1.000 euros si el requerimiento no se cumplía.
Según fuentes del Ejecutivo, la Abogacía del Estado ha pedido al Supremo que declare el listado reservado por contener datos sensibles de carácter personal. Exteriores coordinó la revisión en los consulados y autorizó las asistencias técnicas necesarias para cumplir el plazo. El primer telegrama con instrucciones partió el 15 de septiembre, y el 15 de octubre Presidencia remitió a la Oficina del Censo Electoral los 76.600 nombres que constaban en el DICIREG, el registro civil digital.
El Gobierno calcula que, con los niveles habituales de participación exterior, si esas más de 160.000 personas estuvieran en el censo de residentes ausentes el impacto sería de menos de 14.000 votos repartidos entre 52 circunscripciones. Eso equivale a menos del 0,06% de los sufragios de las generales de 2023. La incidencia real sería todavía menor, porque el listado incluye a menores y a personas fallecidas que no figuran en el censo electoral.
El Ejecutivo subraya que los procedimientos son «idénticos» a los de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y que se aplicaron «con plena normalidad» en multitud de citas electorales. Fueron Vox, y otras asociaciones las que impugnaron el proceso y reclamaron la suspensión cautelar del voto.
Galicia es la comunidad donde el voto emigrante pesa más, y cualquier cambio en sus reglas se lee allí como un movimiento sísmico electoral.
Menos del 0,06% de los votos, pero un pulso que llega al 29-N
El cálculo oficial rebaja el alcance: menos de 14.000 sufragios y un peso inferior al 0,06% del total nacional. Pero la política no se mide solo en porcentajes. En Galicia, donde la colectividad en el exterior es una de las más numerosas de España, el voto emigrante ha sido históricamente decisivo y ha estado en el centro de más de una impugnación.
La ‘ley de nietos’ alcanza sobre todo a descendientes de exiliados, muchos residentes en Argentina, Cuba, Venezuela o Uruguay, países con fuerte arraigo gallego. De ahí que las tres fuerzas con representación en el Parlamento de Galicia —PPdeG, BNG y PSdeG— sigan el caso con interés, aunque por ahora ninguna haya elevado el tono.
El Laboratorio Gallego
En Galicia, el voto de la diáspora no es un detalle de aritmética exótica: es una pieza estructural del sistema. Los 75 deputados del Parlamento autonómico se reparten entre cuatro provincias, y el censo de residentes ausentes incide en cada una de ellas. Por eso el pulso entre el Supremo y el Gobierno se sigue con especial atención desde Santiago de Compostela.
El PPdeG, que gobierna a Xunta de Galicia con mayorías absolutas consecutivas, el BNG como primera fuerza de la oposición y el PSdeG observan un asunto que toca directamente a sus votantes en el exterior. Ninguno de los tres ha querido anticipar una lectura partidista mientras el alto tribunal no se pronuncie sobre el fondo.
La lectura nacional obliga a mirar a Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP conoce como pocos el peso del voto exterior en Galicia: gobernó la Xunta entre 2009 y 2022 y sabe que unos miles de sufragios pueden mover un escaño. Lo que se decida sobre la ‘ley de nietos’ y el censo de residentes ausentes marcará el tono del debate sobre las reglas del juego electoral camino del 29-N.
Con la cita del 29-N ya en el calendario y el voto exterior en marcha —los plazos de rogación de voto y envío tienen su propio reloj—, la incógnita es cuántos de esos 163.355 nombres acabarán fuera del censo. El Gobierno minimiza el impacto; el Supremo todavía debe decidir el fondo. Galicia, mientras tanto, afina la cuenta.
Ficha del Caso
- El caso: El Gobierno entrega al Tribunal Supremo la relación de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que podrían ver suspendido su voto en las elecciones del 29-N.
- Datos importantes: 163.355 nombres; 76.600 inscritos en el DICIREG; plazo de cinco días que vencía el 28 de octubre; multa coercitiva de 1.000 euros; impacto estimado de menos de 14.000 votos, menos del 0,06%.
- Resumen: Un pulso judicial con derivada gallega: el voto emigrante, históricamente decisivo en Galicia, se convierte en pieza clave de cara al 29-N.
