El gasto de defensa del Reino Unido ya tiene quién lo pague: otros ministerios. John Healey ha confirmado en su primer presupuesto que el hueco de 4.700 millones de libras —unos 6.300 millones de dólares— del Defence Investment Plan se cubrirá con ‘repriorización’ de capital en Whitehall, la forma elegante de decir que se mueven partidas de otros departamentos.
‘En el presupuesto de hoy financio íntegramente el Defence Investment Plan, incluso mediante la repriorización de capital en todo Whitehall. Esto honra el compromiso adquirido por mí y por el primer ministro’, declaró el titular de Finanzas ante el Parlamento. La frase, leída despacio, contiene las dos claves de la jornada: no hay dinero nuevo y el aval político es compartido, también con Andy Burnham.
El Defence Investment Plan es el documento que Londres quiere poder poner encima de la mesa en Bruselas y en el cuartel general de la OTAN como prueba de que va en serio. De ahí que el agujero no fuera un problema técnico, sino político. Un plan de inversión con 4.700 millones sin asignar es un folleto.
Qué significa ‘repriorización’ cuando el dinero no se imprime
En la jerga del Tesoro británico, repriorizar capital significa reasignar presupuestos de inversión ya aprobados de un departamento a otro. No sube el gasto total del Estado, no suben los impuestos y no hay que pronunciar la palabra recorte en la misma comparecencia que el aumento de defensa. Es la cuadratura del círculo presupuestario, con el coste escondido en las obras de carreteras, hospitales o escuelas que se retrasan un ejercicio. O dos.
La magnitud ayuda a entender por qué el Ejecutivo ha preferido esta vía a la de ampliar el presupuesto. Los 4.700 millones de libras equivalen, en orden de magnitud, a cerca de una cuarta parte de todo el gasto anual de defensa de España. En Whitehall nadie discute la cifra. Se discute de dónde sale. Y ahí aparecen en todas las quinielas el departamento de Transportes, el de Sanidad, el de Educación, también los ayuntamientos, y las agencias ejecutivas que dependen de ellos.
Cuadrar el presupuesto de defensa moviendo capital de otros ministerios no es financiación: es un cambio de prioridades que alguien acabará pagando con una obra aplazada.
Healey añadió que aplicará el mismo método, ‘examinar a fondo el gasto público’, para detallar cómo se alcanzan los dos hitos aliados: el 3% del PIB en 2030 y el 3,5% en 2035. El marco de referencia es el compromiso que los aliados cerraron en la cumbre de La Haya, con un objetivo global del 5% para 2035 repartido entre el 3,5% de gasto militar estricto y un tramo adicional de inversión relacionada. Londres se queda, por ahora, a mitad de camino y con la mitad del camino sin cartografía.
El calendario sin calendario: dos fechas y ninguna hoja de ruta
El detalle llegará, según el ministro, en la spending review prevista para el año que viene, es decir, en la revisión de gasto de 2027. Ahí está el problema. Un objetivo con fecha y sin trayectoria es una declaración de intenciones. Y en defensa, la trayectoria es lo que compran los estados mayores cuando firman contratos a diez años. La industria no fabrica capacidad con un 3,5% escrito en un folio.
A eso se suma la promesa de ‘financiación más innovadora, junto al sector privado y nuestros aliados internacionales’. Traducido al lenguaje de los presupuestos: arrendamientos, asociaciones público-privadas, compras conjuntas y fórmulas que saquen parte del esfuerzo del balance del Estado. La herramienta existe y varios aliados ya la emplean, pero abre una pregunta incómoda que la OTAN lleva años esquivando: qué se computa y qué no. Cada atajo contable que se acepta hoy es una discusión que se aplaza al informe anual de mañana.
La política interna no perdona. Healey, Burnham y el ministro de Defensa, Wes Streeting, están bajo presión para acelerar la inversión. La oposición conservadora advirtió antes del presupuesto de que exigiría la dimisión del titular de Finanzas si no presentaba un plan creíble. No ha presentado un plan: ha presentado una intención. Y el dato que da medida exacta al problema es el currículum del propio Healey, que dimitió como ministro de Defensa en junio, bajo el Gobierno de Keir Starmer, precisamente por no haber logrado arrancar el dinero para el 3% en 2030.
Equilibrio de Poder
Washington lee la jugada con lupa propia. La administración Trump ha convertido el reparto de cargas en un test de lealtad y exige a los europeos velocidad, no arquitectura presupuestaria. Que Londres fije el 3,5% para 2035 y el 3% para 2030 le permite presentarse como alumno aventajado en la fotografía, pero el agujero cubierto con cargo a otros ministerios confirma la sospecha de fondo: el Reino Unido quiere el estatus de potencia militar sin el coste político de subir impuestos. Bruselas, que no tiene voz en el presupuesto británico pero sí interés en que el listón no se quede en papel, observa la maniobra con una mezcla de alivio y desconfianza; cada capital europea ve ahí una plantilla. Moscú, que mide a sus adversarios por su capacidad de sostener el esfuerzo en el tiempo, ni siquiera necesita leer los titulares. Le basta con contar las fechas.
Para España hay tres lecturas. La primera es de método: la repriorización llega en un momento en que Moncloa busca cómo cumplir con la OTAN sin abrir un debate fiscal, y el precedente británico ofrece exactamente la plantilla que el Ministerio de Defensa lleva meses estudiando. La segunda es industrial: si Londres garantiza su plan con capital reasignado, el Reino Unido se consolida como socio tecnológico preferente en programas donde España también quiere jugar, del FCAS a los sistemas no tripulados, y negocia desde una posición de fuerza renovada. La segunda es territorial y mira al sur. En el Magreb y el Sahel, la influencia británica se apoya en exportaciones de defensa y en una ambigüedad calculada sobre el Sáhara que compite de forma directa con la lectura española de la región.
El precedente está a la vuelta de la esquina. Entre 2015 y 2017, el Reino Unido fue acusado por sus propios aliados de cuadrar el 2% metiendo en el cómputo ayuda al desarrollo y pensiones militares, hasta que la OTAN cerró el cerco sobre qué se podía contar. Aquella vez se discutió la contabilidad. Esta vez se discute la fuente del dinero, que es un escalón más arriba en la cadena de consecuencias. Las series de gasto militar de SIPRI permitirán medir en dos ejercicios si el truco se ha generalizado o si, por el contrario, ha estallado en las cuentas de infraestructuras de medio Whitehall.
Lo que observamos a cinco o diez años no es un problema británico. Es el momento en que el debate europeo deja de preguntar cuánto se gasta en defensa y empieza a preguntar a quién se le quita. El primer examen llegará en la revisión de gasto de 2027 y, antes, en la próxima cita de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, ya en el calendario de 2027. Ahí sabremos si la repriorización era una técnica presupuestaria o una forma nueva de no pagar la factura.
