EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El tercer intento de reformar la ley de seguridad ciudadana se ha frustrado sin que la ponencia llegue a reunirse: el proyecto decae con el final de la legislatura.
- ¿Quién está detrás? El PSOE y los siete grupos llamados a sostener el texto —Sumar, EH Bildu, PNV, ERC, Podemos y Junts—, con el Grupo Parlamentario Socialista sin cerrar el acuerdo sobre desobediencia y faltas de respeto a la policía.
- ¿Qué impacto tiene? La norma que sus críticos llaman ley mordaza cumple once años en vigor y la promesa de sustituirla vuelve al punto de partida.
La reforma de la ley mordaza encalla por tercera vez y el PSOE no logra cerrar el apoyo de sus socios. El proyecto llamado a sustituir la ley de seguridad ciudadana cierra su andadura parlamentaria sin que se haya reunido una sola vez la ponencia, el grupo de diputados que estudia un texto antes de remitirlo a comisión y, en su caso, al Pleno. La promesa se queda, otro curso más, en eso: promesa.
Sus detractores la bautizaron como ley mordaza en 2015 y el apodo se quedó pegado a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Desde entonces arrastra un historial de intentos fallidos que atraviesa todos los gobiernos de Pedro Sánchez. La derogación se prometió en 2019. Siete años después, el texto sigue intacto en lo esencial.
El punto exacto de la ruptura está en el calendario. En octubre de 2024 el proyecto superó su primer trámite parlamentario y el Grupo Parlamentario Socialista lo presentó como el arranque de una reforma de calado. Desde entonces no se ha convocado la ponencia ni una vez. La razón no es técnica, sino política: los siete grupos que debían sumar —PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV, ERC, Podemos, y Junts— nunca coincidieron en el mismo texto.
Ahí, en el artículo que regula la desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad policial, se atasca todo. Los socios del PSOE reclaman despenalizar conductas que hoy castigan con multas elevadas la negativa a identificarse y las muestras de desconsideración hacia los agentes. En el Ministerio del Interior se insiste en que ningún cambio puede dejar a los policías sin cobertura jurídica en el ejercicio de sus funciones. Entre esos dos relatos se han consumido dos años de negociación.
No es la primera vez que el texto se queda a medio camino. En 2019 el adelanto electoral disolvió las Cortes antes de que la reforma llegara a puerto. En 2023, el acuerdo alcanzado entre el PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas vascos fue rechazado por ERC, Junts, EH Bildu y BNG, que lo consideraron insuficiente. La historia se repite con el mismo reparto de papeles y con los mismos actores en los mismos lados de la mesa.
Una reforma que necesita siete grupos y no convence del todo a ninguno no fracasa por falta de voluntad: fracasa por exceso de cálculo.
Con la legislatura agotada, el proyecto decae. La disolución de las Cortes extingue las iniciativas en tramitación, de modo que este tercer intento no muere por un voto en contra, sino por el reloj. Es la diferencia entre un fracaso parlamentario y un fracaso político. Aquí se suman los dos.
Desobediencia y respeto a la policía: el nudo que no se ha desatado
El debate de fondo es cómo se equilibra la seguridad con derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de reunión. Las entidades que han sostenido la campaña por la derogación —asociaciones de periodistas, plataformas de derechos civiles, colectivos vecinales y sindicatos— sostienen que la norma sigue produciendo un efecto disuasorio sobre la protesta en la calle. Interior replica que la protección de los agentes es una condición previa, no un obstáculo, para cualquier reforma.
Un texto que no satisface a nadie. Ni a los socios que exigen una derogación real, ni al Gobierno, que ha de gestionar la crítica de quienes le acusan de perpetuar una norma heredada del PP. Ese doble flanco explica la parálisis mejor que cualquier disputa semántica sobre el articulado.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz se asume que la carpeta de seguridad ciudadana es una de las más sensibles del mapa parlamentario. La dirección federal ha gestionado estos años con mayoría frágil y con socios que no siempre comparten calendario ni prioridades, y ha preferido no forzar una votación que dejara a la vista la distancia real con ERC, Junts y EH Bildu. Fuentes parlamentarias consultadas por este medio describen un cálculo constante: mejor un texto aplazado que un texto derrotado en el Pleno.
El aterrizaje territorial es doble. Por un lado, la aplicación de la norma en la calle ha sido materia de de roce recurrente con los ejecutivos autonómicos que comparten proyecto político con el PSOE, singularmente en Navarra, donde el PSN-PSOE gobierna en coalición. Por otro, la reforma era una demanda histórica de los colectivos que se movilizaron contra la ley en 2015, y ese electorado sigue mirando con lupa cada prórroga. La paradoja socialista es incómoda: la norma que se prometió derogar sigue aplicándose con firma socialista.
La lectura a medio plazo obliga a mirar el precedente. El PSOE ya ha demostrado capacidad de reabrir carpetas que parecían cerradas —el debate sobre el modelo territorial o la fiscalidad de las grandes fortunas son dos ejemplos—, y la reforma de la seguridad ciudadana sigue en el imaginario de la militancia como una deuda pendiente. El riesgo es distinto: el PP utilizará cada nuevo intento para hablar de bloqueo, y los socios, de falta de ambición. Ferraz necesita llegar al próximo ciclo con un texto preacordado, no con una promesa más. La próxima ventana crítica será el arranque del nuevo periodo de sesiones.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Compromiso con los derechos civiles: la reforma de la ley mordaza sigue en la agenda socialista y no se entierra.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE), con el Grupo Parlamentario Socialista como gestor de la negociación.
- Próximo hito: Pendiente de confirmar por Ferraz: si la reforma vuelve a registrarse al inicio del próximo periodo de sesiones.
