La Junta de Andalucía ha movilizado UVI móviles del 061 y equipos forenses de Sevilla y Córdoba hacia Urda, en la provincia de Toledo. El choque entre un tren AVE y otro de la operadora Iryo, ocurrido este miércoles 28 de octubre, deja al menos 64 fallecidos y 80 heridos, según los datos que maneja la administración autonómica. La comunidad ha respondido con un dispositivo de identificación y de atención a víctimas coordinado con el Gobierno central.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Un AVE y un tren de Iryo han chocado en Urda (Toledo). El balance provisional es de al menos 64 muertos y 80 heridos, según la información trasladada por la Junta de Andalucía.
- ¿Dónde y quién? En Urda, en la provincia de Toledo. La Junta activa los institutos de medicina legal de Sevilla y Córdoba, UVI móviles del 061 y el servicio de asistencia a víctimas, en coordinación con el Ministerio de Justicia y la Comisión Nacional de Sucesos con Víctimas Múltiples.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Cualquier familia andaluza con un allegado afectado puede recibir ya atención psicológica, social y jurídica en su provincia, sin desplazarse a Castilla-La Mancha.
Cuatro médicos forenses de Sevilla y Córdoba, ampliables según avance la identificación
El primer desplazamiento lo firman los institutos de medicina legal de Córdoba y Sevilla, activados por la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local que dirige el vicepresidente segundo Manuel Gavira. Los IML son los órganos de la Junta que practican las pericias médico-forenses en la comunidad; en este operativo trabajarán bajo la coordinación de las autoridades responsables de la emergencia. Cuatro médicos forenses, dos por cada provincia, con la cifra ampliable conforme se detecten necesidades sobre el terreno.
El trabajo de esos especialistas se centrará en la identificación de los fallecidos. Lo harán junto a la Guardia Civil en las zonas antemortem habilitadas para la recogida de muestras de ADN de los familiares, un paso previo imprescindible para cruzar datos y poner nombre a las víctimas. Cuatro forenses y dos provincias implicadas en la primera hornada, aunque la Consejería insiste en que el dispositivo es elástico y crecerá si la identificación se complica.
El ofrecimiento andaluz llegó al Ministerio de Justicia y a la Comisión Nacional de Sucesos con Víctimas Múltiples, y el Gobierno de España lo aceptó. La Consejería también ha autorizado la movilización de profesionales de psicología y de trabajo social, y mantiene abierta la coordinación con la Guardia Civil para incorporar efectivos a medida que la emergencia lo exija.
El SAVA atiende ya a las víctimas andaluzas en las ocho provincias
La Consejería ha puesto a disposición de todas las víctimas los recursos del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), presente en las ocho provincias andaluzas. La atención cubre el plano psicológico, el social y el jurídico, tanto para los afectados directos como para sus familiares. Es la vía más rápida para una familia de Sevilla, Córdoba o de cualquier otro punto de la comunidad que tenga un allegado en el siniestro: no hace falta viajar a Toledo para empezar a recibir apoyo.
En paralelo, la Consejería trabaja con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) y el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales (Cacop) para cubrir las posibles necesidades jurídicas de las víctimas andaluzas y de sus familias. El departamento que dirige Manuel Gavira ha trasladado su «consternación» por un «horrible suceso», su solidaridad con los afectados y su disposición a «facilitar el esclarecimiento de la verdad y depuración de las responsabilidades oportunas», según la nota difundida por la Junta de Andalucía.
La solidaridad andaluza no se queda en el comunicado: cuatro forenses de Sevilla y Córdoba y el SAVA de las ocho provincias ya están en marcha.
La Lectura Andaluza
Andalucía tiene competencias propias en materia de justicia y de sanidad, y eso explica la velocidad de la respuesta. Los institutos de medicina legal dependen de la Junta, igual que el 061, el servicio de urgencias y emergencias sanitarias que opera las UVI móviles; la Consejería pudo activar a sus especialistas con margen para integrarse en el mando único que coordina la Comisión Nacional de Sucesos con Víctimas Múltiples. No es un detalle menor: en una catástrofe con decenas de fallecidos, cada hora ganada en la recogida de muestras es una hora menos de incertidumbre para las familias.
Para el lector andaluz, la utilidad es muy concreta. Una familia de Sevilla o de Córdoba con un allegado en el AVE siniestrado no tiene que cruzar la península para ser atendida: el SAVA cubre las ocho provincias y ofrece apoyo psicológico, social y jurídico. El dispositivo forense, además, es ampliable, y la Consejería mantiene abierta la coordinación con la Guardia Civil para incorporar más efectivos si la identificación de los 64 fallecidos se alarga en el tiempo, un escenario que los protocolos de víctimas múltiples contemplan como habitual.
Lo que viene ahora es tiempo de identificación, de muestras de ADN y de trámites. Cadeca y Cacop articularán la asistencia jurídica de quienes tengan que reclamar, y el ofrecimiento andaluz seguirá sobre la mesa mientras la Comisión Nacional lo considere necesario. Andalucía, que sabe mucho de gestionar emergencias propias, ha demostrado esta vez que la solidaridad también se mide en kilómetros recorridos en sentido contrario: hacia el lugar donde está el problema.
