EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Feijóo ha adelantado que el programa del PP para el 29-N incluirá multas a los padres de menores implicados en disturbios, un delito específico de captación de adolescentes por bandas y una agravante para quien oculte la cara en actos violentos.
- ¿Quién está detrás? El equipo de Feijóo en Génova y el portavoz del GPP en el Congreso, Miguel Tellado, que atribuyó al Gobierno la ‘responsabilidad política’ de los altercados de Bilbao.
- ¿Qué impacto tiene? Coloca la seguridad en el eje de la precampaña y abre la comparación con el modelo de Giorgia Meloni en Italia, con multas de 500 a 1.000 euros a los progenitores.
Alberto Núñez Feijóo propone multar a los padres de los menores que participen en actos de violencia callejera. El líder del PP quiere además agravar las penas para quienes se cubran la cara al cometerlos y castigar como delito la captación de adolescentes por bandas. Todo irá en el programa electoral del 29 de noviembre, según ha avanzado El Mundo, en plena precampaña y con la seguridad instalada otra vez en el primer plano del debate.
Multa al tutor, internamiento y agravante: qué hay exactamente en el documento
Los disturbios de la última semana han hecho el resto. La Ertzaintza detuvo el lunes en Bilbao a 19 personas, siete de ellas menores de edad, por la quema de coches, contenedores, y el asalto de comercios, en una protesta en la que se corearon consignas proetarras. El sábado anterior, Barcelona vivió saqueos masivos y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra: 128 detenciones, de las que 72 correspondieron a menores. El 56% del total.
El borrador programático de seguridad es explícito: ‘Las familias serán parte de la respuesta cuando haya menores implicados en actos violentos’. La fórmula elegida es la multa directa a los padres o tutores, además de la responsabilidad civil que ya corresponda por los daños causados. El PP aplicará ‘consecuencias’ a quienes, ‘con conocimiento de la participación reiterada del menor en actos violentos y pudiendo razonablemente impedirla, incumplan de forma grave sus deberes de guarda y vigilancia’, según el texto que maneja el equipo de Feijóo.
El espejo es Italia. La primera ministra Giorgia Meloni aprobó la semana pasada un decreto con medidas específicas para menores después de los incidentes de Milán, donde el 80% de los 271 detenidos no había cumplido la mayoría de edad. El paquete contempla multas de entre 500 y 1.000 euros a los padres, que se duplican en caso de reincidencia, y la posibilidad de reclamarles el pago de las indemnizaciones por los destrozos.
En Génova no ocultan la lectura política. ‘La seguridad se soluciona con firmeza y también con gestión. Tenemos un marco diferencial con Sánchez, porque es su bando el que está alimentando la violencia y agitando las calles’, trasladan fuentes de la cúpula popular a este medio. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, atribuyó el lunes al Ejecutivo la ‘responsabilidad política’ de los altercados de Bilbao y contrapuso dos maneras de gobernar: la que apela a la emocionalidad y la que gestiona.
El PP no discute tanto quién vigila la calle como quién responde cuando el menor es la mano y el adulto, el escudo.
El aval del año 2000: cuando la factura a los padres frenó la kale borroka
Los populares recurren a un precedente propio. La kale borroka se redujo de forma notable en las calles del País Vasco cuando los padres empezaron a responder económicamente por los destrozos, incendios y daños que causaban sus hijos menores, merced a la ley que aprobó el Gobierno de José María Aznar en el año 2000. Aquel giro legal, y también social, convirtió la factura en herramienta de disuasión. La violencia callejera dejó de ser un juego sin coste para las familias.
El programa incorpora un segundo bloque, orientado a golpear la estructura de las bandas. ‘Castigaremos como delito propio la captación y utilización de menores para cometer delitos’, y se reformará la Ley del Menor para que, en delitos graves cometidos con violencia, armas o en el seno de grupos organizados, ‘se incremente el tiempo de internamiento en centros cerrados, acompañado de formación y educación’.
La tercera pata afecta al Código Penal. Ocultar el rostro para cometer actos violentos agravará la responsabilidad penal, ‘recuperando la agravante que el Gobierno de Sánchez eliminó del Código Penal en 2022. Una supresión cuya consecuencia práctica es más difícil de explicar en un juicio: sin rostro no hay identificación, y sin identificación la cadena se rompe antes de llegar al autor material.
El Eje del Poder Popular
Lo que observamos en Génova es un movimiento de doble dirección. Hacia fuera, el PP se sitúa como el partido de la firmeza frente al desorden y traslada al Gobierno la carga de haber tolerado la escalada. Hacia dentro, la dirección nacional cierra filas con los barones y con los ayuntamientos populares, que son los primeros en recibir la factura de los destrozos. Los regidores del PP llevan meses reclamando un marco legal más contundente y el programa llega con esa demanda como bandera.
El aterrizaje territorial no es menor. Las 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP gestionan buena parte de las políticas de juventud, educación y servicios sociales que rodean al menor infractor, y son también las que sufren de forma directa los episodios de violencia en la calle. La multa a los padres, el internamiento reforzado y la formación en centros cerrados encajan en esa arquitectura autonómica, aunque su plasmación exige mayoría en el Congreso, porque tocan el Código Penal y la ley orgánica que regula la responsabilidad penal de los menores.
El precedente histórico juega a favor del PP. La ley de 2000 desactivó buena parte de la violencia callejera en Euskadi por la vía de la responsabilidad familiar, y la reforma de 2022 que suprimió la agravante del rostro cubierto pertenece al mismo debate que ahora regresa. La lectura estratégica es otra: el PSOE y sus socios tendrán que explicar por qué votan en contra de exigir responsabilidades a los tutores que miran a otro lado. Vox, que ha hecho de la seguridad su bandera, lo tendrá complicado para desmarcarse.
El riesgo existe y conviene nombrarlo. Si la propuesta se queda en anuncio de campaña y no se tramita en los primeros meses de legislatura, el PP perderá el rédito de la firmeza y alimentará la sospecha de que solo buscaba titular. La ventana es estrecha: entre el 29 de noviembre y la constitución de las Cortes hay semanas decisivas, y en Génova ya se trabaja con la hipótesis de un Grupo Parlamentario Popular con peso suficiente para registrar una proposición de ley en el primer periodo de sesiones.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Firmeza frente a la violencia callejera: el PP como partido del orden y de la gestión, frente a un Gobierno que mira hacia otro lado.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del Partido Popular).
- Próximo hito: Presentación íntegra del programa electoral del PP, antes del 29 de noviembre.
