La causa judicial de la DANA suma ya 690 testimonios y 548 resoluciones dictadas por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra.
El juzgado que instruye la catástrofe del 29 de octubre de 2024 está en Catarroja, una de las localidades que la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos, el fenómeno meteorológico que arrasó buena parte de la provincia de Valencia) atravesó de lado a lado. El palacio de justicia quedó anegado. Por eso los primeros meses, desde enero de 2025, la instrucción se centralizó en la Ciudad de la Justicia de Valencia: la magistrada trabajaba sobre el sumario mientras su propio edificio se reconstruía.
Ruiz Tobarra nació en Valencia en 1973 y lleva más de veinte años en la carrera judicial. Perfil discreto, su nombre quedará unido a una palabra de nuevo cuño que los afectados escriben en minúscula: dana.
690 testimonios y 548 resoluciones: el relato que no cabe en una sola sala
La instrucción acumula 690 testimonios y 548 resoluciones desde enero de 2025, según los datos que traslada el propio juzgado. Lo primero que tuvo que leer la magistrada fue el relato en lenguaje policial de las denuncias de familiares de muertos, heridos y desaparecidos. Documentación en forma de escritos, vídeos, audios, e informes periciales que no ha dejado de llegar.
Hoy son 233 los fallecidos confirmados. En el juzgado permanecen abiertos seis expedientes más, casos en los que los allegados sostienen que la muerte se produjo a consecuencia de la inundación. La distinción importa: de ella depende que los investigados puedan ser acusados de homicidio por imprudencia.
Cada uno de los 690 testimonios es una hora concreta del 29 de octubre que alguien tuvo que contar en voz alta.
El volumen de pruebas ha obligado a la jueza a ampliar el plazo de instrucción hasta abril de 2027. Eso no significa que ese mes la investigación esté cerrada. Las prórrogas se dictan por seis meses y no existe un número máximo de ellas, de modo que el calendario judicial y el calendario político pueden cruzarse sin avisar.
Las próximas elecciones autonómicas están previstas para la primavera de 2027. Puede ocurrir que la instrucción siga viva cuando los valencianos acudan a las urnas. Y eso toca de lleno a un actor central de esta tragedia: Carlos Mazón.
Dos investigados y un aforado que quedó fuera del sumario
La jueza mantiene como investigados, desde que el reparto judicial le atribuyó todas las responsabilidades asociadas a la inundación, a las dos personas que según su criterio estaban al mando de la emergencia: Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, secretario autonómico de Seguridad y Emergencias.
Con Mazón el camino fue otro. La magistrada elevó una solicitud al TSJ (el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana) para que investigara al entonces president, protegido por su condición de aforado. El tribunal lo rechazó. Llegó después el respaldo de la Audiencia Provincial y hoy el expresident de la Generalitat está personado en la causa. La puerta, sin embargo, no se cerró del todo.
Entre las diligencias pendientes que la instructora ha citado expresamente figura un requerimiento a las empresas internacionales de mensajería. La jueza quiere los mensajes que el expresident intercambió con sus colaboradores en la tarde del 29 de octubre de 2024.
Si la instrucción se extiende más allá de las elecciones y Mazón no figura en las listas del PP, perdería el aforamiento. Solo entonces podría investigarlo. El pronunciamiento del TSJ señaló que en aquel momento no había indicios suficientes, pero no cerró la puerta a que aparezcan nuevos.
Mientras tanto, por el juzgado de Catarroja siguen desfilando alcaldes, técnicas municipales, peritos y familiares. El relato de aquellas horas se acumula en detalles pequeños: llamadas que no se hicieron, peticiones de socorro que no encontraron respuesta, mensajes que llegaron tarde o que no llegaron nunca.
El Escenario Valenciano
En la Generalitat Valenciana el foco está en otro sitio. El Consell de Pérez Llorca —el ejecutivo autonómico que preside Juanfran Pérez Llorca desde el 2 de diciembre de 2025, tras la dimisión de Mazón el 3 de noviembre— gobierna con el respaldo de Vox mientras la reconstrucción avanza a ritmo desigual.
El PSPV y Compromís han situado la gestión de la DANA en el centro de su agenda en las Corts Valencianes desde hace dos años. La lectura es otra según quien la cuente: para el Consell, la prioridad es ejecutar; para la oposición, depurar responsabilidades antes de cerrar heridas.
La dimensión nacional es difícil de exagerar. La instrucción de Catarroja es el proceso penal de referencia en España sobre una emergencia de escala catastrófica, y su eco llega al Congreso de los Diputados, donde sigue abierto el debate sobre la coordinación entre administraciones y los protocolos de aviso a la población. También el Consorcio de Compensación de Seguros, el organismo estatal que cubre los daños de catástrofes naturales cuando el seguro privado no llega, ha tenido que rediseñar sus procedimientos. El precedente de la riada de Biescas de 1996 sirve de espejo.
La proyección es clara. La instrucción seguirá al menos hasta abril de 2027, con prórrogas de seis meses que nadie descarta. Las elecciones autonómicas de la próxima primavera pueden celebrarse con la causa abierta y con Mazón sentado en el grupo parlamentario popular. Lo que decida la jueza sobre los mensajes de aquella tarde y sobre los seis expedientes aún abiertos marcará el relato político de los próximos años, en Valencia y en Madrid.
Ficha del Caso
- El caso: El juzgado de Catarroja instruye desde enero de 2025 las responsabilidades penales de la DANA del 29 de octubre de 2024, la catástrofe que dejó 233 muertos confirmados en la provincia de Valencia.
- Datos importantes: 690 testimonios y 548 resoluciones; instrucción ampliada hasta abril de 2027 con prórrogas de seis meses; Salomé Pradas y Emilio Argüeso investigados; Carlos Mazón personado y aún aforado como diputado en las Corts.
- Resumen: La causa puede seguir abierta durante las elecciones autonómicas de 2027 y condicionar el debate político valenciano y nacional sobre la gestión de emergencias.
