Gabriel Le Senne afronta este miércoles la audiencia previa del juicio por un presunto delito de odio y mantiene su escaño en el Parlament balear. El president de la Cámara autonómica y líder de Vox Baleares se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial en la sesión que debe ordenar el juicio oral por romper la fotografía de Aurora Picornell y las Rojas del Molinar durante un pleno sobre la Ley de Memoria Histórica.
A su llegada a los juzgados, Le Senne se ha declarado ‘tranquilo’ ante las acusaciones. La cita le ha impedido asistir a las reuniones de la Mesa del Parlament y de la Junta de Portavoces, y había pedido el aplazamiento con ese argumento. La petición fue rechazada: el pasado viernes ya faltó a esas mismas reuniones porque viajó a Menorca para participar en un mitin de Santiago Abascal.
Las denuncias que sostienen la causa proceden de los familiares de Picornell y de la asociación Memoria de Mallorca. Sobre la mesa hay dos hechos: la rotura de la imagen de las víctimas del Molinar y la expulsión del hemiciclo de las dos diputadas del PSOE que forman parte de la Mesa.
El argumento de la defensa: un gesto político, no un delito de odio
La defensa y la Fiscalía coinciden en pedir la libre absolución. Sostienen que el comportamiento de Le Senne en la Cámara no fue delictivo porque no hubo intención de lesionar ni de discriminar a nadie. La actuación se produjo en el transcurso de un debate parlamentario y ese es el terreno en el que el partido sitúa el episodio: el de la confrontación política, no el del Código Penal.
El dato no es menor. Que la acusación pública se alinee con la absolución deja el caso apoyado en las acusaciones particulares y desplaza el debate a una pregunta de fondo: si un gesto de protesta dentro del hemiciclo puede castigarse con pena de cárcel.
Con la Fiscalía pidiendo la absolución, el caso queda en manos de las acusaciones particulares y de un debate sobre los límites del gesto político.
Qué se juega Le Senne: de 16 meses a cuatro años y el amparo pendiente en el Constitucional
Las acusaciones particulares piden penas que van desde los 16 meses de cárcel hasta los cuatro años. La Audiencia Provincial debe fijar ahora la fecha del juicio oral, coordinar las agendas de las partes y resolver las cuestiones previas que planteen los abogados; en la sesión de este miércoles, las partes han de pronuncarse sobre la prueba propuesta para ordenar el juicio.
En paralelo, el Tribunal Constitucional tiene pendiente un recurso de amparo de las dos diputadas del PSOE expulsadas, Mercedes Garrido y Pilar Costa. La Fiscalía del tribunal sí acusa en este caso a Le Senne de ‘vulnerar derechos fundamentales’ y pide estimar el recurso y anular la expulsión. El Pleno debía haber abordado el asunto el pasado mes de julio, pero la decisión se aplazó.
Son dos calendarios distintos y con lógicas distintas: uno penal, que aún no tiene fecha de juicio, y otro constitucional, que lleva meses esperando turno en el orden del día. La coincidencia de ambos frentes mantiene abierto un foco de desgaste sobre la Presidencia del Parlament.
La lectura estratégica: Baleares, el PP y el desgaste que Vox intenta contener
Le Senne no es un cargo cualquiera. Preside el Parlament balear y encabeza Vox en las Islas, de modo que el expediente judicial se proyecta sobre el conjunto del partido en un territorio donde la formación rompió en 2024 los gobiernos de coalición que mantenía con el PP, también en Baleares, a raíz del reparto de menores migrantes.
Desde entonces, el PP balear gobierna en solitario y no necesita pronunciarse sobre el fondo del caso. Cada comparecencia judicial del president de la Cámara refuerza, en cambio, el relato de Vox: que la vía judicial se emplea contra sus cargos por sus posiciones políticas y no por hechos delictivos.
El precedente inmediato está en la propia Audiencia Provincial. La fijación de fecha del juicio oral llegará después de que las partes concreten la prueba, y ese calendario marcará el pulso político del próximo trimestre en Baleares: un president de la Cámara sentado en el banquillo mientras sigue despachando desde la Mesa del Parlament.
La incógnita no es tanto el resultado penal como el desgaste acumulado. Vox ha hecho de la defensa de sus cargos inmersos en procedimientos judiciales una línea de actuación sostenida, y en Baleares esa estrategia tiene un coste adicional: la Presidencia de la Cámara es la posición institucional de mayor visibilidad del partido en las Islas.
El siguiente hito es procesal: la Audiencia Provincial debe cerrar la fecha del juicio oral y el Constitucional tiene aún que resolver si hubo vulneración de derechos en la expulsión de las diputadas socialistas. Hasta entonces, Le Senne conserva el escaño y la Presidencia. Y el caso seguirá en el centro del debate político balear.
