La nueva tasación de las joyas de Zapatero baja a 1.023.320 euros y sitúa las piezas más valiosas después de 2007. El informe lo firma la joyería Yanes por encargo del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, y rebaja la cifra que había fijado Ansorena en una primera pericial.
Qué dice la segunda tasación y por qué la fecha de las piezas es lo decisivo
El hallazgo se remonta al pasado mes de mayo. Durante el registro de la oficina del expresidente del Gobierno, los agentes localizaron más de 60 joyas en en una caja fuerte. Las piezas quedaron bajo custodia judicial y el titular del juzgado abrió una pieza separada del caso Plus Ultra para depurar su origen y su tratamiento fiscal. Zapatero figura en ella como investigado por un presunto delito fiscal y otro de contrabando, tipificados en la legislación penal y en la Ley de Contrabando. Conviene precisarlo: investigado no es condenado, y el procedimiento sigue en fase de instrucción.
La primera pericial la firmó Ansorena, que situó el conjunto por encima de 1,3 millones de euros. Yanes rebaja ahora la estimación hasta los 1.023.320 euros, una diferencia de unos 280.000 euros que no altera la naturaleza del hallazgo pero sí el perímetro económico del expediente. El juez solicitó una segunda opinión para contrastar la primera, un paso que no es infrecuente cuando las cifras de partida condicionan el análisis del sumario.
El dato que de verdad mueve el relato es la cronología. La tasación sitúa las piezas de mayor valor después de 2007, según la información publicada por infoLibre y El País. La versión que sostiene el expresidente es que las joyas le fueron entregadas por el entonces rey de Arabia Saudí en junio de 2007, durante una visita oficial a España, como muestra de atención personal. Si las joyas más caras son posteriores a esa fecha, el relato del regalo pierde consistencia. Ahí está el nudo.
El auto que deja a la defensa sin su diligencia clave
El martes, Calama rechazó la comisión rogatoria que había solicitado la defensa. Una comisión rogatoria es la diligencia que un juez cursa a las autoridades de otro país para que practiquen una prueba en su territorio. El magistrado argumentó que la petición ‘carece, en el momento presente, de un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia’, y recordó que Zapatero dispone de ‘medios directos para intentar obtener la corroboración de los hechos que afirma’.
Lo que pesa en el sumario no es el precio de las piedras, sino la fecha en que se supone que llegaron.
El auto no cierra la instrucción ni anticipa el fondo del asunto. Deja la carga de la prueba documental donde el procedimiento la coloca: en quien afirma el origen del obsequio. Contra las decisiones de instrucción cabe recurso ante el órgano superior, aunque por ahora no consta que la defensa haya activado ese trámite.
La diferencia entre 1,3 millones y 1.023.320 euros tiene más recorrido político que judicial. La primera cifra construyó el marco del caso; la segunda matiza la magnitud. Ese matiz es útil a la defensa y no altera el hecho central: el hallazgo se produjo en una caja fuerte, en una oficina y en el marco de una investigación en curso.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz la consigna es la separación institucional. José Luis Rodríguez Zapatero dejó la secretaría general del PSOE en 2012 y no ocupa cargo alguno en la Ejecutiva Federal ni en la Comisión Permanente; su relación con la dirección actual es de cortesía y distancia, según fuentes de la dirección federal consultadas por este medio. El expresidente no está en los carteles ni en las cumbres autonómicas, y cuando interviene lo hace a título personal. Ese diseño, que no es nuevo, permite al partido responder con un argumento sencillo: no hay responsabilidad orgánica que depurar.
La oposición ha utilizado el caso para reclamar explicaciones públicas al PSOE. Es su trabajo. La respuesta socialista pasa por recordar la presunción de inocencia, subrayar la condición de exdirigente sin funciones y devolver el foco a la agenda de gobierno: vivienda, salarios, dependencia y financiación autonómica. En Moncloa entienden que cada jornada dedicada a la caja fuerte es una jornada no dedicada a las medidas que sostienen el Estado del bienestar.
El aterrizaje territorial no es jurídico, es de calendario. Los presidentes autonómicos socialistas —García-Page en Castilla-La Mancha, Barbón en Asturias, Chivite en Navarra, Illa en Cataluña— nada tienen que ver con la pieza que instruye Calama, y ninguno ha convertido el asunto en bandera. Pero el ruido mediático se cuela en la conversación pública de sus territorios y complica el discurso cuando toca reivindicar gestión.
Ferraz ya atravesó un episodio de lógica parecida con la larga instrucción del caso de los ERE en Andalucía, años de desgaste en los que la dirección federal aprendió que la respuesta óptima consiste en separar planos, respetar los tiempos judiciales y no alimentar el espectáculo. La lectura a medio plazo es esta: el caso erosiona en la medida en que se convierte en tema de conversación diario, y deja de erosionar cuando el procedimiento avanza sin sobresaltos y la agenda social recupera la primera plana. El riesgo inmediato está en el calendario parlamentario: cada comparecencia y cada Pleno son una ventana para que la oposición instale el marco del caso.
Queda por ver si la defensa aporta la documentación que el juez le reclama y si el nuevo informe pericial llega al juzgado con detalle suficiente para reordenar la cronología del regalo. Mientras, el procedimiento sigue su curso en la Audiencia Nacional y el PSOE mantiene la misma línea: rigor con la justicia, agenda social y ninguna responsabilidad orgánica que asumir.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Separación institucional y presunción de inocencia: el caso afecta a un exdirigente sin cargo orgánico y la respuesta del partido es agenda social, no refriega judicial.
- Protagonista: José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente del Gobierno entre 2004 y 2011 e investigado en la pieza separada del caso Plus Ultra).
- Próximo hito: Pendiente de confirmar por Ferraz y por la defensa; el siguiente movimiento procesal es la aportación de documentación ante el juez Calama, sin fecha fijada.
