La lucha de los funcionarios de prisiones por ser agentes de autoridad, ser considerados profesión de riesgo y tener más medios materiales y humanos, ha comenzado a dar sus frutos antes incluso de la gran manifestación por la equiparación salarial que tienen convocada para el 21 de marzo a las 11.00 desde la sede del PSOE de la calle Ferraz hasta el Congreso de los Diputados, pasando por la Secretaria General y el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
La lástima es que han tenido que asesinar a una trabajadora y producirse una gran revolución, para que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska empiece a tomarse en serio las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones, después de que se hayan echado a la calle y hayan bloqueado el acceso a los centros penitenciarios desde primeras horas de la madrugada del 18 de marzo.
Al grito de ‘Todos somos Nuria’ se han concentrado en solidaridad ante el asesinato de la compañera en el centro penitenciario de Mas d’Enric, en Tarragona, hartos de ver cómo los dirigentes ignoran el escandaloso incremento de las agresiones que día a día sufren en las prisiones de todo el estado, mientras Instituciones Penitenciarias solo se preocupa de exaltar los logros de las terapias ‘buenistas’ rehabilitadoras y «casi siempre fallidas por otra parte», denuncian fuentes de Tu Abandono Me puede Matar (TAMPM).
MARLASKA DECLARARÁ AGENTES DE AUTORIDAD A FUNCIONARIOS DE PRISIONES
El sindicato ha criticado a Pedro Sánchez, porque «lamentó públicamente el fallecimiento de un terrorista de ETA y que dice defender los derechos de la mujer, aún no ha lamentado públicamente ni dado el pésame a la familia y compañeros de Nuria ni a los funcionarios de prisiones a los que tiene abandonados. No solamente usted, hasta el momento, ni su ministro Marlaska, ni el Ministerio de Interior ni Instituciones Penitencias han publicado ninguna condolencia. ¿Debemos pensar que para ustedes también son amnistiables quienes nos agreden y nos asesinan?», indicaba a primera hora del lunes 18 de marzo, deseando que en las siguientes horas tanto el ministro Marlaska, como el secretario general de Instituciones Penitenciarias se dignaran a acercar posturas y tratar de dar solución al problema.
Y así fue, pues el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, indicó durante esa jornada, en su comparecencia en el Senado, que entre sus prioridades para la presente legislatura está que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de autoridad, además de integrar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE) en el centro de coordinación 112 de Cataluña y Navarra.
Lo hizo mientras los funcionarios de prisiones mantenían sus protestas del fin de semana con cortes en los accesos a cárceles catalanas -comunidad con estas competencias transferidas- y pidiendo la dimisión de la consellera de Justicia catalana, Gemma Ubasart. Unas protestas que obligaron a las prisiones catalanas a anular 127 traslados de presos y videoconferencias con los juzgados desde el jueves de la semana pasada, cuando empezaron las protestas que bloquean las cárceles.
Fuentes de la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat han concretado que se han anulado 41 juicios en los que un preso tenía que asistir por videconferencia, y ocho traslados a los juzgados para juicios a los que tenían que asistir presencialmente. Según los datos del Servei Informàtic Penitenciari de Cataluña que ha compartido el departamento, también se han anulado 18 videoconferencias judiciales para otros fines y la asistencia a 60 diligencias judiciales.
Grande-Marlaska ha abogado por continuar su política de seguridad «sin caer en la autocomplacencia y con total voluntad de consenso», además de teniendo en cuenta la importante fragmentación política, reflejo de la pluralidad y la diversidad territorial, según ha indicado en el Senado. En materia penitenciaria, ha citado el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales de Instituciones Penitenciarias sobre mejoras laborales, a falta de constituirles como agentes de autoridad para que no sufran ningún perjuicio en el ejercicio de sus funciones, lo que quiere abordar a lo largo de la presente legislatura.
Otra previsión es integrar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Centro de Coordinación 112 de Cataluña y de Navarra, donde el objetivo es conseguir integrar las capacidades de todos los cuerpos policiales en el Centro de Coordinación 112 de la Comunidad Foral. La integración en los servicios de emergencias es una antigua reclamación de sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil, que denuncian que son relegados en las alertas que se gestionan en Cataluña y otras regiones que cuentan con policías autonómicas.
LOS SINDICATOS PIDEN DEPURAR RESPONSABILIDADES
Si bien, lo que los sindicatos reclaman es qué va a hacer la administración para que esto no vuelva a ocurrir, qué medidas de protección se pueden establecer en los centros penitenciarios y hasta cuándo habrá que seguir aguantando que haya más de 500 agresiones graves en las prisiones de la administración central y otras 500 aproximadamente en Cataluña, que tienen un concepto de agresión más amplio, pues también incluyen las que no dejan lesiones o que suponen solo daños psicológicos, y que si se contemplaran en el resto de España, aumentaría las agresiones por encima de las mil, según José Ramón López, presidente de ACAIP.
El sindicalista ha pedido que no se camufle la peligrosidad y la falta de medios, pues es insólito que no se les considere agente de la autoridad tratando con asesinos, violadores, etc., día tras día, cuando por la cosa más absurda puede estallar una disputa. «No es que vengamos con miedo, pero sí con mucho respeto», manifestaba a las puertas una cárcel madrileña, en solidaridad con los compañeros de Tarragona.
Interesa tener muchos presos en tercer grado y con pulsera y pocos presos de primer grado, porque son malos, y no se quiere pensar que son malos
También explicó que el caso de Nuria -la cocinera asesinada- ha sido especialmente doloroso. El interno que la mató fue expulsado en octubre de la cocina porque era muy violento y cuatro meses después le volvieron a dar el destino de cocina y ha matado a Nuria. «¿Quién es el responsable de esa vuelta? Nosotros queremos que se depuren responsabilidades», señalaba José Ramón López.
De hecho, el sindicalista da la clave de cuál es el problema. «Interesa tener muchos presos en tercer grado y con pulsera y pocos presos de primer grado, porque son malos, y no se quiere pensar que son malos. Cada uno tiene que estar en la clasificación que le corresponda. Pero hay políticas que deciden que se sea más laxo y eso es un problema muy grave», afirmó el sindicalista.
LEY MORDAZA Y RÉCORD DE AGENTES
Fernando Grande-Marlaska también ha anunciado que va a reforzar la lucha contra los ciberdelitos y atender a cuestiones pendientes como la reforma de la ley de seguridad ciudadana -la conocida como ‘ley mordaza’-, tras el fracaso en la anterior legislatura por los vetos cruzados de sus socios ERC y EH Bildu.
El titular del Interior ha defendido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan ahora con récord histórico de agentes. «No solamente hay más policías y más guardias civiles, sino que, además, están un 38 por ciento mejor pagados», ha comentado Marlaska, a pesar de la manifestación del fin de semana en la que policías y guardias civiles solicitaron mejoras en sus retribuciones tanto en activo como cuando se jubilan, sobre todo para estar equiparados a los cuerpos policiales autonómicos de País Vasco y Cataluña.
Grande-Marlaska ha cifrado en el 49% el incremento de efectivos policiales en la prevención y lucha contra la violencia de género; del 4,6% en la lucha contra el terrorismo; del 11,5% en seguridad ciudadana; de un 10,9% en policía judicial, especialmente para combatir el crimen organizado, o del 13,7% de plantillas de extranjería y lucha contra migración irregular.
