El diésel ruso ha entrado en Estados Unidos con el visto bueno de Trump y el gasóleo ha subido por segunda semana consecutiva: 6,35 dólares por galón, a 18 centavos del récord de septiembre. El acuerdo se vendió como un alivio inmediato en el surtidor. Los datos de la Administración de Información Energética estadounidense dicen otra cosa.
El precio ya había subido antes de que Trump firmara nada
El 9 de octubre, después de una llamada con Vladímir Putin, el presidente anunció en Truth Social que Rusia enviaría cientos de miles de toneladas de diésel ‘de inmediato’ y que el precio caería ‘en cifras récord, y rápido’. Ese mismo día, sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner trasladaron a los negociadores ucranianos en Miami que la Casa Blanca esperaba que el gesto ablandara la posición de Moscú en las conversaciones de paz. Witkoff se ha reunido con Putin nueve veces desde febrero de 2025.
La serie histórica desmonta la versión oficial. El diésel estadounidense se mantuvo por debajo de 3,90 dólares el galón desde agosto de 2025 hasta que arrancaron los ataques de EEUU e Israel contra Irán, el 28 de febrero. Ahí saltó casi un 25% en una sola semana, hasta 4,86 dólares. La escalada posterior, y no los drones ucranianos sobre las refinerías rusas, explica el nivel actual, según los datos de la EIA.
‘Si Rusia representa el 2,2% del suministro mundial de diésel, qué impacto puede tener en el precio. Es insignificante’, dijo Zelenskyy el 12 de octubre en el Foro de Seguridad de Varsovia. El informe de la AIE del 14 de octubre confirma que levantar la prohibición de exportación rusa apenas alterará el suministro global, porque a Rusia le falta capacidad de refino operativa. El propio viceministro de Exteriores ruso, Gueorgui Borisenko, situó la clave en otro lugar: la normalización del golfo Pérsico.
Lo que sí ha cambiado es el flujo de caja. El valor bruto de los cargamentos marítimos de crudo ruso alcanzó esta semana un máximo de guerra de 2.760 millones de dólares, unos 430 millones más que la semana anterior, según Bloomberg. El Instituto para el Estudio de la Guerra y el centro Carnegie Rusia-Eurasia coinciden en la lectura: el acuerdo abre a Moscú una vía de cooperación económica con Washington antes de cualquier arreglo en Ucrania.
Washington compró tiempo político con un gesto al Kremlin; lo que ha recibido es caja para Moscú y un surtidor sin alivio.
La oposición interna no es menor. Cuatro senadores republicanos y tres demócratas pidieron el 11 de octubre al Gobierno que ‘dé marcha atrás de inmediato. Dos días después, doce senadores de ambos partidos, entre ellos Mitch McConnell y John Cornyn, escribieron a Trump que el acuerdo tendrá ‘un impacto insignificante en los precios’ y que ‘es un regalo a nuestro adversario y una traición a nuestros aliados’. El congresista Don Bacon lo resumió el día del anuncio: Putin busca que Washington presione a Ucrania para que deje de golpear sus refinerías.
Un cargamento que no mueve la aguja
El Agioi Fanendes, un petrolero de bandera maltesa de tamaño medio, zarpó de Rusia el 23 de octubre rumbo a Estados Unidos cargado de diésel. Es el primer envío visible del acuerdo. Su volumen equivale a cerca del 2% del consumo mensual estadounidense, según CNBC. Goldman Sachs calcula que los dos primeros meses de entregas rebajarán el precio mayorista del golfo de México en apenas 1 o 2 dólares por barril, entre 2 y 5 centavos el galón.
El agujero que se pretende tapar está en otro sitio. Las exportaciones de diésel del golfo Pérsico cayeron a 390.000 barriles diarios en agosto, poco más de la cuarta parte de los niveles previos a la guerra. Los envíos rusos no cubren esa brecha ni de lejos, y la producción de diésel rusa ha bajado cerca de un 30% desde que se intensificaron los ataques a sus refinerías.
Ucrania pausó sus golpes a refinerías a petición de Trump; Rusia siguió castigando la red eléctrica y Kyiv reanudó los suyos. ‘Se acabó’, dijo Zelenskyy al Financial Times el 15 de octubre. En paralelo, responsables ucranianos acusaron a Washington de retener avisos de misiles y de estrangular la conectividad Starlink, imprescindible para su mando militar. Ambos servicios han sido restablecidos, según el presidente ucraniano. Entre el lunes y el martes, Rusia lanzó 16 misiles balísticos y más de 280 drones contra infraestructura energética, logística y urbana. La comisión de investigación de la ONU concluyó que esos ataques constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Equilibrio de Poder
La lógica de la Casa Blanca es electoral y cortoplacista. El 84% de los votantes registrados considera la economía ‘muy importante’ para su voto y el 54% dice lo mismo de la política energética, según una encuesta del Pew Research Center realizada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre. Con las legislativas del 3 de noviembre a la vuelta de la esquina, el gesto hacia el Kremlin sirve para exhibir gestión, no para mover el surtidor. La administración ha elegido un chivo expiatorio —los drones ucranianos— que los propios datos federales desmienten.
Moscú cobra por dos vías. La primera es financiera: más liquidez para el esfuerzo de guerra sin rebajar una sola exigencia. La segunda es diplomática: la economía como moneda de cambio. ‘El acuerdo diésel da a Putin la oportunidad de avanzar en cooperación económica con Washington antes de cualquier arreglo en Ucrania’, escribió la investigadora Tatiana Stanovaya el 14 de octubre. Y añadió la clave: ‘Los acuerdos económicos pueden convivir con demandas intactas sobre Ucrania y con la presión militar sostenida’. El análisis del ISW apunta en la misma dirección: incentivos económicos para extraer concesiones políticas.
Bruselas asiste al espectáculo con incomodidad. Zelenskyy llevó el asunto a la cumbre europea del 16 de octubre: ‘Este acuerdo nunca bastará para compensar el impacto del estrecho de Ormuz en los mercados globales, pero meterá más dinero directamente en el bolsillo de Putin’. Para España la exposición es doble. Primero, el precio: el gasóleo nacional se referencia a los mercados del Mediterráneo y del norte de Europa, y cualquier tensión en Ormuz se traslada al transporte, la pesca y el campo. Segundo, el refino: el regreso del diésel ruso al circuito occidental altera las referencias con las que operan complejos como Cartagena, Puertollano o Bilbao, obligados a competir con un producto que vuelve sin el descuento de la sanción.
La lectura a cinco años es otra. Cada excepción erosiona la arquitectura sancionadora: el precedente que se consolida no es el del alivio puntual, sino el de que las sanciones son negociables a cambio de gestos. Ya ocurrió con el acuerdo del grano de 2022, cuando Moscú firmó, cobró oxígeno diplomático y se retiró doce meses después. Nadie en Bruselas cree que este sea el último paquete. Y el problema de fondo sigue intacto: la AIE sitúa el cuello de botella en el golfo Pérsico, no en los Urales.
Queda un hito inmediato para medir el coste real. Las legislativas del 3 de noviembre decidirán cuánto dura la excepción y el próximo informe mensual de la AIE dirá si el diésel ruso ha movido algo más que la propaganda. Lo que observamos, por ahora, es un mercado que sube por Irán y una sanción que se ablanda sin contrapartida verificable en el campo de batalla.
