«Necesitamos más personal, medios y formación para estar preparados y tener seguridad ante las reacciones violentas» vuelven a reivindicar desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) tras el motín que protagonizaron cerca de 80 internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche a raíz de la protesta de uno de ellos que se quejaba de no haber recibido la medicación a tiempo.
SUP de Madrid ha solicitado, como ya hizo en marzo, que el CIE tenga un catálogo propio de al menos 90 personas para gestionar la seguridad y permitir la autogestión en permisos y vacaciones, sin tener que desplazar a los policías asignados a los grupos operativos de extranjeros e investigación.
Además, el sindicato se queja de que pese a las recientes obras en el edificio que fue un antiguo hospital penitenciario de la famosa cárcel franquista de Carabanchel, el CIE no ha mejorado su dinámica de trabajo ni reducido el número de policías requeridos, incluso se necesita más personal que antes. El complejo sistema de esclusas exige un mínimo operativo de tres personas por zona de seguridad.
Esta demanda es ahora más urgente si cabe tras el motín del pasado viernes 5 de abril por la tarde en el patio. Según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid fue necesario el despliegue de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para controlarlo, para apoyar a los 9 agentes del centro. Uno de los internos tuvo que ser trasladado al hospital al sufrir cortes con cristales rotos en el centro, pues los sublevados arrasaron la zona de baños, la de ocio y las cámaras de seguridad, rompiendo diverso mobiliario, puertas y ventanas incluidas.
ORGANIZACIONES VECINALES PIDEN EL CIERRE DE LOS CIE
Por ello, desde Confederación Española de Policía (CEP) han hecho un reconocimiento a los compañeros que soportan «ese destino tan penoso». Agentes que además fueron señalados con anterioridad de un episodio de malos tratos por la denuncia presentada por medio centenar de migrantes en el juzgado número 20 de Madrid.
A raíz de esa denuncia, y otras que hubo anteriormente, diversas organizaciones vecinales, sociales, de migrantes y derechos humanos como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH) y la Plataforma CIEs No de Madrid, reclaman el cierre de este CIE, al igual que el del resto que existen en España.
Muchas de esas asociaciones defienden que no pueden estar en un centro de reclusión y privadas de su libertad personas que solo han cometido una falta administrativa, por no disponer de documentación en regla, bien sea un permiso de residencia, de trabajo, estatuto de refugiado, no tener certificado de empadronamiento, etc. Además, creen que en algunos de estos centros tienen menos derechos humanos que las personas reclusas en una cárcel ordinaria, en cuanto a comunicación con abogados, familiares, etc.
Desde JUPOL recuerdan que llevan tiempo advirtiendo del problema del CIE de Madrid y estos hechos no hacen más que refrendarles. Por ello insisten en que se debe buscar una solución inmediata para la seguridad de todos.
CARENCIAS DEL CIE
A principios de año, JUPOL denunció la improvisación del Ministerio del Interior en materia de inmigración irregular y las peticiones de asilo de extranjeros, coincidiendo con el traslado de varios inmigrantes que estaban en las colapsadas salas de asilo del aeropuerto madrileño de Barajas al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, concretamente tras la polémica fuga que se produjo de las instalaciones de Barajas.
JUPOL denunció que la reapertura del CIE de Aluche se había llevado a cabo de manera precipitada, sin haber realizado una evaluación de riesgos laborales tras las obras y sin llevar a cabo simulacros de emergencias que garantizarán la seguridad, tanto de los internos del centro como de los agentes que prestan servicio. Del mismo modo, JUPOL denunció que este CIE no contaba con el personal policial suficiente para asumir con garantías la llegada de internos, una falta de personal que el sindicato cifraba en un 30% de los funcionarios actuales.
Desde CIEs No Madrid consideran «frecuente que, en contextos de privación de libertad, se produzcan altercados derivados de la desesperación de las personas que se encuentran allí internadas» y que estos centros deberían contar con «personal especializado en salud mental, como venimos reclamando desde hace años y como ordenaron los juzgados de control responsables del CIE de Madrid en sus más recientes expedientes gubernativos», informa la plataforma.
EN ESPAÑA HAY 7 CIE
Actualmente existen siete CIE en España: Madrid (Aluche), Barcelona (Zona Franca), Murcia (Sangonera), Valencia (Zapadores), Algeciras (La Piñera), Tenerife (Hoya Fría) y Las Palmas de Gran Canaria (Barranco Seco). Además, otras instalaciones, como Las Palomas en Tarifa, cumplen las mismas funciones, pero no se incluyen en los listados oficiales. Los CIE de Málaga y Fuerteventura se cerraron en 2012.
Otro dato a tener en cuenta es que según la radiografía de la organización Mundo en Movimiento en su informe ‘Represión y encierro. Análisis interseccional de la violencia en el internamiento de personas extranjeras’, durante los años 2021 y 2022 pasaron 915 hombres y 62 internas, la mayoría de ellas trabajadoras sexuales, y sobre todo, de América Latina (65 %) y de Europa del Este (19 %). Al menos un 68% de las mujeres relató que durante su estancia en el CIE sufrió violencia, referida tanto al trato degradante o vejatorio, negación de derechos o denegación de asistencia), como agresiones físicas y psicológicas. Más de dos tercios de las mujeres internas en 2021 y 2022 fueron liberadas (68 %) y el tiempo medio de internamiento fue de 26 días.
En cuanto a su salud, el informe indica que al menos el 45% de los internos tenía problemas de salud mental diagnosticados antes de su internamiento y por lo menos el 79 % confirma que el encierro tuvo efectos negativos sobre su estado.
