Casi todos los extranjeros del Centro de Internamiento (CIE) de Aluche han quedado en libertad, por lo que las instalaciones ya están casi vacías y solo cinco internos permanecían allí esta tarde, han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
El Ministerio del Interior, del que dependen estos CIEs, ha ido soltando durante las últimas semanas del estado de alarma a la mayoría de los extranjeros internos en todos los centros de España, por lo que quedarían menos del 10 por ciento de media.
En Aluche ha sido así y ayer solo quedaban 14, por lo que posiblemente no queda ninguno mañana o en los próximos días, aunque la asociación ‘CIEs No’ ha señalado que ya no hay nadie dentro. De esta forma, el centro se cerrará temporalmente y solo quedara una pequeña vigilancia, destinándose los agentes a otras áreas de atención de la crisis.
Según las mismas fuentes, esta decisión ha sido tomada por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, después de que se hayan suspendido todos los vuelos de repatriación, se hayan aplazado todos los plazos administrativos (también los de expulsión) y no se conozca todavía cuándo terminará la crisis sanitaria ni el estado de alarma.
Ante esta imposibilidad, han procedido a liberar a los extranjeros y les han puesto a disposición de casas de ONG, amigos y familiares cercanos controlando la dirección en la que permanecerán durante el estado de alarma. Cuando termine, los reclamarán para formalizar la expulsión decretada, por lo que podrían volver temporalmente al CIE.
EL DEFENSOR DEL PUEBLO YA PIDIÓ SU LIBERACIÓN
Hace dos semanas el Defensor del Pueblo pidió la liberación de estas personas porque se encuentran «en una situación particularmente vulnerable» en el escenario de la crisis sanitaria actual, que además «impide» que se pueda materializar la devolución o expulsión a su país de origen.
Así respondió esta institución a la queja presentada días antes por la Asociación de Abogados Extranjeristas, que denunciaba que, al decretarse el estado de alarma por la crisis del COVID-19 y ante las restricciones impuestas por terceros países a personas procedentes de España, los CIE carecen de sentido porque «no se puede garantizar de ninguna manera» la deportación de los internos, que es el principal objetivo de estas instituciones.
Según sostiene el Defensor del Pueblo, las «excepcionales circunstancias» por la crisis del COVD-19 «han de tomar en consideración de modo prioritario la salud y la seguridad, tanto de los internos como de los funcionarios de policía y todo el personal que presta servicio en los CIE».
«Por ese motivo resulta imprescindible asegurar que esa puesta en libertad se realice en condiciones que permitan dar cumplimiento a las medidas decretadas en el estado de alarma para todos los ciudadanos», apostilla.
Así pues, para asegurar que se dan esas condiciones para la puesta en libertad de los internos, el Defensor del Pueblo explicó hace dos semanas que se encuentra en permanente comunicación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras así como con la Secretaría de Estado de Migraciones.
Por su parte, en una rueda de prensa el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, aseguró que toda persona interna en un CIE será puesta en libertad si durante la crisis del nuevo coronavirus y el obligatorio confinamiento que conlleva, supera el máximo de estancia legal en estos centros, fijado por ley en 60 días.
Además, dos días después del inicio del estado de alarma, varios internos del CIE de Aluche se subieron al tejado de las instalaciones para reclamar «libertad». Los colectivos que les apoyan denunciaron la «vulneración» de derechos hacia los internos por parte del Gobierno por considerar que «no estaban debidamente protegidos contra el Covid-19.
