En la actualidad, la transición energética y la lucha contra el cambio climático son objetivos prioritarios para garantizar un futuro sostenible. Canarias, siendo un territorio insular con recursos limitados, se enfrenta al reto de descarbonizar su economía y adaptarse a los efectos del calentamiento global. Para abordar estos desafíos, el Gobierno de Canarias ha impulsado un ambicioso Decreto Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que busca acelerar la transformación verde del archipiélago y adoptar medidas clave para la mitigación y adaptación al cambio climático.
Este Decreto Ley surge como una necesidad imperiosa para cumplir con la legalidad y armonizar la normativa canaria con la legislación estatal en materia de energía y clima. Además, la situación de emergencia energética que atraviesa Canarias y los objetivos de descarbonización establecidos por la Ley Nacional Integradora de Energía y Clima (PNIEC) han sido factores determinantes para impulsar esta revisión normativa. El objetivo principal es generar un marco legal que facilite la transición energética, fomente la implantación de energías renovables y establezca acciones concretas para la adaptación al cambio climático en el archipiélago.
Agilizando la Transición Energética en Canarias
Una de las principales modificaciones introducidas por el Decreto Ley es la creación de las Zonas de Aceleración de las Energías Renovables, en coordinación con los cabildos insulares. Estas áreas estarán destinadas a la implantación de proyectos de generación de energía limpia, agilizando su desarrollo y garantizando la protección ambiental del territorio. Además, se facilitará el aprovechamiento de suelos ya antropizados para la instalación de infraestructuras renovables, optimizando el uso del espacio disponible.
Otra medida clave es el impulso a la participación local en los proyectos de energías renovables. En los parques solares y fotovoltaicos de más de 2 MW de potencia, se promoverá la participación accionarial de la ciudadanía canaria de hasta un 20%. Esta iniciativa fomentará la implicación de la sociedad en la transición energética y contribuirá a la diversificación del modelo económico de las islas.
Además, se prevé la creación de un Plan Formativo Verde para impulsar el empleo en sectores clave relacionados con la economía baja en carbono. Esta acción busca preparar a la fuerza laboral canaria para los nuevos desafíos y oportunidades que conlleva la transición hacia un modelo productivo más sostenible.
Acciones Climáticas para la Adaptación y Mitigación
En cuanto a la lucha contra el cambio climático, el Decreto Ley contempla la creación de los Proyectos de Acción Climática. Estos proyectos estarán enfocados en mitigar los impactos del calentamiento global, como las olas de calor, la subida del nivel del mar y el aumento de las temperaturas. Para agilizar su implementación, se simplificarán los trámites burocráticos y se facilitarán las gestiones administrativas, reconociendo la urgencia de adaptarse a los efectos del cambio climático.
Con el fin de coordinar y gobernar las acciones climáticas, se creará la Comisión Canaria de Acción Climática y Energía, que involucrará a diferentes consejerías del Gobierno de Canarias. Además, se establecerá la Oficina Canaria de Acción Climática dentro de la Consejería de Transición Ecológica, actuando como órgano impulsor de estas actuaciones.
Otro aspecto relevante es la creación de la Empresa Pública Canaria de la Energía, que actuará como medio propio del Gobierno para la producción y comercialización de electricidad de fuentes renovables. Esta empresa pública tendrá como objetivo solventar situaciones de pobreza energética y contribuir al cumplimiento de los objetivos de la norma en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.
Gobernanza y Coordinación en la Transición Verde
El Decreto Ley reconoce la importancia de la colaboración y coordinación entre las distintas administraciones públicas. En este sentido, se impulsarán instrumentos autonómicos para fomentar la cooperación con cabildos y ayuntamientos, agilizando la subrogación de competencias. Los cabildos insulares deberán desarrollar los Planes Insulares de Acción Climática (PIAC), mientras que los municipios implementarán los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES).
El proceso de elaboración del Decreto Ley ha sido fruto de un amplio consenso y participación de diversos agentes. Se han mantenido más de 50 reuniones sectoriales con administraciones, organizaciones y expertos externos para incorporar aportaciones técnicas relevantes. Destacan las contribuciones del Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático y Fomento de la Economía Circular y Azul, la Mesa de Energía Renovable y las consejerías del Gobierno de Canarias involucradas.
Además, se ha contado con la colaboración de agentes económicos y sociales, como las universidades canarias, la Federación Canaria de Municipios (FECAM), el Comité de Expertos de Agenda Canaria 2030 y los participantes en la mesa de trabajo del Reto Demográfico de Canarias. Esta amplia participación ha enriquecido el contenido del Decreto Ley y ha permitido abordar de manera integral los desafíos de la transición energética y la adaptación al cambio climático en el archipiélago.
