En un nuevo desarrollo del caso conocido como «Tsunami Democrátic», la magistrada del Tribunal Supremo, Susana Polo, ha admitido la personación del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Esta decisión se produce en el marco de la investigación que se sigue por presunto terrorismo en relación con las protestas que tuvieron lugar en Cataluña en 2019, tras la sentencia del procés. La admisión de Puigdemont como parte en la causa le otorga el derecho a acceder a las actuaciones judiciales y a participar activamente en el proceso, a través de su representación legal.
La magistrada también ha accedido a la solicitud de la defensa de Puigdemont de reiniciar el plazo de 10 días para que se pronuncie sobre la aplicación de la Ley de Amnistía a este caso. Esta ley, aprobada en 2021, ha generado un intenso debate jurídico en relación a su posible aplicación a los hechos ocurridos en Cataluña en 2017. La defensa de Puigdemont argumenta que la Ley de Amnistía debería aplicarse en este caso, lo que supondría el archivo del procedimiento judicial.
Antecedentes del Caso y la Decisión del Supremo
El caso se remonta al 29 de febrero, cuando el Tribunal Supremo decidió asumir la competencia para investigar a Carles Puigdemont y al parlamentario de ERC, Ruben Wagensberg, por su presunta implicación en «Tsunami Democrátic». Esta plataforma, que operaba principalmente a través de redes sociales, fue señalada como una de las organizadoras de las protestas masivas que tuvieron lugar en Cataluña en octubre de 2019, tras la condena a los líderes del procés.
Las protestas, que se caracterizaron por su multitudinaria participación y en algunos casos por episodios de violencia, buscaban denunciar la sentencia del Tribunal Supremo y reclamar la independencia de Cataluña. El alto tribunal, al asumir la competencia del caso, argumentó que existían indicios de la posible comisión de un delito de sedición, lo que justificaba que la investigación recayera en el Tribunal Supremo.
La Incógnita de la Ley de Amnistía
La admisión de Puigdemont como parte en la causa y la suspensión de las declaraciones previstas abren un nuevo capítulo en este complejo proceso judicial. La incertidumbre se cierne sobre la posible aplicación de la Ley de Amnistía, una cuestión que ha generado una gran controversia jurídica y política.
Mientras la defensa de Puigdemont confía en que la amnistía ponga fin al proceso judicial, la Fiscalía se opone a su aplicación, argumentando que los hechos investigados no están amparados por la ley. La decisión final recae ahora en la magistrada instructora, quien deberá determinar si la Ley de Amnistía es aplicable al caso «Tsunami Democrátic» y, en consecuencia, si procede el sobreseimiento de la causa o si, por el contrario, se continúa con la investigación.
