La crisis de la vivienda es un problema fundamental que afecta a miles de españoles y andaluces. Basta ver la dificultad que enfrentan los jóvenes para emanciparse y tener acceso a una vivienda asequible. Este es un desafío que va más allá de las fronteras regionales y requiere de una respuesta integrada por parte de todas las administraciones públicas.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que tener una vivienda no puede ser un lujo, sino un derecho de todas las personas para poder vivir y desarrollarse con su familia. Este es el objetivo que guía las medidas implementadas por el Ejecutivo nacional en materia de política de vivienda.
El Modelo de Progreso: La Vivienda como Derecho del Ciudadano
Según Montero, el Gobierno de «progreso» concibe la vivienda como un derecho de los ciudadanos y el quinto pilar del Estado del bienestar. Esto implica que el alquiler debe ser asequible para aquellos con bajos ingresos, y que quienes tengan capacidad de compra no se vean hipotecados de por vida.
Este modelo se contrapone al enfoque del Partido Popular (PP), que se basa en la liberalización del suelo, la especulación y dejar que el mercado se regule. Montero señala que esta aproximación ha llevado a un encarecimiento de los precios de la vivienda sin que nadie tome medidas para solucionarlo, lo que requiere la intervención pública para modular esta situación.
Condicionalidad y Recursos Públicos: La Responsabilidad de las Comunidades Autónomas
La vicepresidenta ha negado que sea un «chantaje» condicionar los recursos que da el Estado a las comunidades en materia de vivienda a que estas cumplan con la ley aprobada por el Gobierno. Según Montero, si alguien considera esto como «condicionalidad o chantaje», es que tiene un problema político y no ha entendido que la falta de vivienda es un asunto que preocupa a los ciudadanos y que el Ejecutivo está decidido a abordar junto a las demás administraciones.
En este sentido, Montero ha advertido a la Junta de Andalucía que no puede pretender no cumplir la Ley de Vivienda o llevarla al Tribunal Constitucional (TC). Los recursos públicos destinados a la política de vivienda deben tener como objetivo facilitar el acceso a un alquiler asequible o a la compra de una vivienda en condiciones razonables para los jóvenes y las personas vulnerables.
En conclusión, la vicepresidenta primera del Gobierno ha resaltado que la vivienda sigue siendo un problema fundamental para los españoles y andaluces, y que el Ejecutivo está decidido a abordar esta cuestión junto a las comunidades autónomas, priorizando el derecho a la vivienda como un elemento clave del Estado del bienestar.
