El cese de José Luis Ábalos en julio de 2021 no solo tuvo cierto impacto político en el seno del Gobierno y del PSOE, sino que forzó un giro radical en las maniobras de la presunta trama criminal dedicada al fraude de hidrocarburos. Hasta ese momento, el entonces ministro de Transportes y secretario de Organización socialista era el vértice sobre el cual pivotaban las expectativas de la organización para consolidar su estructura empresarial. La salida de Ábalos del Ejecutivo no detuvo las ambiciones del grupo liderado por Claudio Rivas y Víctor de Aldama, pero sí les obligó a rediseñar sus cauces de influencia y a acelerar una reactivación comercial agresiva para capitalizar su pieza clave: Villafuel SL.
Durante los meses previos a su destitución, la relación entre la trama y el entorno del ministro había alcanzado niveles de simbiosis operativa. La Guardia Civil ha documentado cómo la organización criminal facilitaba el uso de una vivienda en La Alcaidesa (Cádiz) para el disfrute de Ábalos, mientras su asesor de confianza, Koldo García, actuaba como un engranaje persistente ante diversos departamentos ministeriales. Sin embargo, este exceso de celo por parte de García comenzó a ser percibido como un obstáculo. Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) revelan que la insistencia del asesor llegó a ser calificada de «contraproducente» por los propios implicados, quienes temían que su presencia constante en los pasillos de Industria y Transición Ecológica terminara por alertar a los funcionarios técnicos encargados de las autorizaciones.
El cese de Ábalos actuó como un catalizador de tensiones acumuladas. La red, que había invertido ingentes cantidades de dinero en atenciones y pagos en efectivo —estimados en más de un millón de euros a mediados de 2021—, vio cómo su principal valedor perdía la capacidad de mando directa. Esta nueva realidad institucional provocó un deterioro inmediato en las relaciones personales. Los mensajes intervenidos muestran una brecha creciente entre Víctor de Aldama y Koldo García, llegando incluso a rozar el enfrentamiento físico. La organización comprendió que ya no bastaba con la cercanía política; necesitaban una estructura que pudiera sostenerse técnicamente ante el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), donde el expediente de Villafuel SL se encontraba encallado por la falta de acreditación de su capacidad financiera.
URGENCIA DE UNA NUEVA ESTRUCTURA
La caída en desgracia del ministro coincidió con un golpe operativo de la Guardia Civil que desarticuló la operadora Gaslow Abastecimientos SL, la cual servía de pulmón financiero para la red a través de Have Got Time SL. Con este flujo de capital ilícito interrumpido, la obtención de la licencia de operador mayorista para Villafuel SL dejó de ser un objetivo a largo plazo para convertirse en una necesidad de supervivencia inmediata. Claudio Rivas, el cerebro empresarial detrás de la operativa, comenzó a presionar de forma asfixiante a sus intermediarios. La estrategia cambió: de la seducción política se pasó a la presión comercial y judicial.
En este nuevo escenario, la organización decidió integrar de manera más orgánica a Víctor de Aldama en la toma de decisiones estratégicas. Aldama, que hasta entonces operaba como un facilitador de accesos, pasó a ser el encargado de gestionar la frustración de los cabecillas y de intentar salvar el expediente de Villafuel ante un MITECO que se mostraba inflexible. La trama intentó justificar los tres millones de euros de solvencia exigidos por ley mediante certificados bancarios que, según las investigaciones, no cumplían con los requisitos de recursos propios afectos a la actividad. La urgencia era tal que Rivas llegó a ordenar a sus abogados la redacción de una demanda de desahucio contra el propio Ábalos por el impago de las rentas del chalet de La Alcaidesa, una medida de presión extrema para recordarle los compromisos adquiridos antes de su salida del ministerio.
CAPITALIZAR EL TÍTULO DE OPERADOR
El objetivo central de esta reactivación era «capitalizar» Villafuel SL. En el argot de la organización, esto significaba convertir a la empresa en una operadora con plenos derechos para poder introducir grandes volúmenes de combustible en el mercado mayorista y, presuntamente, eludir el pago del IVA. Sin la licencia, la empresa era una cáscara vacía que no podía absorber el volumen de negocio necesario para compensar las pérdidas tras la caída de Gaslow. La desesperación de Rivas se hizo evidente en octubre de 2021, cuando recriminó a Aldama que llevaban cinco semanas sin vender nada. La reactivación comercial dependía exclusivamente de un acto administrativo que se resistía a llegar pese a las maniobras de infiltración en los niveles directivos de varios ministerios.
Para intentar desatascar la situación, la trama barajó incluso cambiar de interlocutores técnicos, sugiriendo el uso de su propia ingeniería para presentar la documentación de nuevo, al ver cómo otros competidores obtenían sus licencias en tiempos mucho menores. Aldama, por su parte, trataba de calmar los ánimos asegurando que, pese a los cambios en el Gobierno, Villafuel seguía estando en la terna de las próximas empresas elegidas para recibir la autorización. Sin embargo, el análisis integral del expediente realizado posteriormente por la UCO confirma que la mercantil nunca llegó a reunir los requisitos legales, y que toda la operativa de reactivación tras el cese de Ábalos fue un intento desesperado por mantener viva una estructura criminal que se desmoronaba por la falta de cobertura política y el cerco judicial.
COLAPSO DE LAS ALIANZAS
El cambio de estrategia tras la salida de Ábalos reveló la fragilidad de un modelo basado exclusivamente en el favor personal. Sin el paraguas del Ministerio de Transportes, la organización criminal se vio obligada a enfrentarse a la realidad de una administración que, a nivel técnico, seguía cuestionando la viabilidad de Villafuel. La reactivación comercial pretendida nunca llegó a materializarse en los términos que Rivas y Aldama esperaban, y la presión judicial terminó por precipitar la caída de toda la estructura. Las conversaciones captadas en los meses finales de 2021 muestran a una organización fracturada, donde los reproches por la falta de resultados sustituyeron a las promesas de éxito empresarial.
Finalmente, el caso de Villafuel SL queda como el ejemplo de cómo una organización criminal intentó adaptarse a la pérdida de su principal activo político. La transición desde la influencia directa en el MITMA hacia una ofensiva comercial y de presión en el MITECO marcó el principio del fin para la trama. La incapacidad de capitalizar la empresa sin los apoyos que antes resultaban naturales llevó a la red a cometer errores de trazabilidad que han sido fundamentales para la instrucción del Atestado 164/2025. Lo que comenzó como un ambicioso plan para dominar el sector de los hidrocarburos terminó siendo el rastro documental de una caída anunciada tras el cese de quien fuera uno de los hombres más poderosos del Gobierno.
