El inicio de 2026 trae una nueva sorpresa dentro del agitado panorama político y económico de España con un apoyo, un poco sorpresa, que amenaza con fracturar la relación entre el Partido Popular y una de sus bases electorales más fieles: el sector primario. En el centro de este futuro y posible conflicto se halla el tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur, un acuerdo histórico que busca integrar los mercados de Europa con los de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Mientras el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, defiende la ratificación del pacto como una oportunidad geoestratégica ineludible, los agricultores y ganaderos españoles lo califican de sentencia de muerte para el modelo de explotación. Esta confrontación no es solo una disputa sobre aranceles, sino un choque profundo de visiones sobre el futuro de la soberanía alimentaria, la sostenibilidad y la capacidad de España para competir en un mundo globalizado bajo reglas que el campo considera profundamente injustas y que pueden poner en riesgo los controles sanitarios entre otros.
APOYO DEL PP A MERCOSUR
Desde la perspectiva de Núñez Feijóo, el acuerdo con Mercosur «representa una herramienta indispensable para que la Unión Europea recupere su relevancia como actor global en un contexto internacional complejo, peligroso e incierto. El presidente del Partido Popular sostiene que los espacios de influencia que Europa deje vacantes serán ocupados inevitablemente por rivales geopolíticos, lo que debilitaría la posición del continente frente a potencias emergentes.
Para Feijóo, el tratado supone abrir nuevos mercados para las empresas españolas, especialmente en sectores como el automovilístico y la maquinaria, y fortalecer alianzas políticas con naciones que comparten vínculos históricos y culturales con España. Sin embargo, su apoyo no es un cheque en blanco; el líder popular insiste en que el trabajo técnico antes de la entrada en vigor no ha terminado y exige que se aseguren cláusulas de protección automáticas y un control fronterizo riguroso que garantice la igualdad de condiciones.
EL CAMPO ESPAÑOL EN CONTRA
Esta visión de altos vuelos diplomáticos choca frontalmente con la realidad que describen las organizaciones agrarias como ASAJA, COAG y UPA en las carreteras y puertos del país. Para el sector primario, «el discurso de la oportunidad económica es una falacia que ignora una asimetría técnica devastadora». La principal reivindicación del campo se resume en las denominadas cláusulas espejo o principios de reciprocidad. Los productores españoles denuncian que, mientras ellos están sometidos a las estrictas normativas del Pacto Verde y la estrategia De la Granja a la Mesa, sus competidores sudamericanos operan bajo estándares mucho más laxos. Esta diferencia regulatoria permite a los países del Mercosur producir alimentos a precios significativamente menores, lo que en la práctica supone una competencia desleal amparada por las propias instituciones comunitarias.
El abismo técnico es especialmente visible en el ámbito fitosanitario y químico. En España, el uso de cerca de cuatrocientas cincuenta materias activas de pesticidas y herbicidas está prohibido debido a su impacto ambiental o riesgos para la salud, siguiendo el principio de precaución de la Unión Europea. Por el contrario, en Brasil o Argentina se emplean de forma habitual sustancias como el glifosato con menos restricciones, el paraquat o la atrazina.
Estos productos químicos permiten un control de plagas mucho más económico y eficiente a corto plazo, pero están vetados en suelo europeo. El sector agrario critica que la Unión Europea priorice la sostenibilidad interna mientras permite la entrada de productos cultivados con sustancias que ella misma tacha de peligrosas, lo que perciben como una muestra de doble moral ambiental.
En el sector ganadero, la preocupación se convierte en alarma cuando se analiza la producción de carne de vacuno. La normativa europea prohíbe terminantemente desde hace décadas el uso de hormonas y antibióticos como promotores del crecimiento para el engorde de animales. En el bloque de Mercosur, sin embargo, el uso de ciertas sustancias para acelerar el peso de las reses es una práctica legal y técnica que reduce drásticamente el tiempo de crianza y los costes de alimentación.
Además, las exigencias de bienestar animal en Europa, que regulan desde el espacio mínimo por animal hasta las condiciones de transporte y sacrificio, incrementan los costes de infraestructura de los ganaderos españoles, quienes ven con impotencia cómo se permite la entrada de carne producida en grandes latifundios industriales sudamericanos donde estas protecciones son inexistentes o puramente testimoniales.
FEIJÓO LANZA UN GUIÑO A AGRICULTORES Y GANADEROS
Feijóo ha intentado calmar los ánimos asegurando que el Partido Popular siempre estará al lado de quienes producen, afirmando que «los agricultores españoles no tienen miedo a competir«, sino hartazgo por normas ideológicas que les impiden trabajar en igualdad de condiciones. El líder del PP ha sido crítico con la tendencia de Europa a liderar únicamente la regulación y la sostenibilidad, advirtiendo que esta deriva puede acabar liquidando el bienestar del continente.
No obstante, sus palabras encuentran un eco escéptico entre los agricultores que se sienten asfixiados por la burocracia comunitaria. El campo español denuncia que se les obliga a reducir emisiones y uso de químicos mientras se firma un tratado con países cuya expansión agrícola ha estado históricamente ligada a la deforestación de zonas críticas como el Amazonas, creando una paradoja ecológica donde Europa externaliza su impacto ambiental a cambio de beneficios comerciales industriales.
La seguridad alimentaria y la trazabilidad representan otro campo de batalla fundamental en esta disputa. En el sistema europeo, cada animal posee una identificación individual desde su nacimiento, un historial clínico y de movimientos que garantiza que cualquier problema sanitario pueda ser aislado de inmediato. En gran parte de los países del Mercosur, la trazabilidad suele ser grupal o por lotes, lo que genera dudas razonables sobre la eficacia de los controles de seguridad alimentaria una vez que el producto cruza el Atlántico.
Los agricultores alertan de que solo se inspecciona físicamente un pequeño porcentaje de los contenedores que llegan a los puertos españoles, lo que aumenta el riesgo de introducir plagas foráneas, como la mancha negra de los cítricos, que podrían devastar las plantaciones locales y hundir los precios en origen hasta hacer que las explotaciones dejen de ser rentables.
IMPACTO ECONÓMICO
El impacto económico estimado de estas asimetrías técnicas es demoledor para la economía rural. Producir un kilo de carne o un litro de zumo en España puede costar hasta un cuarenta por ciento más que en las naciones del Mercosur debido exclusivamente al cumplimiento de las leyes vigentes. Sectores como el de la remolacha y el azúcar temen desaparecer ante la avalancha de producción de caña brasileña, mientras que los citricultores y productores de fruta de hueso ven en el acuerdo una amenaza existencial. Esta diferencia de costes de producción, sumada a la menor exigencia en salarios y condiciones laborales en el bloque sudamericano, crea un escenario de vulnerabilidad para las pequeñas y medianas explotaciones familiares que conforman el tejido social de la España rural.
Frente a esta situación, Feijóo propone una receta basada en simplificar para competir y en asegurar que Europa no sea solo un regulador, sino un innovador y productor de primer nivel. Ha criticado duramente la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno actual, señalando que la falta de ejecución en sectores estratégicos como el vehículo eléctrico resta competitividad a la industria nacional. Su defensa del motor de combustión más allá de 2035 y su rechazo a las que denomina «parroquias ideológicas» buscan presentarlo como un gestor pragmático que entiende las necesidades de la economía real. Sin embargo, la contradicción permanece latente: defender la competitividad del sector primario parece difícilmente compatible con la apertura total de mercados a productos que no juegan con las mismas cartas técnicas ni éticas.
La respuesta de las organizaciones agrarias ha sido la movilización permanente. A través de tractoradas y bloqueos logísticos, el campo español está enviando un mensaje claro tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a la alternativa liderada por Alberto Núñez Feijóo: no se aceptará un tratado que no incluya garantías vinculantes de reciprocidad. El sector exige que el cumplimiento de las normas de bienestar animal, trazabilidad y uso de fitosanitarios sea una condición sine qua non para el acceso al mercado europeo. Sin estas salvaguardas, consideran que cualquier acuerdo comercial es, en realidad, un acto de sacrificio del sector primario en favor de otros intereses industriales representados por las grandes corporaciones y el sector automotriz.
La tensión entre la geopolítica de los mercados y la realidad técnica de las granjas españolas definirá no solo la viabilidad del campo, sino también el mapa de apoyos electorales en una España que reclama, por encima de todo, poder trabajar en igualdad de condiciones. El desenlace de esta crisis marcará un antes y un después en la forma en que Europa entiende su propia soberanía y la protección de quienes, en última instancia, garantizan el sustento de sus ciudadanos.
