Hoy te cuento cómo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado la ampliación de la prestación CUME (prestación para el cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave) con un nuevo reglamento (norma que desarrolla la ley y detalla los requisitos) que suma patologías, reduce trámites y flexibiliza los requisitos. La ministra Elma Saiz ha trasladado la medida tras reunirse con las asociaciones de familias afectadas, dentro de un proceso de reforma que busca adaptar la ayuda a la realidad médica actual.
Qué cambia exactamente: más enfermedades, menos burocracia y cobertura de cuidados no hospitalarios
El nuevo reglamento actualizará el listado de enfermedades graves incorporando nuevas patologías que hasta ahora no estaban recogidas y dejará abierta la puerta a futuras ampliaciones mediante un mecanismo reglamentario. Así, el catálogo podrá seguir creciendo conforme avance el conocimiento científico sin necesidad de modificar la norma cada vez.
Además, se simplifican los procedimientos administrativos para las familias: se amplían los plazos de renovación y se mejora el sistema de prórrogas, de modo que los trámites se vuelvan menos recurrentes y más ágiles. La ministra ha insistido en que “la medicina evoluciona, la organización sanitaria evoluciona y las necesidades asistenciales también evolucionan”, y que el nuevo texto recoge esa realidad.
Una de las novedades más relevantes es la cobertura expresa de los cuidados intensivos que no requieren hospitalización prolongada. Muchos menores necesitan atención directa, continua y permanente en casa o en otros entornos, y la regulación de 2011 no siempre encajaba con esas situaciones. Ahora, la declaración médica del facultativo bastará para acreditar la necesidad de cuidado, sin exigir el ingreso hospitalario como requisito.
La reforma reconoce que los cuidados permanentes ya no pasan obligatoriamente por el hospital: el nuevo texto da cobertura a las familias que atienden a sus hijos en casa con necesidad continua.
Un antecedente que ya protege a 19.000 familias y cuesta 355 millones
La prestación CUME, que compensa la pérdida de ingresos de quienes reducen su jornada laboral para atender a menores con cáncer u otras enfermedades graves, alcanza hoy a cerca de 19.000 beneficiarios y tiene un presupuesto aproximado de 355 millones de euros, según los datos del Ministerio. La cifra ha crecido de forma notable desde 2018, cuando cubría a menos de 6.000 familias, gracias a sucesivas ampliaciones de la edad máxima (de 18 a 23 años, y en algunos supuestos hasta los 26) y la inclusión de unidades familiares monoparentales o la posibilidad de que el cónyuge o pareja de hecho sea el beneficiario.
La regulación vigente data de 2011, y el Gobierno admite que la experiencia acumulada, los cambios normativos y la evolución sanitaria hacían necesaria una revisión integral que incorporase también las demandas de los colectivos de afectados.
El impacto para las familias y los próximos pasos
El nuevo reglamento se encuentra en fase de audiencia pública (trámite en el que se recogen propuestas de ciudadanos y asociaciones antes de aprobar una norma), y la ministra ha mantenido reuniones con las plataformas ‘CUME nos une’ y ‘Asfacume’. Elma Saiz ha asegurado que el texto inicial se ajustará a partir de las aportaciones que han realizado estas asociaciones, especialmente en materias como las prácticas formativas y el seguimiento facultativo.
Una vez cerrado el período de consulta, el Ejecutivo prevé aprobar la norma en las próximas semanas. La fecha concreta no está cerrada, pero el compromiso político es firme: el Gobierno quiere que la nueva regulación entre en vigor lo antes posible para dar mayor seguridad y protección a las familias.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Ministerio de Inclusión ha presentado un nuevo reglamento para ampliar y flexibilizar la prestación CUME.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? La ministra Elma Saiz, las asociaciones ‘CUME nos une’ y ‘Asfacume’, y las casi 19.000 familias beneficiarias actuales.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El texto se somete a audiencia pública y se aprobará previsiblemente en las próximas semanas tras incorporar las sugerencias del colectivo.
