EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? PP y Vox han aprobado una enmienda en las Corts Valencianes que permite a los ayuntamientos reservar un 20% de plazas de policía local para militares profesionales, reconociendo también su antigüedad en el salario.
- ¿Quién está detrás? La iniciativa es de Vox, aceptada por el PP en el marco de un decreto de simplificación del Consell.
- ¿Qué impacto tiene? La medida modifica la ley de coordinación de policías locales sin consultar a la comisión oficial ni a los sindicatos, y abre la puerta a la entrada de perfiles castrenses en cuerpos civiles con gran malestar sindical.
PP y Vox han pactado en las Corts Valencianes —el parlamento autonómico valenciano de 99 escaños— una enmienda que permitirá a los ayuntamientos reservar hasta un 20% de las plazas de policía local a militares profesionales, sin que la propuesta pasara por la comisión de coordinación en la que están representados los sindicatos.
La enmienda, impulsada por Vox y aceptada por el PP en un trámite parlamentario fulgurante, añade un nuevo párrafo al artículo 54 de la ley de coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana. El texto establece que “los ayuntamientos podrán establecer en sus bases una reserva de un máximo de un 20% de plazas de acceso restringido para aquellos militares profesionales que cumplan con los restantes requisitos”. Además, y de manera “automática”, se les reconocerá el tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas a efectos retributivos —los trienios—, una reivindicación largamente perseguida por Vox.
La aprobación, que tuvo lugar en el pleno de las Corts celebrado el pasado miércoles, se hizo sin que la propuesta hubiera pasado por la Comisión de Coordinación de Policía Local, el órgano en el que se discuten estos cambios normativos y en el que están representados los sindicatos (UGT, CSIF, CCOO) y las administraciones locales. Tanto populares como ultras incluyeron la medida en una enmienda de aproximación al decreto de “medidas urgentes frente a la hiperregulación”, una norma de simplificación administrativa del Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana) que, en la práctica, se ha convertido en un cajón de sastre legislativo.
Vox ya había intentado sin éxito introducir esta reserva de plazas en anteriores legislaturas. Esta vez, sin embargo, el PP —con la necesidad perentoria de los votos ultras para sacar adelante los presupuestos que pueden consolidar a Juanfran Pérez Llorca como líder de la formación en la Comunitat Valenciana— ha cedido. La formación conservadora replica así una dinámica ya vista en Baleares, donde el PP también incorporó la reserva de plazas para militares en una ley ómnibus con el apoyo de Vox.
Los sindicatos policiales han mostrado un frontal rechazo. SPPLB, UGT y CCOO llevan tiempo denunciando que la medida rompe los principios de igualdad, mérito y capacidad, y recuerdan que lo prioritario es rejuvenecer las plantillas con nuevas convocatorias amplias y transparentes, no crear atajos para perfiles castrenses que, además, introducen lógicas militares en cuerpos civiles.
La entrada de militares en las policías locales se está colando sin debate público, a golpe de enmienda de última hora, y con las prisas como coartada.
La oposición en las Corts, representada por Compromís y el PSPV, rechazó la enmienda. Isaura Navarro, de la coalición valencianista, subrayó que se introducía un cuerpo militar en uno civil vulnerando principios constitucionales, y criticó que la comisión de coordinación lleve sin reunirse desde octubre de 2024, según datos del propio Consell. Por su parte, la socialista Marisa Navarro anticipó protestas sindicales y recordó que el PP ya intentó algo similar en 2015, frustrado entonces por la mayoría progresista de la Cámara.
Mientras, en la ciudad de València, el Ayuntamiento ha propuesto cambios en la misma ley para permitir el acceso por turno libre a la escala de mando, lo que ya ha abierto la puerta a que los militares lleguen a puestos de dirección sin pasar por la promoción interna. Esa reforma, aún en estudio, acentúa la polémica sobre la militarización de los cuerpos locales.
El Escenario Valenciano
El pacto entre PP y Vox vuelve a mostrar el patrón de la legislatura: la ultraderecha impone su agenda a cambio de estabilidad parlamentaria. Carlos Mazón, que necesita los presupuestos para sostener a su gobierno, ha permitido que Vox cuelgue su reclamación de “militares en la calle” en un decreto aparentemente burocrático. Ni PSPV ni Compromís, con asiento en la oposición, pueden frenar estas iniciativas sin capacidad de bloqueo.
La dimensión nacional no es menor: la reserva de plazas para militares en policías locales ya se ha implantado en Baleares y, con este precedente valenciano, puede extenderse a otras comunidades donde PP y Vox comparten ejecutivos. El debate, además, trasciende lo autonómico: la presencia de perfiles castrenses en cuerpos civiles cuestiona el modelo de seguridad ciudadana y anticipa una batalla política que tarde o temprano aterrizará en el Congreso de los Diputados. De momento, los sindicatos anuncian movilizaciones y preparan recursos legales, mientras la comisión de coordinación sigue sin convocarse.
La proyección es incierta: el decreto ómnibus continuará su tramitación, y la próxima convocatoria de plazas en los ayuntamientos valencianos podría ser la primera que active esta reserva. Si los tribunales se pronuncian o si el malestar sindical se traduce en protestas, la legislatura de Mazón podría enfrentar un nuevo frente de contestación social.
Ficha del Caso
- El caso: PP y Vox aprueban en las Corts Valencianes, mediante una enmienda de última hora a un decreto de simplificación, una reserva de hasta el 20% de plazas de policía local para militares, sin consultar a la comisión oficial de coordinación.
- Datos importantes: Porcentaje máximo del 20%; reconocimiento automático de trienios militares en el salario; pleno de las Corts del miércoles pasado; comisión de coordinación sin reunirse desde octubre de 2024; oposición de sindicatos y de PSPV y Compromís.
- Resumen: La cesión del PP a Vox para asegurar los presupuestos introduce en la ley valenciana una vía excepcional que altera los principios de acceso a los cuerpos policiales y genera un conflicto institucional y sindical de alcance nacional.
