EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La segunda reunión de la Comisión Mixta DANA en Algemesí ha expuesto la enorme diferencia entre los 1.100 millones de euros en obras validadas por el Gobierno central y el 5 % de ejecución real que denuncia la Generalitat.
- ¿Quién está detrás? El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acompañados por más de 50 alcaldes y representantes de las zonas afectadas.
- ¿Qué impacto tiene? La parálisis en la reconstrucción obliga a reclamar cambios normativos urgentes para que los ayuntamientos puedan ejecutar las obras con el dinero que ya tienen.
La Generalitat Valenciana ha denunciado este viernes que la ejecución de las obras de reconstrucción tras la DANA no supera el 5 %, pese a que el Gobierno central ha validado ya 1.100 millones de euros de los 1.745 millones transferidos a los municipios. La segunda reunión de la Comisión Mixta para la recuperación, celebrada en Algemesí, ha puesto cifras a un desencuentro que los alcaldes viven en primera persona a diario: el dinero está, pero no se puede gastar.
La brecha entre el dinero comprometido y las obras en el terreno
El ministro Ángel Víctor Torres ha defendido la actuación «inédita» del Gobierno, que asume el 100 % del coste de las obras municipales, y ha detallado que de los 1.745 millones habilitados se han recibido memorias por 1.300 millones y se han validado proyectos por 1.100 millones de euros. En paralelo, el Consorcio de Compensación de Seguros —el organismo estatal que cubre los daños de catástrofes naturales cuando el seguro privado no llega— ha abonado ya 4.500 millones, el 99,5 % de las solicitudes, un ritmo once veces mayor que en anteriores grandes catástrofes.
Sin embargo, el president Juanfran Pérez Llorca ha puesto el foco en el cuello de botella final: «Los ayuntamientos tienen el dinero transferido del Gobierno de España pero no han podido ejecutarlo al no poder tramitar contratos de emergencia», ha explicado. La cifra de ejecución real de las actuaciones financiadas ronda el 5 %, un porcentaje que deja en evidencia las costuras del sistema de contratación pública.
El president ha reclamado una modificación de la normativa que acelere plazos, así como revisar los precios de las obras posdana para compensar la subida de costes que ha dejado 118 concursos desiertos y bloqueado inversiones por 150 millones de euros. También ha pedido ampliar los municipios con derecho a participar en esta Comisión Mixta, de los 75 del real decreto a los 103 del decreto de la Generalitat.
En la Comunitat Valenciana, la comisión ha servido además para recordar que la Confederación Hidrográfica del Júcar debe acelerar las obras de defensa hídrica que darán «mayor seguridad» a los municipios, y que los 946 millones del Fondo Europeo de Solidaridad tendrán que cogestionarse desde este mismo órgano. Pérez Llorca ha reivindicado que la Generalitat ha movilizado ya más de 3.100 millones, incluyendo las ayudas de 80.000 euros a las familias de los fallecidos, cuyos primeros pagos llegarán en julio.
Los 1.100 millones validados y los más de 5.800 proyectos aprobados chocan con un dato tozudo: solo un 5 % de las obras previstas han llegado al terreno.
Las demandas del Consell: cambiar la norma para no perder más tiempo
La petición de un cambio normativo no es nueva, pero la segunda reunión de la Comisión Mixta la ha convertido en el eje del debate. El president ha insistido en que la situación actual genera una paradoja: los consistorios disponen de fondos, han redactado memorias, pero no pueden firmar contratos de emergencia que agilicen las máquinas. Mientras tanto, los vecinos de las localidades afectadas por las inundaciones de octubre de 2024 —que dejaron 230 fallecidos— siguen esperando infraestructuras básicas.
La ministra de Ciencia, Diana Morant, se ha incorporado a la Comisión Mixta en sustitución del ex secretario de Estado y actual ministro de Hacienda, Arcadi España. El encuentro ha comenzado con un minuto de silencio por el terremoto de Venezuela y ha estado marcado por un tono de cooperación que, sin embargo, no oculta la frustración de los alcaldes, que han solicitado la puesta en marcha de un grupo de trabajo específico sobre la agricultura.
El Escenario Valenciano
La DANA —Depresión Aislada en Niveles Altos— no fue solo un desastre natural: fue la prueba de estrés que el sistema autonómico valenciano suspendió con nota. Y la reconstrucción está poniendo a prueba ahora la capacidad de coordinación entre el Gobierno central y el Consell. El Gobierno de Pedro Sánchez presume de haber movilizado 9.600 millones de euros, equivalentes al 12 % del PIB de la provincia de Valencia, pero la ejecución en el terreno no acompaña.
La dinámica política valenciana añade presión: el PP y Vox, que gobiernan en coalición, necesitan demostrar que la reconstrucción avanza, mientras que PSPV y Compromís fiscalizan cada retraso. Las Corts Valencianes, el parlamento autonómico, seguirán de cerca los próximos pasos de la comisión. A escala nacional, el presidente Sánchez mantiene la colaboración financiera, pero la lentitud en las obras podría convertirse en un argumento de la oposición en el Congreso. La próxima reunión de la Comisión Mixta, sin fecha cerrada, deberá mostrar avances concretos si quiere evitar que el 5 % de ejecución se convierta en el símbolo de una reconstrucción que se está quedando en cifras sobre el papel.
Ficha del Caso
- El caso: La segunda reunión de la Comisión Mixta DANA reveló un contraste brusco entre la financiación disponible (1.100 millones validados) y la ejecución real de las obras (apenas el 5 %).
- Datos importantes: 1.745 millones transferidos por el Gobierno central; 1.300 millones en memorias presentadas por los ayuntamientos; 4.500 millones abonados por el Consorcio de Compensación de Seguros; 118 concursos públicos desiertos por la subida de costes.
- Resumen: La Generalitat reclama cambios normativos para que los municipios puedan ejecutar los fondos; el Gobierno defiende la magnitud de las ayudas, pero el atasco administrativo mantiene paralizadas cientos de actuaciones esenciales.
