La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga al empresario Antxon Alonso por mediar presuntamente en el cobro de 181.492,74 euros de la UTE que construyó la cárcel de Zubieta, en Donostia-San Sebastián, según un informe al que ha tenido acceso elDiario.es.
El documento policial sitúa a Alonso, administrador de la mercantil Servinabar 2000, como la persona que habría participado en la preparación de la oferta adjudicada a la unión temporal formada por Acciona, Cycasa y Murias en 2021, por un importe de 42,7 millones de euros. Después, Cycasa habría transferido a Servinabar 2000 los citados 181.492,74 euros.
Qué detalla la investigación de la UCO
La UCO obtuvo comunicaciones que muestran cómo, en diciembre de 2020, Alonso –sin vinculación aparente con la UTE– recibió el acuerdo de reparto interno entre las tres constructoras. En esos mensajes, explicaba a su contacto en la empresa Sumelzo que, del 25 % correspondiente a Cycasa, “ellos el 15 y nosotros el 10”.
La adjudicación definitiva llegó en febrero de 2021 y los pagos se iniciaron a continuación. Además de los importes abonados por Cycasa, Sumelzo habría efectuado otros 12.100 euros directamente a Servinabar 2000. La investigación analiza si estos desembolsos constituyen comisiones irregulares relacionadas con la obra pública.
La cárcel de Zubieta, recién inaugurada en junio de 2026, sustituye al antiguo penal de Martutene y fue ejecutada bajo responsabilidad del Estado después de que los gobiernos central y vasco acordaran en 2021 la transferencia de Prisiones a Euskadi.
La conexión con Santos Cerdán y las pesquisas judiciales
En el domicilio de Antxon Alonso, la Guardia Civil halló un documento que atribuye al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el 45 % de Servinabar 2000, pese a no figurar en las escrituras. La amistad entre ambos es uno de los ejes de la causa.
La UCO encontró un manuscrito en casa de Alonso que asigna a Santos Cerdán casi la mitad de la empresa sin constancia registral.
Paralelamente, otra pieza judicial indaga en la actividad del grupo Hirurok, en el que Alonso coincidía con el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero y la vizcaína Leire Díez. Se examina si ese entramado también cobraba comisiones en operaciones como el rescate de Tubos Reunidos.
La investigación de la UCO continúa bajo secreto de sumario y hasta el momento no se han formulado acusaciones formales. Los hechos ponen el foco en las adjudicaciones de obra pública durante el periodo en que el Gobierno de España mantenía la gestión de la infraestructura penitenciaria donostiarra.
