EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La consejera Candelaria Delgado ha advertido de que Canarias acudirá a los tribunales si el Estado impone la designación del defensor de los menores migrantes en la fase de triaje.
- ¿Quién está detrás? La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, con la directora general Sandra Rodríguez al frente de los trabajos.
- ¿Qué impacto tiene? El pulso competencial sube de tono mientras Ceuta reclama 25 millones extraordinarios para atender una llegada masiva de menores no acompañados.
El Gobierno de Canarias recurrirá a los tribunales si el Estado le impone la designación del defensor de los menores migrantes.
La advertencia de la consejera: «No la vamos a asumir»
La advertencia la lanzó este jueves Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, durante la presentación del Encuentro Estatal sobre Migraciones, que se celebrará en Lanzarote los próximos 9 y 10 de septiembre. «Eso no es nuestra competencia. Y no la vamos a asumir», afirmó.
La negativa no es retórica. Si el Estado obliga a la comunidad a nombrar al representante legal de los menores migrantes no acompañados durante el triaje, Canarias llevará el asunto a los tribunales. El conflicto ya se ha expresado en otros choques previos entre Canarias y el Estado en materia migratoria.
La cuestión de fondo es quién designa la defensa legal de los menores en la fase de filiación e identificación en frontera. En la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, Sandra Rodríguez pidió acceso al informe de la Abogacía del Estado, si es que existe. «Estamos a la espera de que se emita, pero no está aún», señaló.
Canarias logró que se elevara una petición para convocar la Comisión Interministerial de Inmigración. Rodríguez insistió en que la decisión «tiene que ser unánime y homogénea para todo el Estado». Las competencias no pueden resolverse como un pulso bilateral entre Canarias y el Ministerio.
Candelaria Delgado enmarcó el choque en el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que entró en vigor el 12 de junio. «Europa tiene que hacer una política migratoria unida, de todos los Estados miembro», dijo. España, añadió, «no ha hecho todavía esos cambios legislativos».
Canarias no discute la solidaridad con los menores: discute quién paga la competencia y con qué título normativo.
Ceuta y la tensión paralela por los menores
En la misma sectorial, todas las comunidades cerraron filas, según Canarias, para respaldar una financiación extraordinaria de 25 millones de euros para Ceuta. «No se puede esperar a la celebración de una Conferencia Sectorial el 27 de agosto», advirtió Sandra Rodríguez.
La presión migratoria en la ciudad autónoma se ha disparado: hay 1.700 menores filiados, aunque la cifra podría acercarse a 3.000. Rodríguez reclamó que «el Estado asuma la responsabilidad de adoptar una medida» sin esperar a la vía de la contingencia migratoria prevista en en el Artículo 5 del Reglamento de Extranjería.
El Pulso Territorial
Fernando Clavijo preside el Gobierno de Canarias al frente de Coalición Canaria, con el apoyo del PP y de la Agrupación Socialista Gomera. El Ejecutivo ha hecho de la defensa del autogobierno un eje de su discurso, sobre todo cuando la palabra migración aparece en la agenda. Sin cita electoral autonómica hasta 2027, la consejera tiene margen para tensar la negociación sin pagar un coste inmediato en las urnas.
La posición canaria no es una anomalía: también Ceuta vive una emergencia que ha obligado a pedir 25 millones de euros extraordinarios. Canarias y Ceuta comparten frontera sur, pero no comparten el mismo relato competencial. La comunidad insular teme que la solidaridad se transforme en una nueva obligación estructural sin ficha financiera.
Lo que viene ahora es la convocatoria de la Comisión Interministerial de Inmigración, aún sin fecha, y el informe pendiente de la Abogacía del Estado. El 27 de agosto habrá Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, y el 9 y 10 de septiembre, Lanzarote acogerá el Encuentro Estatal sobre Migraciones. El desenlace dirá si la nueva normativa derivada del PEMA aclara el reparto o si Canarias cumple su amenaza judicial.
Ficha Autonómica
- El caso: El Gobierno de Canarias rechaza asumir la designación del defensor de los menores migrantes en fase de triaje y anuncia recurso judicial si el Estado se lo impone.
- Datos importantes: 25 millones extraordinarios reclamados para Ceuta; 1.700 menores filiados, con una posible cifra cercana a 3.000; el PEMA entró en vigor el 12 de junio; la Comisión Interministerial sigue sin fecha.
- Resumen: Canarias exige una solución homogénea para todo el Estado, con cobertura normativa y financiera, antes de aceptar nuevas competencias migratorias. La próxima cita relevante es el 27 de agosto.
