El partido político VOX ha tranquilizado estas últimas semanas a los militares españoles de tropa, preocupados por la aplicación en las comunidades autónomas donde VOX gobierna en coalición con el Partido Popular (PP) del principio de «prioridad nacional», ya que los militares sufren cambios de destino con frecuencia lo que les impide empadronarse durante muchos años en el mismo lugar y, por tanto, acceder a ayudas al alquiler. VOX ha puesto de ejemplo el texto aprobado en Valencia y publicado en el Diario Oficial de la Generalitat valenciana.
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha emitido un comunicado donde «desea trasladar a todo el personal militar un mensaje de tranquilidad ante las noticias difundidas en diversos medios de comunicación durante el último mes, en las que se afirmaba que la denominada “prioridad nacional”, aprobada por PP y VOX en las comunidades autónomas donde gobiernan en coalición -Andalucía, Aragón, Comunitat Valenciana, Extremadura y Castilla y León- supondrían un perjuicio directo para los militares y otros profesionales con alta movilidad geográfica, al no poder cumplir los requisitos de empadronamiento mínimo continuado exigidos para acceder a vivienda protegida o a subvenciones al alquiler».
ATME, que decidió no entrar en esta polémica por prudencia al no disponer entonces de documentación oficial que confirmase o desmintiese dichas afirmaciones, «ha mantenido contactos directos con dirigentes de VOX, quienes han remitido a esta Asociación la normativa vigente con el fin de aclarar el alcance real de estas medidas y evitar que la preocupación generada entre los militares continúe extendiéndose sin fundamento», añaden.
Información sobre «prioridad nacional»
La información trasladada a ATME, relacionada con la Comunidad de Valencia y que se entiende será extensible al resto de autonomías cuando se aprueben las normativas específicas, se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, concretamente la Ley 5/2026, de 31 de julio, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, estableciéndose que la valoración del arraigo se basa en un empadronamiento acumulado de al menos quince años en cualquier municipio de España, lo que implica que los militares, aun cuando su movilidad les obligue a cambiar de residencia con frecuencia, no quedan excluidos del acceso a vivienda protegida ni de las ayudas al alquiler, siempre que puedan acreditar dicho historial de empadronamiento efectivo en territorio nacional.
Esta precisión, que ha sido remitida a ATME por VOX con el propósito de despejar dudas y evitar interpretaciones erróneas, confirma que la “prioridad nacional” no introduce requisitos «que perjudiquen específicamente al personal militar, dado que el criterio de arraigo se fundamenta en la trayectoria de empadronamiento en España y no en la permanencia continuada en un único municipio o comunidad autónoma», añaden.
ATME explica que reafirma «su compromiso con la defensa de los derechos del personal de tropa y marinería, y continuará verificando cualquier información que pueda afectar a sus condiciones de vida, especialmente en ámbitos tan sensibles como el acceso a la vivienda».
