La telaraña silenciosa de la DGED entre mezquitas y despachos
Las recepciones diplomáticas y las cumbres bilaterales de alto nivel entre los gobiernos de España y Marruecos suelen proyectar una imagen de sintonía estratégica incontestable. Detrás de los apretones de manos y los acuerdos de cooperación fronteriza opera una maquinaria soterrada de vigilancia que nunca descansa. La Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de espionaje exterior del reino alauí encabezado por Mohamed Yassine Mansouri, mantiene en el territorio español su mayor despliegue operativo internacional. Oficiales acreditados bajo cobertura diplomática y una extensa red de informadores civiles monitorizan de forma milimétrica cualquier movimiento que amenace los intereses sagrados de Rabat.
El epicentro de este marcaje sistemático se sitúa sobre la causa del Sáhara Occidental y la diáspora saharaui residente en la Comunidad de Madrid. Los espías alauíes centran sus esfuerzos en infiltrar las asociaciones de apoyo al Frente Polisario, recopilar listados de militantes y fotografiar reuniones privadas en locales vecinales y sedes sindicales. Esta vigilancia no busca únicamente anticipar manifestaciones o actos públicos de denuncia contra las violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados, sino cartografiar la red de apoyos políticos y financieros que sustentan a los colectivos saharauis en la península.
La penetración de la inteligencia marroquí trasciende el seguimiento callejero y se asienta sobre un complejo entramado de entidades socioculturales y religiosas. A través de la financiación de centros islámicos, el control de la designación de imanes y la articulación de federaciones vecinales, la antena exterior de Rabat ejerce una presión directa sobre la comunidad de origen marroquí. Quienes manifiestan simpatías hacia la causa saharaui o critican abiertamente la figura de Mohamed VI se enfrentan a represalias burocráticas inmediatas, desde la denegación de trámites consulares hasta amenazas directas hacia sus familiares en el país de origen.
Este esquema de coacción comunitaria convierte a los barrios del sur de Madrid y a municipios metropolitanos con fuerte presencia magrebí en un tablero de control social clandestino. Los confidentes en nómina transmiten informes periódicos a los agregados consulares sobre desafecciones ideológicas, actividad en redes sociales y posibles contactos con formaciones políticas españolas de izquierdas.
La contrainteligencia del CNI y el tabú político en el Congreso
Los informes periódicos elaborados por el Departamento de Seguridad Nacional identifican anualmente la actividad de servicios de inteligencia extranjeros hostiles como uno de los principales desafíos para la soberanía del Estado. Sin embargo, en sede parlamentaria y en las declaraciones gubernamentales se mantiene una férrea disciplina de silencio respecto a Rabat para evitar terremotos diplomáticos. El Centro Nacional de Inteligencia clasifica a la DGED como el servicio extranjero más agresivo en España tras el espionaje ruso, dedicando una parte sustancial de sus recursos de contrainteligencia a contrarrestar la captación ilícita de información y la coacción sobre suelo nacional.
Las fricciones entre ambos servicios han dejado episodios de máxima tensión que solo trascienden mediante filtraciones calculadas o actuaciones judiciales discretas. El CNI ha vetado en reiteradas ocasiones la concesión de la nacionalidad española a ciudadanos marroquíes tras acreditar documentalmente su condición de colaboradores remunerados de la inteligencia militar alauí. Asimismo, la vigilancia sobre activistas saharauis se intensificó notablemente tras la crisis diplomática desatada por la acogida médica del líder polisario Brahim Ghali y los episodios de escuchas telefónicas masivas vinculadas al software Pegasus.
El marcaje no se limita a la comunidad saharaui y a los disidentes marroquíes, sino que se extiende a periodistas de investigación y analistas políticos españoles. Corresponsales incómodos y redactores especializados en el Magreb han denunciado vigilancias físicas en Madrid, campañas coordinadas de difamación en medios digitales satélites de Rabat y ataques informáticos para sustraer comunicaciones confidenciales. El objetivo de estas tácticas de acoso consiste en neutralizar investigaciones periodísticas sobre el patrimonio de las élites marroquíes o las vulneraciones de tratados internacionales en el territorio saharaui.
En el plano político institucional, las antenas de la DGED despliegan una sofisticada labor de relaciones públicas y diplomacia paralela para condicionar el debate público. Colaboradores vinculados a fundaciones y asociaciones hispano-marroquíes buscan aproximarse a diputados y dirigentes autonómicos con la intención de moldear iniciativas legislativas, contrarrestar mociones de condena sobre el Sáhara y promover narrativas que avalen el plan de autonomía impulsado por Rabat como la única salida viable al conflicto.
La contrainteligencia española se enfrenta a un desafío estructural que choca contra los compromisos geopolíticos del Ejecutivo. Mientras la gestión de los flujos migratorios y la colaboración antiterrorista obligan a preservar una apariencia de armonía con el vecino del sur, la presencia de decenas de agentes y cientos de informadores en la trastienda de Madrid confirma que la batalla soterrada por el control del relato y la asfixia de la disidencia continúa librándose en las calles de la capital sin tregua alguna.
