Vox lleva al Tribunal Supremo dos oficios de 2023 que extendieron la ley de nietos sin límite generacional. La formación ha solicitado que declare como testigo la firmante de ambos escritos, Sofía Puente.
Los documentos se incorporan a la disputa judicial sobre la aplicación de la norma, tal y como adelantó El Debate. La personación la firma Jorge Buxadé, abogado del Estado y vicepresidente de Vox, que suma a la prueba documental dos comparecencias y una petición de antecedentes. Puente ocupaba entonces la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia.
El movimiento llega en plena batalla procesal. Vox se opone al recurso que la Abogacía del Estado ha presentado contra las medidas cautelares acordadas el 10 de septiembre y aporta los oficios como ‘hechos nuevos o de nueva noticia’, una figura procesal que permite introducir en un procedimiento abierto elementos sobrevenidos que no estaban disponibles con anterioridad. Con esa incorporación, la formación pretende que el Tribunal Supremo examine los criterios y las decisiones administrativas que permitieron encadenar solicitudes de distintas generaciones.
Qué dicen los dos oficios que Vox ha llevado al Supremo
El primer paso de esa interpretación administrativa consta en la respuesta del 18 de enero de 2023. Los consulados habían preguntado si los hijos mayores de edad debían esperar a que sus progenitores obtuvieran la nacionalidad para presentar sus propias solicitudes. Tras consultar a la Abogacía General del Estado, que emitió un informe el 10 de enero, Justicia autorizó admitir esos expedientes siempre que el padre o la madre hubiera solicitado previamente la nacionalidad. La tramitación del hijo quedaba suspendida hasta que se resolviera el expediente del progenitor.
Esa posibilidad de presentar solicitudes sucesivas abrió una pregunta de mayor alcance: hasta qué generación podía repetirse el procedimiento. El oficio del 22 de mayo de 2023 respondió expresamente a las dudas sobre hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Según el documento aportado al Supremo, ni la ley ni la instrucción que regulaba su aplicación —la Instrucción de 25 de octubre de 2022— establecían ‘ningún requisito dirigido a limitar generacionalmente el ejercicio de este derecho’. Para ilustrarlo, la Dirección General describió un supuesto encadenado: una persona nacida en 1930 que adquiriera la nacionalidad, sus hijos nacidos en 1950, los descendientes de 1970 u 1980 y, después, los de 2000. Los nacidos en 2020 quedaban fuera de esa vía concreta por ser menores de edad.
Lo que Vox lleva al Supremo no es una interpretación de parte: son dos oficios oficiales que fijaron por escrito el alcance de la ley de nietos.
Las diligencias solicitadas quedan pendientes de la decisión de la Sala. Junto a la declaración de Puente como testigo, el partido reclama la comparecencia del responsable de Asuntos Consulares que recibió las comunicaciones y la entrega de las consultas que motivaron las respuestas de Justicia.
Qué pide Vox y qué margen tiene la Sala para admitirlo
El caso tiene una dimensión cuantitativa difícil de soslayar. Más de 600.000 peticiones de nacionalidad por la ley de nietos han sido aprobadas y más de la mitad ya están inscritas, según los datos que maneja el procedimiento. Sobre ese volumen se cruzan dos lecturas: la que defiende Vox, anclada en los oficios firmados por la propia Administración, y la que sostiene la Abogacía del Estado al recurrir las cautelares del 10 de septiembre. La discrepancia no es menor, porque el Ejecutivo impugna ante los tribunales un criterio que su propio Ministerio de Justicia trasladó por escrito a los consulados.
La estrategia de Vox: de criterio administrativo a doctrina judicial
La jugada encaja en un patrón conocido. Vox ha convertido los tribunales en un terreno de disputa política de primer orden y, en este caso, cuenta con un perfil poco habitual: su vicepresidente es abogado del Estado y firma personalmente la personación. El partido mantiene además un cuestionamiento sostenido del marco de la Ley de Memoria Democrática y defiende su derogación en su agenda parlamentaria. Llevar dos oficios internos al expediente judicial traslada ese debate del plano legislativo al judicial, donde el Gobierno no puede responder con una mayoría parlamentaria.
Queda por ver qué decide la Sala y si admite las pruebas pedidas. Si las acepta, el Supremo entraría a examinar por primera vez los criterios administrativos que sostuvieron la aplicación más expansiva de la norma. Si las rechaza, Vox habrá conseguido al menos dejar constancia documental de esos oficios en el procedimiento. La pelota está en el tejado de los magistrados, y el partido ya ha escenificado quién firmó qué y cuándo.
