La jueza María Tardón reclama la desclasificación de 19 mensajes del CNI sobre la crisis de Ceuta. La instructora de la Audiencia Nacional ha tomado declaración este jueves a Gonzalo Sanz, jefe de gabinete del anterior delegado del Gobierno, y ha pedido que entregue su teléfono móvil para practicar un volcado. En paralelo, Moncloa mantiene que atendió nueve llamadas del presidente ceutí, Juan Vivas, entre el 27 y el 30 de julio.
Por qué Vox sostiene que el asalto a Ceuta se pudo mitigar
La tesis que Vox defiende desde julio tiene dos patas: el Centro Nacional de Inteligencia avisó antes del asalto y las peticiones de la Delegación del Gobierno cayeron en saco roto. El partido ha venido reclamando explicaciones en el Congreso de los Diputados y sostiene que el Ejecutivo contempló la llegada masiva como un asunto menor hasta que fue imparable. La declaración de Sanz y los mensajes pendientes de desclasificar refuerzan ese relato con documentación, no con consignas.
Sanz ha revelado a la jueza la existencia de esos 19 mensajes intercambiados con un oficial del CNI que el Gobierno no ha desclasificado, según las fuentes del caso. En ese hilo aparece, fechado el 29 de julio, el aviso del servicio de Inteligencia sobre grupos de decenas de miles de personas que se organizaban en redes sociales para asaltar Ceuta desde Marruecos. Existía una desclasificación parcial acordada por el Consejo de Ministros; la acusación popular (la figura procesal que permite personarse a una asociación sin ser víctima directa), que ejerce Iustitia Europa, ha pedido incorporar los mensajes restantes, y la magistrada ha trasladado a las partes que hay que aguardar al Ejecutivo.
El exjefe de gabinete ha confirmado que trasladó al delegado la conversación con el CNI y que dimitió cuando Miguel Ángel Pérez Triano lo desmintió en público. Ha atribuido esa reacción a un posible olvido y ha insistido en que él fue ‘claro’ al comunicar los avisos. También ha contado que el 24 de julio, seis días antes del aluvión, redactó un informe ‘muy contundente’ que el delegado envió al Ministerio de Política Territorial y que aportará a la Audiencia Nacional.
En su relato, el delegado le transmitió ‘con frustración e impotencia que desde arriba veían la situación como un verano más’. La Delegación temía que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de expulsar de inmediato a quien entrara por mar provocara un colapso: nadie preveía 80.000 llegadas, pero 5.000 ya desbordaban la ciudad. No se atendieron las peticiones de medios de contención ni la tramitación de un Real Decreto sobre expulsiones, y a Pérez Triano se le advirtió de que no tenía competencias para reclamar al Ejército.
Qué responde Moncloa y hasta dónde llega la instrucción
El dispositivo desplegado en la frontera, según el testigo, era de entre 9 y 12 agentes de la Policía Nacional y 4 o 5 de la Guardia Civil. El Gobierno sostiene, en paralelo, que atendió nueve llamadas del presidente de Ceuta, Juan Vivas, entre el 27 y el 30 de julio, y rechaza así las acusaciones de desatención. Sanz ha asegurado además que el presidente del Gobierno no llamó ni una sola vez al delegado durante toda la crisis.
Los dos frentes abiertos, el testimonio del exjefe de gabinete y los mensajes sin desclasificar, apuntan a un mismo punto: el aviso existió y la reacción llegó tarde.
La nota conjunta que la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma publicaron el 27 de julio también ha salido a la luz. Sanz ha explicado que su redacción fue ‘muy compleja’ y que se modificaron términos del borrador inicial porque a Moncloa ‘no le convencían’; el delegado le trasladó después que el texto no había gustado en varios ministerios.
En la misma comparecencia, el testigo ha descrito cómo se deterioró la relación con el Ejecutivo autonómico, gobernado por el Partido Popular, porque el Gobierno central no atendía las peticiones de Ceuta ni las de su propia Delegación. La causa queda a la espera de que el Ejecutivo autorice la desclasificación de los 19 mensajes y del volcado del teléfono del testigo.
El jefe de la Policía Local ha declarado que no tuvo ninguna señal previa, aunque desde el 13 de julio detectaron un aumento paulatino de entradas irregulares por mar y, tras la sentencia del Tribunal Supremo, un ‘incremento inusual’. Ha reconocido que el volumen le sorprendió y que la masa fue incontenible, y ha señalado que las fuerzas de seguridad marroquíes no actuaban. El 2 de agosto ordenó dejar de acompañar a migrantes a la frontera después de que la Policía Nacional cesara esa práctica por considerarla al límite de la legalidad.
La lectura estratégica: qué gana Vox con el caso abierto
Analizamos el movimiento con la vista puesta en lo que viene. Para Vox, cada documento que confirme el aviso previo convierte la crisis de Ceuta en un argumento de oposición sostenido, no en un episodio puntual. Los 33 diputados del GPVOX, tercera fuerza del Congreso, tienen en la inmigración irregular su eje más reconocible, y el coste político para el Gobierno se acumula en un asunto que también tensiona al PP: la nota conjunta del 27 de julio con la Ciudad Autónoma, gobernada por los populares, incomodó en Moncloa.
El precedente está a mano: el Consejo de Ministros ya autorizó una desclasificación parcial de esos mismos mensajes. Si ahora bloquea los 19 restantes, el Ejecutivo tendrá que explicar por qué lo que era publicable en julio deja de serlo en octubre. Esa es la contradicción que Vox ya señala en el Congreso y el frente que el partido mantendrá abierto mientras la instrucción avanza. El próximo hito depende del Gobierno: la autorización que desbloquee los mensajes y permita cerrar el volcado del teléfono del testigo.
