Nuevo México reclama a Meta hasta 40.000 millones de dólares por el escándalo de Cambridge Analytica. La fiscalía del estado ha pedido a un juez que condene a la compañía a pagar entre 35.000 y 40.000 millones, una cifra que busca ser lo bastante alta como para que la empresa de Mark Zuckerberg sienta el golpe en su balance y en su cotización.
Claves de la operación
- La horquilla rompe cualquier precedente. El estado pide entre 35.000 y 40.000 millones, aunque el veredicto del jurado le permitiría reclamar hasta 219.000 millones bajo la ley de prácticas desleales de Nuevo México.
- Meta contraataca con un tope a la baja. La compañía solicita al juez que limite la sanción a 3.450 millones y sostiene que el estado no probó que ningún residente fuera engañado directamente.
- El jurado apuntó a las declaraciones públicas. De 29 manifestaciones de Meta examinadas, 26 fueron consideradas engañosas, lo que sustentó las 43 millones de infracciones contabilizadas en el estado.
Un veredicto que habilita hasta 219.000 millones
El litigio arrancó en 2021, cuando Nuevo México demandó a la compañía por haber engañado a sus usuarios sobre sus prácticas de privacidad. La firma británica Cambridge Analytica, según la acusación, cosechó información de más de 50 millones de perfiles de Facebook sin consentimiento para diseñar campañas publicitarias de carácter político.
A finales de septiembre, un jurado dio la razón al estado. Sus miembros concluyeron que la empresa vulneró la ley de prácticas desleales de Nuevo México y que indujo a error a los residentes tanto sobre la privacidad como sobre el modo en que gestiona la desinformación. Bajo ese veredicto, la Fiscalía podría haber reclamado hasta 219.000 millones de dólares. La cifra habla por sí sola.
La fiscal del estado, Randi McGinn, quiere que la condena sea lo bastante contundente como para tener un impacto real. Sostiene que el tribunal debe hablarle a Meta ‘en el único idioma que entiende, que es el dinero, y el valor de su cotización’. McGinn confía en que la cantidad solicitada se mantenga incluso si la compañía recurre ante el Tribunal de Apelaciones. El pulso, en cualquier caso, será largo.
Meta, por su parte, pide al juez que limite la sanción a 3.450 millones. La compañía argumenta que Nuevo México no logró demostrar que ninguno de sus residentes fuera realmente engañado por sus declaraciones. El juez emitirá su decisión a lo largo de este mes de octubre.
La sanción no se mide por la cifra que finalmente se pague, sino por el precedente que deja abierto para el próximo estado que se atreva a reclamar lo mismo.
La presión que Meta ya conoce desde Bruselas
La cifra que maneja Nuevo México desborda cualquier comparación con el marco sancionador europeo, aunque la lógica es la misma. En 2023, el regulador irlandés impuso a Meta una multa récord de 1.200 millones de euros, por las transferencias de datos de usuarios europeos a Estados Unidos, la mayor sanción aplicada hasta entonces bajo el Reglamento General de Protección de Datos.
El salto de escala es abismal. Los 40.000 millones que ahora reclama el estado norteamericano equivalen a más de treinta veces aquel récord, y sitúan el debate en un terreno que Bruselas todavía no ha pisado: la multa como herramienta de disuasión estructural, no como compensación por un daño concreto. Ahí está el salto.
No es el único frente abierto. La compañía afronta causas similares en otros estados y un escrutinio creciente sobre cómo trata los datos de los menores. La resolución de Nuevo México puede marcar la pauta de los tribunales que vienen detrás.
Lo que se juega el accionista con una multa de récord
Conviene recordar que el punto débil de la defensa de Meta es la contabilidad de las infracciones. El jurado contabilizó 43 millones de vulneraciones de la ley de protección al consumidor, calculadas a partir del número de usuarios de Facebook en el estado que fueron audiencia de esos mensajes. Cada infracción tiene su propio precio, y de ahí sale la horquilla que el juez debe cerrar ahora.
Para el inversor, el problema no es solo la cifra. Una condena de este calibre activaría un debate más amplio sobre la exposición legal acumulada de la compañía en Estados Unidos, en un momento en el que el escrutinio regulatorio sobre las plataformas se ha convertido en un riesgo estructural del sector. Los analistas llevan meses incorporando esa variable a sus valoraciones, aunque ningún modelo contemplaba un escenario de 40.000 millones en un solo estado.
En Europa, la Agencia Española de Protección de Datos y sus homólogas llevan años reclamando un marco sancionador con más mordiente. El caso de Nuevo México les da argumentos: una multa que no duele en la cuenta de resultados no disuade. Bruselas ha castigado a las grandes tecnológicas bajo el GDPR, pero con topes muy inferiores a los que ahora maneja un solo estado estadounidense. La pregunta que queda abierta es si el regulador europeo se atreverá a mover ficha en la misma dirección.
La decisión del juez llegará este mes. Si Meta pierde en primera instancia, la apelación está garantizada y el caso podría tardar años en resolverse. Ahí es donde la estrategia de McGinn cobra sentido: en el lenguaje del mercado, una cifra lo bastante alta como para figurar en los titulares pesa más que la probabilidad real de cobrarla.
