El Gobierno Vasco ha adjudicado 302.500 euros al primer plan de vivienda en Euskadi, que ordenará los PGOU de los 252 municipios.
Qué cambia con el primer plan territorial sectorial
La contratación, recogida en el portal de transparencia del Ejecutivo autonómico, se firmó en agosto y se extiende a lo largo de tres años. La elaboración recae en el experto Iñigo Peñalba, después de que quedaran descartadas las propuestas de los estudios de arquitectura Ezquiaga y Usandizaga. El propio Departamento de Vivienda justificó la externalización con un informe en el que aludía a una ‘insuficiencia de medios’ personales y materiales para asumir la tarea.
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, presentó la iniciativa durante un viaje institucional a Viena y ha anunciado una comparecencia en el Parlamento Vasco para el próximo mes de noviembre. El Ejecutivo aspira a contar al menos con la aprobación inicial dentro de esta legislatura, que concluye en la primavera de 2028, si bien la aprobación definitiva no se espera, según el propio Departamento, hasta ‘en torno a 2030’.
La fórmula ya funciona en Cataluña, comunidad que dispone de un instrumento equivalente para ordenar el suelo con criterios supramunicipales. El Departamento sostiene que el plan ‘no corrige el rumbo de cuarenta años de política vasca de vivienda’, sino que le aporta ‘la dimensión territorial que necesita para seguir creciendo’, y lo define como el mapa que fija ‘prioridades, plazos y responsabilidades’.
El documento parte de una capacidad de suelo que el Ejecutivo cifra en 160.000 viviendas, de las que 75.000 serían protegidas. Desde 1983 se han promovido más de 108.000 viviendas protegidas en Euskadi, según los datos que maneja el propio Departamento.
El plan fija la capacidad de suelo en 160.000 viviendas, la mitad protegidas, y aspira a la aprobación inicial antes de 2028 y a la definitiva hacia 2030.
El encaje con los ayuntamientos y las posiciones de cada actor
Itxaso ha defendido que el decreto debe tener cierta ‘coerción’ sobre las instituciones municipales, palabra que ha empleado de forma expresa, porque en Bilbao o Donostia los problemas de suelo y construcción trascienden los límites del término municipal. El consejero ha hablado de un ‘salto de escala’ y de una ‘visión metropolitana’, y ha comprometido diálogo con Eudel, la asociación de municipios, y con las diputaciones forales.
El propio consejero ha reconocido que este cambio de paradigma, con más competencias de Urbanismo para el Gobierno Vasco, ‘seguramente va a tensar las costuras del país. No obstante, ha defendido que los planes urbanísticos ‘tendrán que asumir lo que diga el PTS’ igual que ya asumen los planes de transportes o de infraestructuras energéticas.
En paralelo, Itxaso ha tendido la mano a EH Bildu, la fuerza con mayor implantación municipalista, al señalar que el plan ‘da cabida incluso a esas 30.000 viviendas’ que plantea la coalición. Ha añadido que la herramienta ‘nos va a poner a todos frente al espejo’, dirigiéndose a los alcaldes de los 252 municipios vascos.
El precedente del parque protegido y la comparativa con España
El diagnóstico que acompaña al plan constata una brecha entre las viviendas promovidas y las que siguen en el parque protegido. Cerca de 40.000 salieron del régimen protegido por su calificación temporal, que permitía descalificarlas y trasladarlas al mercado libre una vez cumplido el plazo; otras fuentes oficiales elevan la cifra a más de 50.000. Un decreto de 2003 fijó la calificación permanente para las nuevas promociones y la ley de vivienda autonómica de 2015 reforzó esa previsión.
A eso se suma una reforma legislativa, previsiblemente a través de una disposición en los presupuestos de 2027, para que los pisos anteriores a 2023 situados en zonas tensionadas tampoco puedan privatizarse. En la comparativa estatal, Euskadi registra un 26,9% de viviendas terminadas protegidas desde 2016, frente al 11,4% de media española, y 17,76 viviendas de titularidad pública por cada 1.000 habitantes, por 5,25 en el conjunto del país.
El plan se marca elevar el alquiler social del 3,40% actual al 5% en 2036. La lista de demandantes de Etxebide supera ya los 110.000 inscritos y la emergencia habitacional figura como primera preocupación ciudadana en las encuestas, con un 57%. Los precios del alquiler han subido 24 puntos más que el IPC en una década, hasta 42 en el caso de Álava.
Como referencia inmediata figura el plan territorial sectorial de energías renovables, anunciado en 2019 y con la aprobación definitiva aún pendiente, un calendario que ahora afronta Vivienda. El hito más próximo será la comparecencia de Itxaso en el Parlamento Vasco en noviembre para detallar el contenido del primer plan territorial de vivienda de Euskadi.
