EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, declara ante la Audiencia Nacional que trasladó a su superior la preocupación del CNI por una entrada masiva.
- ¿Quién está detrás? El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que respaldan la exigencia del PP de una comisión de investigación en el Senado.
- ¿Qué impacto tiene? La instrucción de la juez María Tardón tensiona la posición del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Moncloa por la gestión de la crisis migratoria de finales de julio.
El PP exige una comisión de investigación en el Senado sobre la entrada masiva en Ceuta del 30 de julio. La declaración de este jueves del exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, ante la Audiencia Nacional ha rearmado la ofensiva popular contra Moncloa y contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El aviso del CNI que el Gobierno no atendió
Sanz compareció como testigo ante la juez María Tardón, obligado a decir la verdad, y sostuvo que él mismo advirtió a su entonces superior, el delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano, de la inquietud del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por una posible entrada masiva.
El exjefe de Gabinete desgranó un relato que la instrucción venía anticipando: acudió en su propia moto a la playa de El Tarajal, vio la ‘pasividad’ de los gendarmes marroquíes mientras la masa cruzaba la frontera y, al término del interrogatorio, aceptó aportar los mensajes que aún conservaba en su teléfono móvil.
Un informe policial solicitado por la propia juez ya desveló que gendarmes y agentes de paisano de Marruecos colaboraron en el guiado activo de la masa hacia la ciudad autónoma. Más de 70.000 personas cruzaron la frontera, según los datos que maneja la causa, en un episodio que la instrucción mantiene abierto.
Tardón ha reclamado a multitud de organismos oficiales el listado de alertas recibidas y emitidas en los días previos. También investiga quién financió y organizó la movilización —parte de los inmigrantes fueron conducidos en autobuses hasta la zona fronteriza— y quiénes fueron los gendarmes que la guiaron. El foco judicial apunta a la cadena de mando y a la información que manejó el Gobierno.
El origen del pulso se sitúa el 9 de septiembre, cuando el Gobierno central desclasificó varios documentos relativos a la crisis. Uno de ellos, un chat de WhatsApp del 29 de julio, constataba que un agente del CNI avisó a Sanz de una posible entrada masiva. Pérez Triano negó en rueda de prensa haber recibido esa alerta y, horas después, Sanz dimitió entre reproches a su hasta entonces jefe.
No es un expediente cualquiera: la comisión que reclama el PP obligaría a Moncloa a explicar por escrito qué sabía el CNI y cuándo lo supo.
Vivas y Moreno ratifican la ofensiva: diez llamadas sin respuesta
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, compareció como testigo el pasado miércoles. El dirigente del PP sostuvo que entre el 27 y el 30 de julio trató de ponerse en en contacto hasta diez veces con el gabinete de Presidencia del Gobierno y que solo obtuvo respuesta en tres ocasiones. Las llamadas fueron al jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio.
En la misma instrucción, el jefe de la Policía Local de Ceuta Sebastián Vega declaró por videoconferencia que nunca tuvo información previa que apuntase a una entrada masiva. Un contraste que el PP subraya: la ciudad que iba a recibir el golpe no fue avisada, mientras el CNI sí alertó al gabinete del delegado.
En esa contradicción se apoya la ofensiva popular. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ratificado la posición de Génova y reclama que el Senado constituya una comisión que aclare la cadena de alertas. Desde su entorno se subraya que no cabe despachar con un encogimiento de hombros una crisis que golpeó a la frontera más sensible del país.
El Eje del Poder Popular
En Génova 13 no hay prisa por cerrar el episodio. La dirección nacional entiende que la instrucción judicial y la mayoría absoluta del PP en el Senado le otorgan una palanca doble: presión política y control parlamentario. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ultima la solicitud de comisión de investigación.
La lectura territorial refuerza el movimiento. Ceuta es la puerta sur de Europa y su presidente, del PP, es el primer interesado en que se aclare qué sabía el Gobierno. Andalucía, con Moreno al frente, comparte frontera con Marruecos y viene reclamando desde hace meses un refuerzo de la vigilancia en el Estrecho. Las once comunidades y las dos ciudades autónomas con gobierno popular comparten interés por fijar doctrina.
El precedente pesa. Cuando el PP ha controlado el Senado, ha utilizado la Cámara territorial como contrapeso del Gobierno central en materia de seguridad y fronteras. La comisión de investigación exige mayoría del Pleno y, una vez constituida, obliga a comparecer a altos cargos, a aportar documentación y a emitir conclusiones. Es el instrumento más potente que tiene la oposición cuando no puede tumbar una ley.
El flanco débil del adversario está a la vista. El propio Ejecutivo desclasificó el 9 de septiembre el chat del CNI que ahora complica a Pérez Triano. Cada comparecencia añade presión sobre el ministro del Interior, que hasta ahora ha respondido con un silencio que el PP califica de insostenible.
Moncloa intentará desactivar la comisión con el argumento de que la justicia ya investiga; Génova responderá que una cosa es la instrucción penal y otra la rendición de cuentas política. La próxima ventana crítica es el Pleno del Senado, donde el PP confía en formalizar la comisión.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Moncloa ocultó las alertas del CNI y el PP ofrece la única respuesta institucional con una comisión en el Senado.
- Protagonista: Juan Jesús Vivas (presidente de Ceuta) y Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía).
- Próximo hito: Constitución de la comisión de investigación en el Senado y comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska.
