EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Sección de Instrucción número 21 del Tribunal de Instancia de Madrid acumula dos procedimientos contra José Félix Tezanos por presunta prevaricación administrativa y fija la fianza del PP como acusación popular.
- ¿Quién está detrás? La magistrada Coro Monreral Huerta acepta la inhibición de la Sección 49; el partido tiene ocho días para consignar la cantidad.
- ¿Qué impacto tiene? La ofensiva judicial del PP contra el presidente del CIS avanza en un único frente, con la instrucción ya unificada.
La Justicia acumula dos causas contra Tezanos por prevaricación administrativa y fija en 6.000 euros la fianza que deberá abonar el Partido Popular para ejercer la acusación popular. La Sección de Instrucción número 21 del Tribunal de Instancia de Madrid firma la resolución que unifica dos procedimientos abiertos contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y acepta la inhibición acordada por la Sección de Instrucción número 49.
El relato de los hechos de ambos procedimientos es coincidente. Esa es la razón que esgrime la magistrada Coro Monreral Huerta para ordenar la incorporación de las diligencias previas de la Sección 49 a la causa principal. Las actuaciones quedan abiertas, según el auto, por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Conviene precisar el marco: la prevaricación administrativa castiga a la autoridad o funcionario que dicta una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. El tipo exige algo más que un error de gestión o un criterio discutible. Exige acreditar arbitrariedad y conocimiento. Es una frontera jurídica exigente, y ahí se va a dirimir el pulso.
En cuanto a la personación del PP, la juez recuerda que el ejercicio de la acción popular conlleva la prestación de una fianza y considera que 6.000 euros constituye una cantidad ‘proporcionada y equitativa’ que no impide el acceso al proceso. Los populares disponen de ocho días desde la notificación del auto para conseguirla en metálico. Ocho días. Ni uno más.
Una única instrucción y una fianza de 6.000 euros
La acción popular es una singularidad del ordenamiento español. El artículo 125 de la Constitución permite a cualquier ciudadano, y a las personas jurídicas, ejercer la acusación en un proceso penal al margen del Ministerio Fiscal. La fianza no restringe ese derecho: opera como garantía procesal ordinaria para responder de las costas si la acusación se revelara temeraria. La cifra fijada, además, está lejos de las cantidades millonarias que se han impuesto en otras causas con acusaciones populares.
La acumulación tiene una consecuencia práctica que interesa al partido. Los dos procedimientos dejan de caminar por separado: habrá una sola instrucción, un solo calendario y un único criterio sobre la admisión de diligencias. El PP comparece así en un frente unificado, con la fianza ya tasada y sin riesgo de resoluciones contradictorias entre secciones.
La acumulación no es un trámite menor: convierte dos frentes judiciales dispersos en un único pulso contra la dirección del CIS.
El siguiente movimiento es administrativo y no admite demora: consignar los 6.000 euros. A partir de ahí, la instrucción seguirá su curso y las acusaciones podrán solicitar diligencias. El relato, sin embargo, ya está escrito.
De la querella de marzo al pulso por las encuestas del CIS
La causa se enmarca en la ofensiva judicial que el PP emprendió en marzo contra el presidente del CIS. Los populares presentaron entonces una querella por un posible delito electoral en la que atribuyen al organismo una manipulación deliberada de sus encuestas para favorecer al PSOE. El escrito sostiene que el CIS sobrerrepresentó a las formaciones de izquierda en 37 de los 40 procesos electorales analizados desde 2018 y apunta a una actuación dirigida a influir en la formación de la voluntad de los electores.
Tezanos ha rechazado públicamente las acusaciones sobre su gestión y ha defendido la metodología del centro. En las últimas semanas ha mostrado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha arremetido contra el ‘mal perder’ de PP y Vox, formación que también ha dirigido sus baterías contra el organismo. El CIS sostiene que las críticas buscan desacreditar su trabajo. Dos relatos enfrentados y un mismo juzgado.
En Génova no hay prisa por celebrar nada. La dirección nacional que preside Alberto Núñez Feijóo ha convertido la fiscalización del CIS en una de sus banderas institucionales y prefiere que sean los tribunales quienes fijen el marco. La lectura interna es sencilla: si el juzgado acaba archivando, el desgaste lo absorbe la acusación; si avanza, el reproche alcanza a la Presidencia del Gobierno por la vía de de un nombramiento que el PP siempre consideró político.
El Eje del Poder Popular
Este movimiento judicial encaja en la estrategia que Génova desplegó desde el arranque de la legislatura: llevar al Congreso y al Senado el coste político de cada decisión del Gobierno y reservar los tribunales para los asuntos donde el PP aprecia un interés general afectado. No es un pleito exclusivo del partido. Vox ha llegado al mismo terreno por su cuenta, y eso obliga a la dirección nacional a marcar perfil propio: la acusación popular la firma el partido, no el grupo parlamentario, y su defensa jurídica se coordina desde los servicios jurídicos de Génova. Aquí no hay atajos.
El efecto territorial también cuenta. El CIS es el organismo cuyas encuestas alimentan cada debate autonómico y municipal, y las once comunidades gobernadas por el PP, más los grandes ayuntamientos populares, compiten cada trimestre contra un barómetro que, según los populares, sobreestima de forma sistemática a la izquierda respecto a lo que luego reflejan las urnas. Con esa sospecha sobre la mesa, la acumulación en Madrid deja de ser un asunto de despacho: es material argumental para los portavoces de Madrid, Andalucía, Galicia, la Comunidad Valenciana o Murcia.
El riesgo inmediato tiene nombre procesal: el archivo. La prevaricación administrativa es un tipo exigente y una querella no equivale a una imputación. Eso sí, el desgaste ya opera en la conversación pública, y el PP lo capitaliza con la lógica con la que combate otras decisiones del Ejecutivo: sin estridencias y con expediente en la mano. La pelota está, de momento, en el tejado de la instrucción, y el próximo hito lo marca el reloj: los ocho días de plazo para la fianza.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La fiscalización del CIS como defensa del interés general frente al uso partidista de un organismo público.
- Protagonista: José Félix Tezanos (presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas), señalado por la acusación popular del Partido Popular.
- Próximo hito: Consignación de los 6.000 euros de fianza en los ocho días siguientes a la notificación; después, la instrucción continuará en la Sección 21 de Madrid.
