La reforma laboral de Milei ha destruido 143.458 empleos registrados en Argentina y el golpe llega también a las filiales españolas. No es un pronóstico: es lo que ya muestran las estadísticas del sistema previsional del país desde que entró en vigor la ley Bases, el paquete desregulador con el que el presidente abrió su mandato en julio de 2024.
Desde entonces se perdieron 106.927 puestos de trabajo registrados en el sector privado, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La ley de modernización laboral, de 218 artículos y aprobada en marzo de 2026, añadió otros 36.531. En total, 143.458 empleos formales menos en apenas dos años.
Menos empleo registrado y más trabajo sin derechos
El número total de ocupados sube, pero lo hace por la vía de la informalidad. Entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2026, la tasa pasó del 41,4% al 45%, según la Encuesta Permanente de Hogares que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Son 574.000 ocupados informales más, en su mayoría cuentapropistas.
Javier Milei celebró el dato hablando de medio millón de nuevos trabajadores. El registro mostraba, en cambio, unos 100.000 asalariados no registrados más, sin aportes y con salarios por debajo de convenio. La tasa de asalariados apenas se movió, del 36,4% al 37,9%.
Mientras, el desempleo volvió a crecer: del 7,6% al 7,9% interanual en el segundo trimestre, siempre según el INDEC. En diciembre de 2023, cuando arrancó la gestión libertaria, estaba en el 5,7%. El empleo registrado acumula ya quince años de parálisis.
La reforma que iba a crear empleo deja 143.458 puestos formales menos y eleva la informalidad al 45%.
El presidente relativiza las cifras. En televisión sostuvo que el 7,9% de desocupación ‘no son números sustancialmente distintos’ a los de 2023 y apeló al promedio histórico argentino, del 9,8%. Ese promedio incluye la hiperinflación de finales de los ochenta y la crisis de 2001, cuando el desempleo superó el 20%.
Por qué el golpe llega a las filiales españolas
Argentina fue durante décadas destino preferente de la inversión española en América Latina. Telefónica, Santander y BBVA construyeron allí parte de su expansión regional, y con ellos llegaron aseguradoras, hoteleras, energéticas y firmas de distribución. Menos empleo formal significa menos consumo, y un peso inestable, márgenes más estrechos.
La banca es el flanco más visible. Los resultados regionales de Santander y BBVA han acusado históricamente los vaivenes del tipo de cambio argentino, y un escenario de recesión con inflación al alza tensiona la morosidad de las carteras. Para las matrices, la exposición es pequeña en el balance, pero muy volátil.
Hay un coste añadido, apenas comentado. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se pone en marcha en noviembre de 2026, se nutre de aportes obligatorios de los empleadores: el 1% de la masa salarial en las grandes compañías y el 2,5% en las pymes. Solo podrá destinarse a pagar indemnizaciones, y las empresas españolas con plantilla en el país tendrán que aportar igual que las locales. Las estimaciones oficiales hablan de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares anuales.
El fantasma de las AFJP: el precedente que España debería vigilar
Conviene recordar que Argentina ya probó algo parecido. En 1994, el menemismo sustituyó parte del sistema público de reparto por las AFJP, administradoras privadas de fondos de jubilación que canalizaban los aportes de los trabajadores hacia el mercado financiero. El sistema se desmontó en 2008 y los fondos regresaron al Estado. Ahora, el FAL recurre a la misma caja, los aportes previsionales, para financiar despidos.
El propio proyecto de Presupuesto 2027 calcula que la medida reducirá un 7% los recursos del sistema previsional, unos 2.833 millones de dólares al año. Doce diputados del PJ registraron el 2 de octubre un proyecto para derogar el fondo, y la oposición lo describe como ‘la lógica de las AFJP con otro nombre’. Patricia Bullrich, defensora de la reforma en el Senado, bromeó esta semana ante empresarios con el nombre del instrumento: ‘FAL, un nombre un poquito violento’.
Para las empresas españolas hay dos fechas en el calendario. La primera es noviembre de 2026, cuando empiecen los aportes. La segunda llega seis meses después, cuando puedan reclamarse las primeras indemnizaciones financiadas con el fondo: ya en pleno año electoral argentino. Añádase un dato más: desde el inicio de la gestión libertaria bajaron la persiana 31.342 empresas, en su mayoría pymes.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: Dos reformas laborales, la ley Bases de julio de 2024 y la de modernización de marzo de 2026, han dejado el empleo registrado argentino en mínimos.
- Datos importantes: 143.458 empleos registrados destruidos, una informalidad del 45% y un fondo público que se estrena en noviembre de 2026 con aportes del 1% al 2,5% de la masa salarial.
- Resumen: El deterioro del mercado laboral argentino estrecha el negocio de las filiales españolas y añade un coste laboral nuevo a sus plantillas en el país.
