El BNG acusa a la Xunta de Alfonso Rueda de reformar la ley universitaria para abrir la puerta a los centros privados.
De la alfombra roja al ajuste técnico: qué cambia la reforma
El diputado del BNG Daniel Castro sostiene que la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) está alfombrando el camino a la implantación de nuevas universidades privadas en la comunidad. Su argumento parte de la propuesta de reforma de la ley universitaria que el conselleiro de Educación presentó la semana pasada a los tres rectores de las universidades públicas, y que suprime el artículo 16 de la Lei 6/2013 do Sistema Universitario de Galicia (el SUG, el paraguas normativo que ordena las tres universidades públicas gallegas).
Ese artículo es el que hasta ahora obligaba a cualquier centro foráneo a pasar por la Administración autonómica: “Las universidades y centros que no pertenezcan al Sistema Universitario Galego requerirán […] la autorización de la consellería competente en materia de universidades”. Suprimirlo, según Castro, equivale a terminar con “la protección que tenía el SUG para decidir o no la implantación de universidades foráneas”.
La Consellería de Educación rechaza el diagnóstico. En un escrito remitido a los medios, el departamento que dirige Román Rodríguez asegura que los cambios son “fundamentalmente técnicos” y responden “a la necesidad de ajustar la legislación gallega, que es anterior, al marco estatal”. Sobre el artículo 16 sostiene que “son otros los apartados específicos los que regulan” la creación de universidades privadas, y remite al capítulo III, el dedicado a la adscripción de centros.
Castro no comparte esa lectura. “Esta operación demuestra un gran oscurantismo del PP. Quiere cambiar la ley por la puerta de atrás”, afirma, para “seguir beneficiando la implantación de la privada en Galicia”. El diputado recuerda la “alfombra roja” que el Gobierno gallego desplegó ante Abanca.
La reforma viajará en la ley de acompañamiento de los Orzamentos de 2027, un vehículo que permite cambiar el mapa universitario sin un debate propio en el Parlamento.
El precedente que cita el BNG es concreto. En los estertores de los mandatos de Alberto Núñez Feijóo, Abanca impulsó la primera universidad privada de la comunidad, la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), que su sucesor, Alfonso Rueda, autorizó definitivamente en agosto de 2022. Tres años después, la Xunta se desentendió de otra iniciativa, la del Cesuga, vinculado a la Universidad San Jorge de Zaragoza, que decayó tras un informe desfavorable del ministerio y la inacción del Ejecutivo autonómico.
El mapa de la privada: de la UIE al interés de la Alfonso X El Sabio
La Xunta insiste en que “en este momento no existe ninguna solicitud de apertura de una universidad privada en el Sistema Universitario de Galicia”. Y añade un argumento de jerarquía normativa: existe una “normativa estatal exhaustiva” que prevalece sobre la gallega, reformada en varias ocasiones por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez para endurecer los requisitos de apertura de nuevos centros privados.
El contexto, sin embargo, invita a pensar en movimientos a medio plazo. La prensa gallega publicó en mayo el interés de la Universidad Alfonso X El Sabio —propiedad del fondo británico de capital riesgo Cinven, también dueño de Burger King en España— por adquirir el Cesuga, que intentó transformarse en universidad el año pasado. Fuentes del sector público confirman ese interés e incluso aventuran que el objetivo serían grados del ámbito sanitario, con demanda alta y plazas limitadas en las públicas.
Abanca, mientras tanto, ya tiene su propia hoja de ruta. La universidad que impulsó tramita un grado de Derecho con luz verde de la Xunta y con la oposición de las facultades públicas, que rechazan que se impartan titulaciones ya cubiertas por el sistema público. El calendario también juega.
La vía elegida tampoco rebaja la temperatura política. La reforma no llegará como ley propia, sino dentro de la ley de acompañamiento de los Orzamentos de 2027, un texto ómnibus que el PPdeG (el Partido Popular de Galicia, en el Gobierno autonómico con mayorías absolutas desde 2009) puede aprobar en el Parlamento de Galicia (la cámara unicameral gallega, con 75 deputados) sin abrir un debate específico sobre el modelo universitario.
El Laboratorio Gallego
El PPdeG lleva años convirtiendo Galicia en un banco de pruebas. La ley universitaria vigente, la Lei 6/2013, se aprobó bajo los gobiernos de Feijóo; ahora Rueda la retoca por la vía presupuestaria. El BNG (o Bloque Nacionalista Galego, el partido nacionalista gallego y primera fuerza de la oposición) ha hecho de la educación superior uno de sus escaparates, mientras el PSdeG (la federación gallega del PSOE) mantiene un perfil bajo en este asunto. Sin una oposición que fuerce el debate, el trámite se decidirá en los despachos.
La dimensión nacional es difícil de esquivar. La primera universidad privada gallega nació en la etapa final de Feijóo al frente de la Xunta y su sucesor la remató en agosto de 2022. Si la reforma sale adelante, el PPdeG habrá completado el ciclo normativo que el sector privado necesitaba para consolidarse, y lo hará sin una ley específica y sin debate parlamentario propio. Feijóo no ha hecho de este asunto una bandera en Madrid, pero el precedente queda ahí: lo que Galicia aprueba tiende a aparecer después en el discurso universitario del PP nacional. La Xunta, además, reforma la norma mientras alega que la legislación de Sánchez es la que manda, una contradicción que el BNG explotará en cada comparecencia.
Quedan dos incógnitas. La primera, si el PPdeG mantiene la supresión del artículo 16 en el texto que llegue al Parlamento, porque los proyectos de acompañamiento cambian entre el anteproyecto y el dictamen. La segunda, si alguna de las tres universidades públicas recurre ante el TSXG (el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el máximo órgano judicial autonómico) o si la autorización de nuevos centros choca con la normativa estatal. Cuando el texto se publique en el DOG (el Diario Oficial de Galicia) se sabrá si la puerta se abre de par en par o solo se entorna. Los Orzamentos de 2027 marcan el reloj.
Ficha del Caso
- El caso: El BNG denuncia que la Xunta reforma la ley universitaria para facilitar la entrada de centros privados en Galicia. Educación lo niega y habla de ajustes técnicos.
- Datos importantes: Se suprime el artículo 16 de la Lei 6/2013 do SUG. La vía es la ley de acompañamiento de los Orzamentos de 2027. La primera universidad privada gallega, la UIE, se autorizó en agosto de 2022.
- Resumen: La pugna por el mapa universitario gallego se traslada al trámite presupuestario, con Abanca y el fondo Cinven en el foco y la mirada puesta en el marco estatal.
