La ampliación de la UE vuelve a pincharse y Ucrania se queda sin 2027. Albania rompe el silencio diplomático para acusar a Bruselas de vender a Kiev una promesa imposible.
El primer ministro albanés, Edi Rama, lo dijo sin anestesia en una entrevista con el diario alemán Die Welt: ‘Lo que se le promete a Ucrania es una mentira’. Y añadió el diagnóstico que en Bruselas ha sentado peor: por la vía de la adhesión ordinaria, cumpliendo todos los criterios, Kiev ‘nunca será admitida’.
Lo que Rama dijo en ‘Die Welt’ y por qué Bruselas no puede desmentirlo
Rama no es un euroescéptico de manual. Su país lleva más de una década llamando a la puerta del club y ha visto cómo cada promesa de adhesión se aplazaba al siguiente mandato. Su tesis incomoda porque no señala la voluntad política, sino el mecanismo: el sistema de adhesión por capítulos, sujeto a la unanimidad de los Veintisiete —un solo Estado miembro puede bloquear cualquier avance—, hace materialmente imposible que un país en guerra complete el expediente en los plazos que la propia Comisión Europea aireó.
Los datos avalan su escepticismo. Kiev solicitó la membresía en febrero de 2022, cuatro días después del inicio de la invasión rusa, y obtuvo el estatus de candidato en junio de ese mismo año, un ritmo que los Balcanes Occidentales nunca conocieron. Las negociaciones se abrieron formalmente en junio de 2024. Un año después, en junio de 2025, Hungría bloqueó su avance. Desde entonces el expediente está congelado: Ucrania avanza con lentitud en las reformas fiscal y judicial y en la protección de las minorías, requisitos que Bruselas considera indispensables para abrir nuevas fases.
Albania comparte lista con otros ocho candidatos oficiales: Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Turquía y la propia Ucrania. Ninguno ha entrado. Todos han escuchado promesas parecidas. Y todos han aprendido que, en el lenguaje de Bruselas, ‘perspectiva europea’ no es lo mismo que fecha de entrada. La película ya la hemos visto.
El tapón de Budapest y la reforma institucional que nadie quiere abrir
El atasco ucraniano tiene nombre propio y capital: Budapest. Viktor Orbán ha convertido el expediente de Kiev en moneda de cambio para negociar con Bruselas los fondos retenidos por el mecanismo de condicionalidad, la herramienta que permite congelar dinero europeo a un Estado miembro que vulnera el Estado de Derecho. Pero no es el único tapón. Las disputas políticas con Varsovia, más centradas en el grano y en la memoria histórica, también frenan la apertura de nuevos capítulos.
Mientras la adhesión exija unanimidad, el calendario de Kiev no lo decidirá Kiev: lo decidirá quien tenga algo que cobrar en Budapest.
Por eso Rama pidió algo que Bruselas lleva años esquivando: eliminar el derecho de veto dentro del bloque. A su juicio, que un solo socio pueda frenar una decisión colectiva, mantiene estancada la acción comunitaria y somete cada avance a la agenda interna de un país. Comparó la deriva institucional de la UE con el Titanic, un buque que naufragó pese a su aparente solidez. La metáfora apunta a un organismo que se percibe indestructible mientras acumula decisiones aplazadas.
El Eje del Poder Europeo
La ampliación ha dejado de ser una política de vecindad para convertirse en un pulso entre ejes. El eje franco-alemán llega dividido: Berlín defendió durante años la entrada de Ucrania como gesto geopolítico, pero la factura y la reforma interna del club han enfriado su entusiasmo; París, más pendiente de la autonomía estratégica y de la refundación institucional, condiciona cualquier paso a un replanteo de las reglas de voto. Los frugales del norte —Países Bajos, Dinamarca, Austria, Suecia y Finlandia— miran cada nuevo socio como un coste neto al presupuesto común. Los del sur, con España e Italia a la cabeza, empujan en sentido contrario, sobre todo con los Balcanes Occidentales. Roma juega en dos tableros: quiere ampliación como contrapeso al eje franco-alemán, pero teme que el próximo Marco Financiero Plurianual recorte los fondos de cohesión que hoy recibe. Y Visegrado juega a la contra: Budapest bloquea y Varsovia contemporiza.
Para España, el asunto no es abstracto. Moncloa ha sido uno de los gobiernos más activos en defender la ampliación a los Balcanes, una prioridad que situó en el centro de su presidencia europea de 2023. Un ingreso ucraniano tendría doble filo: reforzaría la posición de Kiev frente a Moscú, pero redirigiría fondos de la PAC y de la política de cohesión —de los que España es beneficiaria neta— hacia un país de enorme peso agrario. Ninguna capital quiere decirlo en voz alta, pero el reparto de fondos pesa tanto como el argumento geopolítico. Ese equilibrio, y no la retórica, es lo que se negocia en los pasillos del Justus Lipsius.
La lectura a cinco o diez años es incómoda. Sin reforma de los Tratados —mayoría cualificada en lugar de unanimidad en política exterior y ampliación—, cada nuevo socio multiplica el riesgo de bloqueo. Si la UE no se atreve con esa reforma, la promesa a Ucrania seguirá siendo papel mojado y el mensaje que enviará a los Balcanes, a Moldavia y a Georgia será idéntico: la puerta existe, pero gira sobre goznes que un solo país puede atrancar. La próxima cumbre del Consejo Europeo y el paquete anual de ampliación que la Comisión publica este otoño serán la primera prueba de si Bruselas pasa de las palabras a los capítulos.
