EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Federación de ampas de Gran Canaria Fapa Galdós ha superado las 6.000 firmas y exige una auditoría urgente y un plan de choque con presupuesto regional contra el calor en las aulas.
- ¿Quién está detrás? Las familias de los centros públicos, el sindicato STEC-IC, que pide dimisiones en la Consejería de Educación, y ANPE. La Consejería la dirige Poli Suárez, del PP.
- ¿Qué impacto tiene? Hay aulas con 40 grados, parte del alumnado ha pasado a clase online y las familias costean fuentes de agua, ventiladores y climatización.
Las ampas de Gran Canaria han convertido el calor en las aulas en un pulso abierto con la Consejería de Educación. La federación Fapa Galdós ha superado ya las 6.000 firmas y exige una auditoría urgente con presupuesto regional.
Seis mil firmas y una auditoría que nadie ha encargado
La recogida de firmas tuvo un detonante concreto: la decisión de la Consejería de derivar a los centros la responsabilidad de de gestionar las altas temperaturas. Es ‘la gota que colmó el vaso’, resume el portavoz de la federación, Sergio de la Fe, para quien los colegios están ‘infrafinanciados’ y las familias ‘están pagando hasta los folios’.
Las familias no solo firman. También compran. Según de la Fe, son las ampas las que costean las fuentes de agua instaladas en los centros, ‘porque los colegios y los institutos no están preparados para dar agua al alumnado’. A eso se suma el material de climatización que llega de casa y que en muchos casos no se puede ni enchufar. Los centros no soportan la demanda eléctrica de tanta climatización.
El movimiento ya tiene episodios en la calle. La asociación del IES El Doctoral, en Santa Lucía de Tirajana, convocó una concentración a las puertas del centro con profesorado y alumnado. ‘Esto es inhumano’, alertaba una alumna durante la protesta.
Canarias arrancó el curso con dos olas de calor antes de que terminara septiembre, según recuerda el sindicato ANPE. Un plan hasta 2034 no enfría las aulas de hoy.
En Canarias el calor ya no es una anécdota meteorológica: es una condición estructural del curso escolar que las familias pagan de su bolsillo.
Cuarenta grados en el aula y la respuesta de la Consejería
El sindicato STEC-IC ha llevado el asunto más lejos. Su portavoz, Gerardo Rodríguez, califica de ‘absolutamente inconcebible’ el estado de los colegios en un archipiélago donde las olas de calor son ‘cada vez más recurrentes’. Rodríguez añade un factor que el protocolo ignora: las calimas.
Con determinadas temperaturas, unos centros pueden cerrar y pasar a la modalidad online mientras otros, ‘en la misma acera’, siguen abiertos. En algunas aulas se han registrado 40 grados, una cifra que empeora por las ratios y por edificios con efecto invernadero. Hay clases que funcionan como un invernadero.
STEC-IC ha denunciado ante la Inspección de Trabajo el cumplimiento de las obligaciones preventivas de la Administración y ha pedido dimisiones en la Consejería. ANPE reclama ‘medidas urgentes’ y avisa de que el calor en las aulas es ya ‘un problema de primer orden’.
La Consejería de Educación, que dirige Poli Suárez, sostiene que el trabajo viene de lejos. De casi 900 centros, afirma haber intervenido en 300 con más de 30 millones de euros: 426 espacios de sombra, un centenar de proyectos de naturalización, medio centenar de instalaciones fotovoltaicas, y 240 sensores de temperatura en 120 centros. Dos de cada tres centros siguen sin intervención declarada.
La lectura de las familias es otra: la ley obliga a destinar el 5% del PIB a Educación, un umbral que el Consejo Escolar de Canarias sigue reclamando, y el curso arrancó con ‘muchos profesores pendientes de nombrar’.
El Pulso Territorial
Canarias gobierna desde 2023 con una coalición de Coalición Canaria y el PP. Fernando Clavijo ocupa la Presidencia del Gobierno autonómico y Poli Suárez está al frente de la Consejería de Educación, de modo que la protesta golpea a los dos socios del ejecutivo. La comunidad arrastra un problema de infrafinanciación educativa que el Consejo Escolar de Canarias viene señalando y el 5% del PIB sigue siendo la vara de medir.
La dimensión se mide con una proporción incómoda: 300 centros intervenidos sobre casi 900, dentro de un plan que se extiende hasta 2034. Ocho años de calendario frente a olas de calor cada curso. La denuncia ante la Inspección de Trabajo abre, además, un frente laboral que no se cierra con presupuesto.
El calendario manda. Las elecciones autonómicas de mayo de 2027 marcan el horizonte y el proyecto de presupuestos de 2027 tendrá que pasar por el Parlamento de Canarias este otoño, con la partida educativa entre los puntos calientes. Las ampas mantienen abierta la recogida de firmas y exigen una auditoría que, por ahora, la Consejería no ha encargado.
Ficha Autonómica
- El caso: Las ampas de Gran Canaria superan las 6.000 firmas para exigir una auditoría urgente y un plan de choque con presupuesto regional contra el calor en las aulas.
- Datos importantes: Más de 30 millones invertidos en 300 de casi 900 centros; 426 espacios de sombra; 240 sensores en 120 centros; aulas con 40 grados; denuncia de STEC-IC ante Inspección de Trabajo y petición de dimisiones.
- Resumen: La Consejería defiende su plan hasta 2034 y los sindicatos lo consideran insuficiente. Las firmas siguen abiertas y no hay fecha para la auditoría exigida.
