La comisión judicial de Vigo ejecuta una media de cuatro desahucios a la semana, la mayoría por impago del alquiler. Los funcionarios que los llevan a cabo sostienen que casi todos se cierran sin incidentes.
Cuatro lanzamientos semanales en la Cidade da Xustiza
Al frente de ese servicio está Fernando Varela, letrado de la Administración de los servicios comunes procesales, la oficina que antes se llamaba de notificaciones. Es quien coordina los equipos que acuden a las viviendas con la propiedad o su representación legal. «La situación más habitual es que cuando acudimos a la vivienda esta ya esté vacía», explica Varela.
No siempre ocurre así. Cuando la comisión llega a una casa y encuentra una situación de vulnerabilidad extrema, los funcionarios pueden paralizar el lanzamiento e informar al juzgado. Varela recuerda que la orden solo llega después de que el juez haya revisado si concurre esa circunstancia.
El precedente más citado en la oficina es el del asentamiento chabolista de O Caramuxo y, más recientemente, el de las infraviviendas levantadas junto a la propia Cidade da Xustiza. Aquel desalojo se pospuso para dar margen a la familia a encontrar dónde dejar sus pertenencias. «No es un trabajo agradable, pero tratamos de hacerlo de la forma menos perjudicial», añade el letrado.
La comisión suele estar formada por dos funcionarios —un auxilio y un gestor— que acuden al inmueble acompañados por el dueño o su procurador. Si hay negativa a marcharse o presión vecinal, se avisa a la Policía y, si los medios movilizados no garantizan la seguridad, el desahucio puede llegar a paralizarse. Pasa de vez en cuando en Vigo.
Vigo ejecuta cada semana desahucios que ordena la justicia y que la política de vivienda no ha logrado evitar.
Un 30% menos de órdenes y el mismo déficit de alquiler
Esta misma semana, una de las funcionarias tuvo que avisar a la Policía. El inquilino que debía abandonar el inmueble había subarrendado habitaciones de forma ilegal y se negaba a marcharse. «Se puso algo nerviosa, pero, finalmente todo se resolvió sin problemas», relata la trabajadora judicial. El déficit de alquiler empuja a soluciones de fortuna.
Pese a todo, el número de órdenes de desahucio ha bajado en la ciudad. Al inicio de este año era un 30% menor que en 2025, según los registros del servicio. Menos procedimientos no implican menos presión: implican que el problema se desplaza hacia otros circuitos, como las habitaciones compartidas o los alquileres irregulares.
El caso de Maricarmen en Madrid, que desató un movimiento social por la vivienda, colocó los lanzamientos en el centro del debate nacional. En Vigo, quienes los ejecutan sostienen que su realidad es otra: no hay grandes fondos detrás ni inmobiliarias operando en bloque. Eso no elimina la tensión de fondo.
El Laboratorio Gallego
Galicia gestiona sus propias competencias de vivienda a través de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela), mientras el Parlamento de Galicia (la cámara unicameral de 75 deputados) ha debatido en los últimos años distintas medidas sobre alquiler y desahucios.
El PPdeG, que gobierna con mayoría absoluta, defiende la ejecución judicial como garantía de la propiedad. El PSdeG reclama reforzar la vivienda pública y más recursos para los casos de vulnerabilidad.
El BNG, primera fuerza de la oposición, pide mayor protección para los inquilinos y ha llevado la vivienda al centro de su agenda parlamentaria.
La lectura nacional es clara. La vivienda se ha convertido en el eje donde se mide la distancia entre modelos de gestión. Lo que en Vigo se resuelve en la puerta de un juzgado, en Madrid se discute en el Congreso. Galicia no es ajena a esa pugna, y la estadística de lanzamientos (ejecuciones de desalojo) funciona como termómetro de un déficit de alquiler que ninguna administración ha logrado cerrar. El precedente de O Caramuxo, donde el desalojo se aplazó por la situación de las familias, ilustra hasta qué punto el criterio institucional pesa tanto como la norma.
La incógnita está en si la tendencia a la baja de las órdenes se sostiene o si solo refleja que los procedimientos se alargan. El servicio de la Cidade da Xustiza seguirá marcando el paso mientras el debate político busca soluciones que, de momento, llegan tarde a la última puerta del sistema.
Ficha del Caso
- El caso: La comisión judicial de Vigo ejecuta una media de cuatro desahucios semanales, en su mayoría por impago del alquiler, desde los servicios comunes procesales de la Cidade da Xustiza.
- Datos importantes: Cuatro lanzamientos a la semana; descenso del 30% en las órdenes al inicio de este año frente a 2025; suspensión de casos de vulnerabilidad extrema.
- Resumen: Los juzgados vigueses actúan como última puerta de una crisis de vivienda que es ya un eje del debate nacional, con Galicia como termómetro de un déficit de alquiler sin resolver.
