La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón aprecia ya indicios contra altos cargos por la entrada masiva en Ceuta. La magistrada ha ordenado reforzar la reserva absoluta de las diligencias y ha prohibido a los investigadores que informen a sus superiores sobre el desarrollo del caso.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La jueza María Tardón aprecia indicios de la posible implicación de altos cargos públicos en la investigación sobre la entrada masiva en Ceuta.
- ¿Dónde y cuándo? En la Audiencia Nacional, mediante un auto dictado el martes 29 de septiembre de 2026.
- ¿Qué resultado? Los informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil pasan a tramitarse bajo secreto, igual que el análisis financiero de la Udef y la UCO, y sus autores dependerán solo del juzgado y de la Fiscalía.
El auto se dictó antes de que la jueza tomara declaración al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y al ex jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz. En él, la instructora subraya que «de las diligencias practicadas hasta el momento se desprenden, ya, algunos indicios de la posible implicación de personas que pudieran ejercer altas responsabilidades en instituciones públicas, así como la existencia de relaciones con individuos vinculados a gobiernos extranjeros».
Indicios contra altos cargos y riesgo de injerencia externa
Esa circunstancia, añade la resolución, «incrementa el riesgo de interferencias externas». Por ese motivo, la jueza considera que concurren «sobradamente» las circunstancias que justifican un régimen reforzado de dependencia funcional y de absoluta reserva sobre las diligencias que el 16 de septiembre encomendó a una treintena de instancias policiales y de inteligencia.
Secreto sobre los informes clave y blindaje de los investigadores
La consecuencia es doble. Por un lado, pasan a tramitarse bajo secreto los informes encomendados a la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI para identificar a los agentes marroquíes que pudieron coordinar lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
Por otro, queda igualmente reservado el encargo a la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) y a la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) para localizar la posible financiación de la operación.
El auto añade una prohibición expresa a los investigadores: deberán comunicar la información obtenida «al órgano judicial y al Ministerio Fiscal con carácter exclusivo» y abstenerse de informar «a otras unidades, órganos o autoridades ajenos a las diligencias, incluidos sus superiores orgánicos». Si precisan trasladar alguna cuestión a sus mandos, tendrán que pedir un permiso específico al juzgado.
El auto blinda la dependencia funcional de la Policía Nacional y la Guardia Civil respecto del juzgado para garantizar la integridad de las diligencias.
La resolución se apoya en el articulo 126 de la Constitución, según el cual «la policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito». La jueza ha cerrado ya las tres únicas declaraciones que había fijado: Vivas, Sanz y el jefe de la Policía Local.
El contexto institucional
La investigación se enmarca en la presión sostenida que soporta la frontera sur española, uno de los límites exteriores de la Unión Europea, y en la actividad de las redes que trafican con personas. El Ministerio del Interior sitúa la lucha contra estas organizaciones entre las prioridades permanentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que mantienen dispositivos reforzados en el Estrecho y en la ciudad autónoma.
En el plano europeo, la coordinación corresponde a Europol a través de su Centro Europeo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, que apoya a los cuerpos policiales de los Estados miembros en la identificación de rutas y estructuras criminales. El departamento publica cada año sus informes sobre trata de seres humanos, una tipología que mantiene bajo seguimiento permanente por su impacto en la frontera sur.
El procedimiento sigue abierto. Los testimonios ya prestados apuntan a posibles responsabilidades de varios ministerios por haber ignorado los avisos previos, y las secretarías de Estado afectadas —Interior, Política Territorial, Inmigración y Defensa— quedan dentro del perímetro de la investigación. El ex delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, aparece como posible primer investigado, aunque ninguna imputación se ha formalizado. El esclarecimiento queda en manos de las unidades que trabajan bajo dependencia funcional del juzgado.
