La ley de energía del Senado quiere impedir algo inédito en Washington: que un presidente bloquee en bloque una tecnología entera. El texto bipartidista, presentado el miércoles 30 de septiembre y bautizado como Bipartisan American Affordability and Jobs Act, impediría a cualquier administración —republicana o demócrata— paralizar los permisos de toda una categoría de proyectos, ya sea solar, eólico, geotérmico o de gas natural. Y lo haría con una amenaza muy concreta: litigios y multas.
Una clase entera de proyectos, blindada contra el próximo presidente
El mecanismo es la pieza más comentada del articulado. Según la hoja informativa de la oficina del senador demócrata por Nuevo México Martin Heinrich, ningún gobierno podría tumbar ‘todos los permisos de una categoría entera de proyectos energéticos sin enfrentarse a acciones judiciales y multas. La norma convierte la política energética en un terreno con coste judicial. En la práctica, un Ejecutivo que decida que el viento marino no vuelve a autorizarse tendrá que defenderse en los tribunales proyecto por proyecto.
La pieza más importante, según sus impulsores, no está en el permiso concedido sino en el calendario para impugnarlo. Los opositores tendrían 150 días para presentar una demanda contra un proyecto ya autorizado. Hoy disponen de seis años. ‘Ahora mismo son seis años. Piénselo’, resume Kevin Cramer, senador republicano por Dakota del Norte y miembro del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado. Su diagnóstico del litigio estratégico —el lawfare— es crudo: ‘Funciona mejor con muchos demandantes, y si todos pueden demandar, adivina qué: ni siquiera hace falta tener razón para arruinarlo todo’.
A eso se suma un paquete que llevaba dos años atascado en comisión. El texto reforma la NEPA (National Environmental Policy Act, la ley de 1970 que obliga a evaluar el impacto ambiental de toda gran infraestructura federal) y la Ley de Preservación Histórica Nacional, de modo que las revisiones ambientales y patrimoniales corran en paralelo. Los grandes tendidos eléctricos interestatales pasan a depender de un único regulador federal: la Comisión Federal de Regulación de la Energía (FERC), que gana peso frente a los estados. La Oficina de Gestión de Tierras tendría 60 días para resolver permisos de geotermia, y los centros de datos pasarían a pagar íntegramente la transmisión que necesitan en lugar de repartir ese coste entre todos los clientes.
Lo que cambia para las renovables españolas en Estados Unidos
En España, la lectura es menos abstracta de lo que parece. Iberdrola, a través de su filial estadounidense Avangrid, es uno de los mayores operadores de renovables del país, y Repsol y Acciona cuentan también con carteras solares y eólicas al otro lado del Atlántico. Un marco que impida apagar una tecnología entera reduce la prima de riesgo regulatorio que hoy descuentan los bancos. Los promotores españoles llevan años modelando en sus cuentas la posibilidad de que un cambio en la Casa Blanca se lleve por delante un permiso ya concedido.
El capítulo de los centros de datos toca de lleno a una industria, la española, que aspira a convertirse en nodo del sur de Europa. Que quien pide conexión pague la red es música conocida en Madrid y en Bruselas, donde la Comisión Europea lleva desde 2022 acortando plazos con normas de emergencia para las renovables. Hay una diferencia de fondo: Europa discute calendarios, Washington discute responsabilidad jurídica. Eso sí, el texto no garantiza que un proyecto salga adelante. ‘No asegurarían que cada proyecto se apruebe, pero harían mucho más difícil sostener una obstrucción política’, matiza Thomas Hochman, investigador de la Foundation for American Innovation. En paralelo, el Departamento del Interior ha señalado que espera trabajar con el Congreso para reforzar el dominio energético americano.
Durante medio siglo, Washington ha debatido cómo acelerar los permisos. Ahora propone multar a quien decida frenarlos en bloque.
La Lógica de Washington
El problema que la capital intenta resolver no es ideológico, sino de calendario. Construir una línea de transmisión interestatal en Estados Unidos consume hoy más tiempo en papeles que en obra: una revisión bajo la NEPA supera los 500 días de media, según los cálculos de la Pacific Legal Foundation. La coalición que sostiene el texto explica su vocación de permanencia. Shelley Moore Capito preside el comité de Medio Ambiente y Obras Públicas; Mike Lee, el de Energía y Recursos Naturales; y sus dos demócratas de mayor rango, Heinrich y Whitehouse, firman el texto. Es un acuerdo bipartidista y tecnológicamente amplio, que cubre gas natural y renovables, y por eso puede sobrevivir a un cambio de mayorías en el Capitolio.
El precedente más cercano es el intento de Joe Manchin y John Barrasso en 2024, que no logró superar el filibusterismo (el mecanismo del Senado que exige 60 votos para cerrar el debate y bloquea así la mayoría simple de 51). El más antiguo es la propia NEPA, firmada por Richard Nixon en 1970 con la misma promesa de agilizar trámites. Para España la lectura es de medio plazo: si el marco se consolida, los proyectos de compañías españolas en territorio americano ganan previsibilidad y los contratos de gas a largo plazo firmados con plantas del Golfo reducen su exposición política. El calendario legislativo es hoy el mayor riesgo para el texto. El Senado tiene que sacarlo de comisión y llevarlo al pleno antes de de que la campaña de las midterms de noviembre de 2026 congele la agenda, y la Cámara de Representantes aún no lo ha tomado en consideración. Queda una incógnita: cuánto de ese blindaje aguanta el primer tribunal que lo interprete.
Ficha del Caso
- El caso: El demócrata Martin Heinrich presentó el 30 de septiembre la Bipartisan American Affordability and Jobs Act junto a los republicanos Shelley Moore Capito y Mike Lee y el demócrata Sheldon Whitehouse.
- Datos clave: 150 días para impugnar un permiso autorizado, frente a los seis años actuales; nueva causa de acción con daños, honorarios y costes de retraso; 60 días para los permisos geotérmicos; las revisiones bajo la NEPA superan los 500 días de media.
- Para España: Iberdrola, Repsol y Acciona operan activos renovables en Estados Unidos; un marco estable reduce la prima de riesgo regulatorio, aunque su eficacia dependerá de cómo lo interpreten los tribunales federales.
