Uno de cada cinco diputados y altos cargos valencianos declara entre tres y ocho viviendas en plena crisis de alquiler. Son más de 50 personas, según el cruce de los portales de transparencia de Les Corts Valencianes —el parlamento unicameral de la Comunitat Valenciana, con 99 escaños— y de la Generalitat.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Las declaraciones patrimoniales de las Corts y la Generalitat muestran que más de 50 diputados y altos cargos poseen entre tres y ocho viviendas.
- ¿Quién está detrás? 30 de los 154 altos cargos del Consell y una veintena de diputados; el PP reúne doce de los veinte casos parlamentarios.
- ¿Qué impacto tiene? La foto llega cuando la vivienda es el epicentro del debate político y el Congreso ya ha tumbado los decretos del Gobierno sobre alquiler.
Una de cada cinco declaraciones: la foto que deja el portal de transparencia
El dato procede de las declaraciones patrimoniales que ambos organismos publican periódicamente. De los 154 altos cargos del Consell —el gobierno de la Generalitat Valenciana, equivalente autonómico del Consejo de Ministros—, 30 declaran tres o más viviendas. Es cerca de uno de cada cinco integrantes del gabinete de Juanfran Pérez Llorca.
En las Corts, la proporción se repite: una veintena de diputados supera el umbral de los tres inmuebles. El PP concentra doce de esos veinte casos, el 60%; Compromís y Vox suman tres cada uno, y el PSPV, dos.
La lectura exige cautela. Los populares son el grupo mayoritario de la Cámara, así que parte de esa sobrerrepresentación responde al peso del partido, no solo a una pauta patrimonial propia. Y un matiz cambia el sentido de casi todo: declarar una vivienda no equivale a poseerla al 100%.
Aparecen copropiedades al 50%, participaciones del 25% y casos de nuda propiedad, una figura que concede la titularidad pero no el uso del inmueble. Con todo, algunas relaciones llaman la atención. El diputado del PP Manuel Pérez Fenoll declara el 50% de siete viviendas en Alicante, una con un valor catastral de 393.110 euros.
Su compañero de grupo Javier Gutiérrez Martín suma nueve inmuebles, seis de ellos viviendas, y la socialista Laura Soler Azorín declara cinco pisos en pleno dominio. En Compromís, Joan Baldoví reconoce cuatro viviendas en Valencia, todas compartidas.
El debate no es cuántas casas se declaran, sino si quien posee tres puede regular el alquiler con la distancia que se le exige a cualquier legislador.
Del escaño a la ley: quién regula el alquiler y quién lo posee
En el Consell el patrón se repite. La secretaria autonómica de Igualdad, Asunción Quinzà, declara el 100% de siete viviendas y el 25% de una octava, mientras el director general de Tecnologías de la Información, Javier Balfagón, reparte participaciones en ocho pisos entre Valencia, Cuenca y Teruel.
El president de la Generalitat presenta una particularidad. Pérez Llorca no declara viviendas a título personal, pero sí participa en una empresa familiar que posee ocho pisos. Las participaciones en esa sociedad aparecen reflejadas en su declaración patrimonial, y el retrato cambia según se mire la titularidad directa o las propiedades de las sociedades participadas.
La foto patrimonial no flota en el vacío. La vivienda se ha convertido en el eje del choque político en Madrid y en la Comunitat Valenciana. El Congreso rechazó los dos decretos del Gobierno sobre alquiler con los votos de PP, Vox y Junts, un revés que dejó al Ejecutivo de Pedro Sánchez sin sus principales herramientas de urgencia.
En paralelo, la Generalitat ha movido su propia pieza. El anterior Consell de PP y Vox aprobó una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones y elevó el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio de 500.000 a un millón de euros. Los gobiernos de Carlos Mazón y de Pérez Llorca decidieron, además, no aplicar los ejes clave de la Ley de Vivienda estatal: la limitación de los precios del alquiler y la declaración de zonas tensionadas.
El Escenario Valenciano
El escenario valenciano aterriza sobre un Consell de PP y Vox que gobierna con mayoría y sin necesidad de pactar cada votación con la oposición. Los grupos de la izquierda —PSPV y Compromís— han convertido la vivienda en su principal ariete parlamentario, mientras Pérez Llorca trata de mantener el foco en la reconstrucción tras la DANA y en la agenda económica. La foto de las declaraciones patrimoniales les entrega, eso sí, un argumento difícil de esquivar.
En clave nacional, el episodio encaja en la estrategia del PP de combatir la Ley de Vivienda estatal desde las instituciones donde gobierna. La negativa del Congreso a los decretos, con Vox y Junts en la misma trinchera, mostró que la vivienda ha dejado de ser un asunto local para convertirse en terreno de confrontación entre el Gobierno de Sánchez y sus rivales. Ninguna comunidad autónoma escapa de ese pulso, y menos una tan poblada como la valenciana.
La proyección es clara. El debate regresará a las Corts en cuanto el Consell lleve su próximo paquete normativo sobre suelo o alquiler, y los portales de transparencia seguirán actualizando declaraciones, que cualquier ciudadano puede consultar. La pregunta que quedará sobre la mesa es sencilla: cuántas de esas viviendas están en el mercado del alquiler y a qué precio.
Ficha del Caso
- El caso: Los portales de transparencia de las Corts y la Generalitat revelan que más de 50 diputados y altos cargos valencianos declaran entre tres y ocho viviendas.
- Datos importantes: 30 de 154 altos cargos del Consell; una veintena de diputados; el 60% de los casos parlamentarios en el PP; bonificación del 99% en sucesiones y mínimo exento de patrimonio elevado a un millón de euros.
- Resumen: La fotografía patrimonial presiona al Consell de Pérez Llorca mientras la vivienda se consolida como el gran eje del debate político en Madrid y en la Comunitat Valenciana.
