El PSPV pedirá un pleno extraordinario de vivienda en les Corts para que cada grupo se retrate ante la crisis habitacional.
Lo anunció el síndic socialista, José Muñoz —portavoz del grupo parlamentario en les Corts Valencianes, el parlamento autonómico unicameral con 99 escaños—, que sitúa la vivienda como el asunto llamado a ordenar la agenda política valenciana de los próximos meses. «Ante la crisis de la vivienda en la Comunitat Valenciana y visto que el PP de Pérez Llorca ha decidido ponerse del lado de los fondos buitre y de los especuladores, desde el PSPV vamos a presentar esta solicitud de pleno extraordinario y monográfico», declaró.
Un pleno para que nadie se esconda detrás de una abstención
La convocatoria no depende solo del grupo que la pide. La solicitud tendrá que pasar por la Mesa de les Corts —el órgano de gobierno del parlamento autonómico— y por la Junta de Portavoces, que fijan el orden del día y el calendario, y ahí empieza el primer forcejeo. Los socialistas quieren un debate monográfico, sin asunto añadido y sin margen para diluir el foco. Un pleno monográfico obliga a cada grupo a dejar por escrito dónde está en precios, desahucios y grandes tenedores. Muñoz ha pedido que el debate se aborde «con serenidad», por tratarse de un asunto «absolutamente trascendental para la vida de los valencianos y valencianas».
«Queremos que cada partido político se posicione y se retrate ante una ciudadanía que no aguanta más y que exige tener derecho a techo», subrayó el síndic. El destinatario principal de ese retrato es el PP, socio mayoritario del Consell (el gobierno autonómico valenciano, el equivalente al Consejo de Ministros), al que el PSPV reprocha no aplicar los topes al alquiler que permite la legislación estatal. «Queremos escuchar la posición del Partido Popular después de ver cómo en el Congreso, una vez más, se han posicionado a favor de los especuladores», añadió.
De la ley estatal a los desahucios: las cuatro exigencias socialistas
Si el pleno sale adelante, el PSPV llevará a la tribuna cuatro demandas concretas. Primero, aplicar la ley estatal de vivienda, la norma de 2023 que habilita a las comunidades a declarar zonas de mercado residencial tensionado y a limitar los precios del alquiler. Segundo, topar esos precios de forma efectiva. Tercero, evitar y prohibir los desahucios de personas vulnerables. Y cuarto, frenar la implantación de fondos buitre en la Comunitat Valenciana. «Desde el PSPV somos claros», sentenció Muñoz al enumerarlas.
Un pleno monográfico no abarata el alquiler por sí solo, pero deja un rastro difícil de borrar: la posición pública de cada grupo y de cada diputado.
Llega en un curso político que arranca con la vivienda escalando posiciones y con la reconstrucción de la DANA todavía abierta. El Consell de Pérez Llorca, presidido desde diciembre de 2025 por el dirigente popular, ha concentrado buena parte de su acción de gobierno en esa reconstrucción, y la oposición aprovecha cada hueco para colocar el alquiler en el primer plano. El choque por la vivienda mide al PP autonómico contra el Gobierno central, y en ese terreno el PSPV se mueve con la ventaja de quien lleva meses señalando al socio mayoritario del Consell.
El Escenario Valenciano
El pacto PP-Vox que sostiene al Consell no muestra fisuras públicas en materia de vivienda, pero sí dos acentos distintos dentro del mismo bloque. Los populares prefieren hablar de seguridad jurídica, de suelo disponible y de colaboración público-privada; Vox ha convertido la crítica a la intervención del mercado en una de sus banderas. Enfrente, el PSPV y Compromís coinciden en exigir topes al alquiler, aunque cada grupo busca perfil propio de cara a las elecciones de 2027. La vivienda es hoy el asunto con más recorrido electoral de la agenda valenciana.
La dimensión nacional condiciona el debate. La ley estatal dejó en manos de las comunidades la decisión sobre los topes al alquiler. Aprobada en el Congreso de los Diputados en 2023 sin el apoyo del PP, desde entonces ha partido el mapa autonómico en dos: unas comunidades la aplican, y otras la rechazan. El Gobierno de Sánchez la reivindica como su principal herramienta contra la especulación, mientras el PP sostiene que el problema se resuelve con más oferta y menos intervención. En la Comunitat Valenciana, el PSPV sitúa la escalada del alquiler entre las causas de la emergencia habitacional que denuncia desde hace meses.
El calendario queda ahora en manos de la Mesa de les Corts y de la Junta de Portavoces, que decidirán en las próximas semanas si el pleno monográfico ve la luz y con qué fecha. El Consell, mientras, mantiene su agenda de reconstrucción y sus propios planes en materia de vivienda. La vivienda ha dejado de ser un asunto de gestión para convertirse en un terreno de confrontación, y con las autonómicas de 2027 en el horizonte cada formación sabe que este debate se graba para la campaña.
Ficha del Caso
- El caso: El PSPV registrará una solicitud de pleno extraordinario y monográfico sobre la crisis de la vivienda en les Corts Valencianes.
- Datos importantes: El síndic socialista José Muñoz exige aplicar la ley estatal de vivienda de 2023, topar el precio del alquiler, prohibir desahucios de personas vulnerables y frenar a los fondos buitre. La convocatoria depende de la Mesa y de la Junta de Portavoces.
- Resumen: La iniciativa busca que cada grupo parlamentario fije posición ante la emergencia habitacional y tensa el pulso entre el Consell de Pérez Llorca, el PP nacional y el Gobierno central.
